Cada vez con más insistencia se habla en los círculos “ilustrados” de la conveniencia de anular el voto como expresión de rechazo a todos los partidos cuyas ofertas están absolutamente divorciadas del interés ciudadano.Con esa misma insistencia se pide, por otra parte, la reelección inmediata de los legisladores.
Si primero no se vota, ¿después cómo se reelige, si no se elige primero? Esto supera en absurdo al galimatías del huevo y la gallina.
El problema, desde el humilde punto de vista de este redactor, consiste no en el voto sino en el sistema electoral. La única posibilidad de EJERCER con plena vigencia el derecho constitucional de ser votado es a través de los partidos, con lo cual tenemos otro absurdo: el ya dicho derecho le corresponde no a los ciudadanos sino a los partidos, con lo cual se ofrece la paradoja siguiente: los diputados y senadores (especialmente los de “representación proporcional”) no representan a la sociedad sino a la organización política registrada a través de la cual llegan a un cargo de elección “POPULAR”, el cual deja de serlo para convertirse en personero de su partido.
En esas condiciones no hay representantes populares. Bueno, ya ni siquiera por la vía del corporativismo. Hoy todo se cuela por la criba de los partidos, empantanados (unos más, unos menos) en la disputa de sus organizaciones y corrientes internas.
Si a eso se agrega la escasa concurrencia a las urnas, calculada para este mes de julio en por lo menos 40 por ciento, tenemos la siguiente cifra obvia: cuatro de cada 10 mexicanos ni siquiera se preocupan por saber quiénes serán sus representantes. Mucho menos pensarían en proponerlos o votar por ellos. Eso nos convierte en una sociedad omisa y con notoria minoría de edad. Minoría en la representación, y minoría para evitarlo. Mala cosa.
Pero si a eso se agregan los votos anulados, entonces el problema se agudiza y se hace más honda la contradicción: como el sistema de partidos no me satisface, entonces voto en contra suya pero a favor de la nada. El voto nulo es el sufragio por el aire.
Al anular la papeleta también se anula la ciudadanía. ¿A quién le conviene esto? Exclusivamente a los partidos grandes, los cuales llevarán a sus candidatos a las cámaras (en este caso a la de Diputados) así voten nada más cuatro gatos, con lo cual el problema será de los felinos omisos, no de los digitígrados con capacidad de votar por quien sea. Ellos de todos modos ganarán y la tendrán más fácil.
Con el voto anulado no se rechaza a los partidos; se les ayuda a quitarse de en medio el molesto requisito de pasar por la opinión de los votantes. Los ciudadanos se hacen invisibles.
—Debemos expresar nuestro desacuerdo —me dijo uno de los promotores de este camelo. Los partidos deberán escuchar la voz de esta protesta.
—Pues yo no lo creo. Los partidos son fábricas de dinero e impunidad. Son el camino para los grandes negocios, son la ruta de la felicidad para los puestos de la alta burocracia. Ninguno de ellos vive de escuchar sino de aprovechar la voz ciudadana.
—¿Entonces, nos quedamos callados?
—La verdad, callados estaremos con voto o sin voto; con sufragio efectivo o con papeleta anulada. La partidocracia lleva en sí misma el germen indestructible de quien se necesita a sí mismo para cambiar y no lo hará si el cambio le significa merma en sus privilegios. Lo primero sería despojarlos del dinero público y abrir el derecho de ser votado a quienes sean postulados por ONG’s o Asociaciones Civiles y políticas, con registro o sin él. Sin dinero y sin el monopolio de la representatividad, los partidos en verdad buscarían el respaldo de los ciudadanos y perseguirían gente para adherirla a sus organizaciones.
SEGURIDAD PÚBLICA
Mañana en un clima de desconcierto y en ciertos ámbitos de indignación se celebrará la III reunión sobre Seguridad Pública en el Palacio Nacional. Estarán todos los gobernadores y los habituales convidados a escuchar los “avances” del gobierno en el cumplimiento de su acuerdo nacional por la legalidad y todo lo demás.
Será una buena oportunidad para saber cómo evoluciona la cuestión de la soberanía michoacana; la vigencia del federalismo o la entronización de los procedimientos de fusilar primero y averiguar después.
Alguien podría proponer, por ejemplo, la desaparición de la absurda y abusiva medida del arraigo. O la consignación o la libertad. Pero no la ventaja institucional.
