De un tiempo a esta parte, conforme avanza la ideología de lo “políticamente correcto” (la cual progresivamente ha imantado a todas las demás), se han escuchado muchas voces de censura contra cualquier expresión cuya vejez o discrepancia se pueda interpretar como estímulo a la violencia.
Por eso ya no se usan, nunca, aquellas antiguas expresiones para decirle negro a un afrodescendiente ni joto, lilo o puñal a un homosexual.
Esas cosas, dicen los promotores de esta nueva etiqueta, educación o racionalización respetuosa de la vida social, son promotoras de violencia, intolerancia, discriminación y todo lo demás. Son nocivas a la larga, crean una sensibilidad distorsionada, proclive a la injuria y el desprecio, pues.
Y yo estoy plenamente de acuerdo con todo esto, como también me gustaría constatar hasta dónde estas actitudes, cuyo ejercicio nos toca a todos, han contribuido a disminuir la otra violencia, la real, la cruenta, la cotidiana. Pero mucho me lo temo: ante esa realidad no han sido suficientes.
Hasta hace unos días, si se me permite esta digresión explicativa o al menos interpretativa, las noticias relacionadas con el aumento de la violencia en México se consideraban fuego (amigo o enemigo; lo mismo duele o al menos lo mismo daña) contra el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, pues en el combate interno y externo por las candidaturas presidenciales, hablar de violencia era señalar sus febles logros. O sus escasos resultados, para ser más preciso.
Hoy ya no existe esa interpretación pues los dados ya cayeron sobre lo verde del tapete en el casino de Los Pinos.
Ahora estas cifras pueden ser vistas ya sin el añadido sospechoso de ser parte de un trabajo sucio contra el secretario Osorio. Finalmente la obra puerca la hacen los delincuentes y el Estado no logra contenerlos, ni siquiera lo hará cuando los enjundiosos diputados, diez años tarde, emitan el dictamen respectivo sobre una Ley de Seguridad Nacional, cuyo objetivo central para darle al Ejército un margen jurídico para seguir actuando con las manos atadas, no resolverá tampoco nada.
Pero las violaciones a la ley (ese es el origen de la violencia, pues si la ley se respeta hay derecho, no fuerza), se quieren conjurar con otra ley y de una en otra vamos llenando el anaquel de las palabras muertas, las líneas sin sentido, la biblioteca jurídica del ocio.
Pero la realidad, al menos la parte de ella cuyas dimensiones miden los ciudadanos interesados en vigilar al Gobierno (para después pedirle favores, mercedes y Mercedes) son francamente aterradoras. Y como se basan en datos oficiales y por tanto creíbles o al menos verosímiles, vale la pena reproducirlas. Si no todas, algunas de ellas.
“Los datos de carpetas de investigación –que corresponden apenas al 7% del total de delitos cometidos, dado que excluye todos los ilícitos no denunciados o no investigados, presentan la evidencia de la debacle que ha sido, por lo menos en los últimos años, el combate a la incidencia delictiva.
“El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) actualizó la información de incidencia delictiva hasta octubre de 2017 y, lamentablemente, el agregado nacional muestra que suben prácticamente todos los delitos. Sin embargo, sobresale lo que sucede alrededor del homicidio doloso, el robo con violencia, a negocio y transeúnte pues estos presentaron los mayores crecimientos.
“En particular, el dato que fue usado como referencia para que esta administración federal pudiese demostrar que, pese a lo malo, no lo estaba haciendo tan mal como la pasada administración, ya fue superado. Si analizamos los 10 primeros meses de 2017 contra el mismo periodo de todos los años hasta 1997, podemos observar que el presente año tiene la mayor tasa de homicidio doloso en la historia reciente de México. En los primeros 10 meses del año, la tasa de homicidio doloso fue de 16.9 por cada 100 mil habitantes, cuando la de 2011 fue de 16.7. Para comprenderlo de mejor manera, este dato corresponde a por lo menos 23 mil 968 personas privadas de la vida.
“Asimismo sobresale que el periodo que va de enero a octubre de 2017 comparado contra el mismo lapso del año anterior muestra que creció 22.4% el homicidio doloso; 3.4%, el homicidio culposo; 3.8%, el secuestro del fuero común; 11.3%, la extorsión; 36.7%, el robo total con violencia; 31.7%, el robo a negocio; 15.2%, el robo de vehículo; 1.4%, el robo a casa habitación; y, 29.9%, el robo a transeúnte. De los diez delitos de alto impacto que en el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) analizamos mensualmente, solo la violación disminuyó 1.4%.
“Una mirada más atenta hacia los procesos locales muestra que esta debacle se transforma en una situación inaceptable para la calidad de vida de los ciudadanos en las entidades federativas. La suma del agregado nacional de delitos evidencia las condiciones de franco fracaso en relación con el combate de la delincuencia tradicional y organizada en el ámbito local. Simplemente basta observar que 17 entidades ocupan los primeros cinco lugares de los delitos de alto impacto y en la mayor parte del país se, aprecia un crecimiento marcado de su incidencia…”
Avanzamos contra la violencia verbal; perdemos frente a la violencia real.
