La ley SB4 podrá entrar en vigor mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por el Gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones defensoras de los migrantes
En un abrir y cerrar de ojos el futuro de los miles de migrantes que aguardan en la frontera de México con Estados unidos cambió radicalmente, luego de que este martes el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos se pronunció en favor del estado de Texas, y no sólo permite la entrada en vigor de una ley que autoriza a la Policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a Estados Unidos, sino que da licencia a estos cuerpos de seguridad a lanzar una feroz cacería de personas sin papeles en el estado gobernado por el republicano Greg Abbot..
La legislación, conocida como SB4, podrá entrar en vigor mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por el Gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones defensoras de los migrantes.
El caso llegó al máximo tribunal después de una batalla legal emprendida por la Administración Biden y defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.
Los demandantes habían pedido al Supremo que detuviera la implementación de la medida mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones. El lunes, el juez Samuel Alito había bloqueado la ley de forma indefinida a espera que el pleno votará sobre esta solicitud.
Este martes los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en efecto mientras se da un fallo final en el caso.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, aplaudió en un mensaje en X la decisión del alto tribunal. “Texas ha derrotado las mociones de emergencia de la Administración Biden y la ACLU”, y subrayó que la ley ya está en vigor.
DELITO SER MIGRANTE SIN PAPELES
La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero «ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera» de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
Inicialmente, la medida promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió.
El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones donde obtuvo respaldo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo para evitar que entrara en vigencia la ley pidiendo una moción de emergencia, que finalmente fue negada.
Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, calificó la decisión de este martes como “decepcionante”.
El abogado añadió en un comunicado que la ley “amenaza la integridad de las leyes de inmigración de nuestra nación y los principios fundamentales del debido proceso” por lo que seguirán luchando hasta derrotarla.
POSICIÓN DE MÉXICO
Por su parte, el Gobierno de México al conocer esta decisión del Tribunal Supremo, reprobó la entrada en vigor de la polémica ley SB4 que da licencia a la Policía de Texas para detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a Estados Unidos pues aseguró que fomenta la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial contra la población inmigrante.
“México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, expuso en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La cancillería cuestionó las disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, pues dijo, esto genera ambientes hostiles en los que la comunidad migrante está expuesta “a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial”.
“México reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio”, apuntó la cancillería.