Uno de los motivos de mayor fricción (¿ficción?), al menos en el campo de los medios informativos y el ámpula oratoria en cuanto a la soberanía nacional y la seguridad fronteriza y todas esas cosas entre México y los Estados Unidos, es el de la indignación mexicana frente al tráfico de armas.
México “ha alzado su voz (como dicen) en los foros internacionales”, para quejarse por la existencia en nuestro territorio de una enorme cantidad de armas, provenientes casi todas de los Estados Unidos, pero no hay en todo el sexenio más allá de un puñado de detenidos por tan horrendo delito. Muy pocas nueces frente a tanto ruido falso.
Y eso por no hablar de las miradas gachas cuando se le pide a las autoridades nacionales una actitud de firmeza frente a las acciones criminales del propio gobierno americano involucrado desde sus órganos de “seguridad nacional” en el comercio ilegal de armas de asalto.
El gobierno mexicano con una aparente valentía les ha ido a decir a los gringos cómo deben legislar en su país en cuanto a la venta de armas automáticas de alta potencia ofensiva, pero no ha podido poner orden en sus aduanas para impedir el ingreso a México de esas piezas y el suculento negocio por ellas significado.
Perdido entre la información electoral cuya densidad ahora acapara todos los espacios ha quedado el resultado de un punto de acuerdo legislativo del promovido por la diputada Guadalupe Pérez (respondido por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo) para exigirle al gobierno federal una relación completa del número de detenidos y procesados por los delitos vinculado al tráfico de armas en el ámbito de la guerra contra el crimen, cruz y calvario del gobierno menguante del presidente Calderón. El resultado es desolador,.
Para un asunto de tan grande importancia (el gobierno estadunidense calcula la circulación en México de casi cien mil armas procedentes de EU) nuestro gobierno sólo ha podido capturar sino a casi setenta delincuentes en todo el sexenio. Y si ha detenido a más personas no lo quiere decir. Considera esta información como materia reservada, como restringidas son también las razones para no decirlo.
El punto de acuerdo y la respuesta del gobierno federal son documentos cuya importancia merece una publicación comentada y detallada. Estos son:
“Nuestro país –dice en su exposición la diputada chihuahuense Guadalupe Pérez–, vive sin duda tiempos complicados, una realidad agobiante, la inseguridad creciente que ha generado desesperación en la población y la evidencia de un Estado Nacional debilitado por malas decisiones que han permitido la proliferación de organizaciones criminales y de los más diversos y aberrantes delitos.
“En la estrategia de combate al crimen organizado, hemos sufrido y visto una gran desatención a temas fundamentales como son la incautación a capitales económicos de la delincuencia, el freno a la importación ilícita de armas convencionales a nuestro país, que son instrumentos fundamentales para llevar a cabo cualquier actividad ilegal, y la impunidad que gozan quienes llevan a cabo estas lesivas practicas.
“Es responsabilidad de los gobiernos establecer medidas de control interno al comercio de armas, sobre todo las denominadas convencionales, que dicho sea de paso son las que mayores muertes y lesiones genera, esa responsabilidad también implica la manifestación de los Estados para exigir a los países exportadores hagan lo propio, que se responsabilicen del control de la producción y venta ilegal de armas, que solo sirven para dotar a los grupos del crimen organizado y también las medidas garantistas para impedir la introducción de las mismas a otros países.
“Por ejemplo hemos sabido por diversas notas periodísticas e informes oficiales, del aseguramiento de armas provenientes del extranjero, especialmente de los Estados Unidos de Norteamérica, sin que hasta ahora el Gobierno Mexicano, bajo los conductos oficiales, y observando los lineamientos y principios del derecho internacional, solicite al Gobierno del vecino país el cumplimiento de sus obligaciones a este respecto, ello siempre atendiendo a la manifestación del Presidente Estadounidense Barack Obama, del deseo de cooperación para frenar la ola de violencia que vive nuestro país.
“Esta es una obligación social, política pero sobre todo moral de todo Gobierno, impedir la proliferación de armas en su territorio y exigir a otros su compromiso y la implementación de medidas necesarias para impedirlo.
“Hoy más que nunca es necesario que el titular del Ejecutivo Federal, informe a esta Soberanía el Estado que guarda la multicitada propuesta que mediáticamente ha lanzado tanto la cancillería como el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en diversos foros internacionales, como fue el caso de su participación en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, de 24 de Septiembre del 2009, donde evadiendo datos de violencia que vive nuestro país, demandó literalmente:
“México quiere llamar la atención sobre la proliferación de armas de tipo convencional, el tráfico de armas pequeñas y ligeras que causan alrededor de mil muertes y 3 mil heridos cada día en el mundo”; exhortando con ello al Consejo de Seguridad de la ONU a buscar formulas para frenar este ilícito sin perjuicio del derecho de cada Estado para comprar armas para su legítima defensa.
“Ha sido una constante de política pública del actual Gobierno Federal, la pirotecnia mediática y los discursos que solo se quedan en eso, por lo que con toda responsabilidad solicito a esta Honorable Soberanía, se requiera al Titular del Ejecutivo, que informe de manera precisa que acciones y/o negociaciones se han llevado a cabo para que este tratado sea una realidad y con ello frenar de manera significativa la proliferación de armas convencionales y su uso en la comisión de delitos en el territorio nacional.
“Así mismo, que informe de manera precisa y detallada, las estadísticas de procesados y sentenciados, en los últimos 4 años en nuestro país, por introducción ilegal de armas de fuego al territorio nacional”.
Las peticiones del acuerdo son:
Primero: Solicitar al Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República, (que) informe sobre el Estado que guardan las negociaciones para celebrar tratados internacionales sobre el comercio de armas ya sea multilateral; o bilateral con el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y con ello evitar la importación ilícita de armas al territorio nacional; así como los controles que existen en las aduanas del país para evitar este grave problema (Nada de nada).
“Segundo: Solicitar al titular del Ejecutivo, informe a esta Soberanía, sobre estadísticas precisas y detalladas de procesados y sentenciados en los últimos cuatro años, de personas que han cometido el delito de introducción ilegal de armas de las denominadas convencionales, al territorio de nuestro país”.
Ante esto el Ejecutivo respondió con la elocuencia de siete procesados, según Datos de la SIEDO.
México, DF, a 14 de mayo de 2012
“Maestro Antonio Hernández Legaspi
“Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
“Presente
“En respuesta al oficio SEL/UEL/311/4134/11, por el que se comunica punto de acuerdo aprobado por el Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que solicita a la titular de la Procuraduría General de la República que informe a esa soberanía sobre estadísticas de procesados y sentenciados por el delito de introducción ilegal de armas a territorio nacional.
“Sobre el particular, me permito informarle que 10 delegaciones estatales de esta institución informaron haber encontrado datos relacionados con el punto de acuerdo que nos ocupa, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, conforme al siguiente cuadro:
“Baja California 7 7
“Coahuila 7 6
“Chihuahua 7 7
“Nuevo León 4 4
“Quintana Roo 1 0
“San Luis Potosí 1 1
“Sinaloa 1 1
“Sonora 18 16
“Tabasco 4 0
“Tamaulipas 19 17
“Total 69 59
“De igual forma, le comento que en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, EXISTEN SIETE PROCESADOS (mayúsculas de la R.) con motivo del delito de introducción ilegal de armas a territorio nacional Y DOS SENTENCIAS en esta materia.
“No omito manifestarle, que esta Institución no puede proporcionar mayores datos, en virtud de que se trata de información que no es de carácter público…”
“Maestro Sergio Martínez Escamilla (rúbrica)
“Director General”.
Una chulada, ¡verdad de Dios! Siete procesados y dos sentenciados.
