La verdad hace tiempo no escuchaba con toda su rotunda contundencia la expresión favorita del gobierno en la pasada administración: usar toda la fuerza del Estado contra algo o contra alguien. En verdad nomás de oír la invocación de esa potencia excesiva, abrasadora, avasallante, pone los pelos de punta, sobre todo un día después de la firma de concordia y cooperación con loa autodefensivos michoacanos quienes huérfanos de esa demoledora, fuerza estatal prácticamente se alzaron armas para acabar luego convertidos en guardias rurales, una especie de policías montados canadienses, pero sin sacos escarlata, más bien con jorongos como Juan Mendoza, ”El Tariacuri”.
Pero ya se nos ha prometido todo ese caudal de fibra. La fuerza del Estado, es como decir cuando se habla de un boxeador, el mejor, libra por libra o kilo por kilo, según donde pongan la báscula, si en Las Vegas o en la colonia de los Doctores o el embudo de la calle del Perú donde se escribió la historia de la Arena Coliseo.
Pero el caso es otro. Y la advertencia de la fuerza estatal aplicada sin miramientos, ha sido una oferta del secretario de Gobernación en cumplimiento de las instrucciones presidenciales para combatir a los secuestradores y darle fin a esta plaga (sí, dije plaga) cuya incidencia ha convertido a México en un país temeroso en el cual casi todos sabemos, conocemos o hemos visto de cerca un caso de secuestro, ya sea de los llamados “expreses”, telefónicos y falsos, además, o uno real, físicamente prolongado, cruel y con efectos perdurables en la integridad física y emocional del secuestrado y sus cercanos, familiares o amigos, quienes a menudo empeñan hasta la camisa para satisfacer las exigencias siempre abusivas, excesivas y crecientes de quienes a veces terminan aniquilando a su retenido.
“El secuestro –ha dicho en la presentación de la Estrategia Nacional Antisecuestro el secretario de Gobernación–, no debe ser un delito rentable para los criminales, debemos prevenirlo, inhibirlo y castigarlo para desalentarlo con toda la fuerza del Estado”.
Y en ese afán se ha autoimpuesto, bueno no él, sino el gobierno, una meta: la disminución sistemática y sostenida de la incidencia de este delito cuya frecuencia ya harta y enoja a los ciudadanos indefensos.
La estrategia dada a conocer ayer tiene varias peculiaridades cuya definición la hace diferente de otros esfuerzos similares en gobierno anteriores.
Primero, designa a un comisionado a quien popularmente se ha llamado “Zar”, en franca imitación de cuando los gringos le llaman de ese modo a su poderoso agente principal e la coordinación de la lucha contra las drogas, un señor cuyo trabajo termina cayendo rendido a los pies de la DEA, una agencia demasiado poderosa como para tener un jefe encima. Pero esas son divagaciones.
El comisionado es un señor de hondo prestigio: Renato Sales Heredia, quien como Alfredo Castillo, designado para la comisión de Michoacán, también deja una procuraduría y se lanza a una labor especializada, compleja y difícil. Pero con buenos augurios sobre su desempeño, se debe reconocer.
De acuerdo con la información oficial las otras peculiaridades de esta estrategia y sus forma de funcionamiento consisten en un esfuerzo conjunto del Gobierno de la República, los estados y del Distrito Federal para prevenir el delito, capturar a los responsables y combatir a las bandas criminales con el auxilio, la vigilancia y la evaluación de la sociedad civil organizada y algunos especialistas cuya experiencia ayudo a diseñar el modelo de trabajo cuya condición básica es la coordinación interinstitucional; el intercambio de información, la centralización de los datos, la uniformidad en los procedimientos.
“Es labor de todos, más allá de banderas, ideologías, partidos, fueros o competencias”, puntualizó.
La oficina del Zar atenderá este delito en todo el país -dijo la Segob–, pero de manera prioritaria en las entidades que presentan la mayor incidencia nacional. De manera inmediata, dijo que también se evaluarán las unidades antisecuestro del país para reforzarlas.
“Por su parte –prosigue la información de la SG–, , el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, detalló que la Coordinación Nacional Antisecuestro es un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobernación y contará con las facultades necesarias para coordinar las acciones que abatan este delito de manera eficiente, rápida y directa” con el auxilio de un Comité Especial de Seguimiento y Evaluación de las acciones para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el delito de secuestro (con funcionarios y representantes de la sociedad civil organizada), capaz de emitir recomendaciones sobre la integración y operación de las unidades antisecuestro para el cumplimiento de la Estrategia Nacional.
Y como era evidente los representantes de la sociedad civil son Alejandro Martí, cuyas credenciales hasta ahora son impecables; Isabel Miranda, en cuyo currículo está su aventura electoral por el Partido Acción Nacional cuando Calderón le quiso pagar de ese modo su respaldo en la fracasada guerra contra el crimen, la señora María Elena Morera.
“Tenemos confianza”, dijo Alejandro Martí.
Y uno sólo parafrasea a Neruda, nosotros los de entonces, siempre somos los mismos.
