El organismo no solo no alcanzó la cobertura de su antecesor, el Seguro Popular, sino que operó el polémico acuerdo con la UNOPS para la compra consolidada de medicamentos, el cual provocó el enojo del propio presidente.
Un texto de Raúl Castro-Lebrija
La desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) aprobada por la Cámara de Diputados representa, en los hechos, el primer fracaso oficial del presidente en materia de salud, uno de los rubros más sensibles para la población que prometió defender.
Durante varios años, el mandatario defendió su decisión de desaparecer el Seguro Popular —planeado por Julio Frenk, secretario de Salud en los tiempos de Vicente Fox— repitiendo una y otra vez que el organismo “ni es seguro, ni es popular”.
Así pues, el 1 de enero de 2020 inició operaciones formales el Insabi como encargado de dotar servicios de salud a una población no afiliada a los institutos de seguridad social y, en la práctica, operar la compra consolidada de medicamentos de la mano de la Organización de las Naciones Unidas.
Sin embargo, en muy poco tiempos, la iniciativa presidencial comenzó a mostrar resultados muy distintos a los que seguramente imaginó López Obrador.
Primero fue su menor cobertura con respecto al Seguro Popular.
Según las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) entre 2018 y 2020, el número de mexicanos sin acceso a la seguridad social pasó de 20.1 millones a 35.6 millones.
Dicho de otra forma, la iniciativa presidencial dejó sin seguridad social a 15.6 millones de mexicanos.
El segundo dolor de cabeza presidencial vino luego de que su gobierno firmara un acuerdo de asesoría y asistencia técnica con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), de la mano del Insabi, para la compra de medicamentos.
En múltiples ocasiones, López Obrador puso como ejemplo de la enorme corrupción en el sector salud el que un grupo de empresas surtieran todos los medicamentos del país. Según las cuentas presidenciales, diez intermediarios vendían al gobierno 100,000 millones de pesos de medicamentos, algunas veces incluso adulterados,
Ahora, con la UNOPS se profesionalizaría el proceso de compra pues estaría a cargo de un organismo con la más alta credibilidad. Pero, en la práctica, la decisión presidencial generó más problemas de los que solucionó.
Solamente en la revisión de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró problemas que demandaban una explicación, como el que no se compraran claves de medicamentos prioritarios para el tratamiento de cáncer; es decir desabasto de medicamentos.
Organismos como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtieron opacidad, ya que la UNOPS no estaba obligada a transparentar sus operaciones pues no le aplicaba la legislación mexicana.
A finales de 2022, el presidente reconoció —en medio de fuertes descalificaciones— que ya se evaluaba la posibilidad de dar por terminado el convenio con la UNOPS ya que no se habían alcanzado los resultados esperados.
Y todavía fue más allá y aseguró que, para terminar con el abasto de medicamentos, era necesario firmar convenios de colaboración con India, Corea del Sur y China.
Ya en el presente año, el presidente ha señalado que ya quedó resuelto el abasto de medicamentos, que ya se han adquirido todos los requerimientos para 2023 y 2024 y que, para finales del presente año México tendrá incluso un sistema de salud mejor que el de Dinamarca.