Cuando uno de esos sindicatos de información llamado “Quinto elemento lab”, divulgó las delaciones de un grupo de procesados en Brasil, con una acusación directa de sobornos contra Emilio Lozoya, por el caso Oderbrecht, el Partido Revolucionario Institucional, con renovado impulso de transformación antes del proceso electoral del 2018, celebraba la creación de una nueva área para su Comité Ejecutivo Nacional: la Secretaría Anticorrupción.
La defensa de Lozoya, hasta ahora, es tan débil como las acusaciones mismas.
–Los imputados pueden exagerar e inventar a cambio de resultar favorecidos en su condición de testigos protegidos, con tal de reducir sus penas.”
Y es cierto, pero yo le diría a Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, un testigo protegido antes de protección debe ofrecer testimonio. Y si sus dichos son falsos, de nada le valdrá tal beneficio. Y si hace sonar las piedras del río, de seguro caminó en esas aguas, no necesariamente sobre ellas como hubiera hecho el pescador de Galilea.
Odebrecht ha contaminado con sus prácticas corruptas a medio mundo. Ha gastado casi 800 millones de dólares en dádivas coimas y sobornos y le ha untado la mano a políticos en Brasil, Dominicana, Venezuela, Panamá, Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia y supuestamente también en México. ¿Cómo íbamos a ser la excepción?
Pero más alá de estos detalles y el amplio campo jurídico y judicial del asunto, el daño más grave es político. La cantidad de preguntas sin respuesta y la reciente revelación de una casona de 30 millones de pesos adquirida por Lozoya días antes de iniciarse el gobierno actual, del cual fue separado sin mayor explicación (y sin menor tampoco), son un golpe directo a la cabeza del proyecto moralizante de un gobierno acribillado desde hace mucho tiempo con acusaciones de corrupción generalizada.
De acuerdo con la información más reciente, Lozoya se presentará hoy al mediodía en la Procuraduría General de la República. Y está bien, pero hasta ahora no existe una procuraduría de reparación política. El torpedo le ha pegado al acorazado de Los Pinos en medio de la Santa Bárbara.
“Y si ya estamos en esto, bien valdría la pena aclarar ahora esta información divulgada a mediados del año, apenas en mayo:
La Procuraduría General de la República (PGR) adelantó que reservará la información respecto a los funcionarios mexicanos ligados a la red de corrupción de Odebrecht.
“Mexicanos Contra la Corrupción difundió una entrevista realizada por los periodistas Daniel Lizárraga y Raúl Olmos, quienes conversaron con el subprocurador de Asuntos Internacionales, Alberto Elías, y el subprocurador en Investigación de Delitos Federales, Felipe Muñoz, quienes dijeron que no difundirán los detalles de los implicados, al menos durante los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
«Adicional al marco jurídico que tiene Brasil, en el caso concreto de México, no se puede abrir. Realmente el propio tratado en su artículo 10, el Tratado Bilateral México Brasil en materia de ciencia jurídica establece la confidencialidad de la información que se intercambia», señaló el subprocurador de Asuntos Internacionales.
“Los funcionarios añadieron que tampoco actuarán contra los exdirectivos de la empresa, confesos en Brasil y Estados Unidos.
«Vamos a ajustarnos a los principios del derecho internacional. Como ustedes saben, no puede ser juzgado por los mismos hechos una misma persona, no importa dónde haya sido juzgado. Si fueron juzgados por los mismos hechos en Brasil, no pueden ser juzgados en México en un principio de derechos internacional», resaltó Alberto Elías”.
Hoy todos esos tecnicismos se han venido abajo. El estallido político es de dimensiones colosales.
Y en la política solamente importan las consecuencias políticas.
Pero si no fueran suficientes quebrantos, aparece un nuevo fantasma en la interminable noche del peñismo:
“(Aptro).- La justicia federal emplazó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que deje de ser omisa en las investigaciones sobre la ejecución sumaria de civiles perpetrada hace tres años por efectivos del Ejército en Tlatlaya, Estado de México.
“El juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió ese recurso legal a Clara Gómez, madre de una menor víctima de la masacre, quien ha exigido una investigación completa sobre lo ocurrido, incluida la alteración de la escena por parte de militares, la dilación de la procuraduría estatal y la actuación y órdenes de los mandos del Ejército.
“El fallo fijó un plazo de 30 días para que la PGR presente ante el juzgado un calendario de actuaciones y cumplimiento que ayuden a esclarecer los hechos ocurridos la madrugada del 30 de junio de 2014 y que el Ejército presentó inicialmente como un enfrentamiento con miembros de la delincuencia organizada”.
Y ya sabemos, si compran un circo, les crecen los enanos…
