Bajo los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos de los Niños de la ONU que establecen la no discriminación, la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, así como el respeto por los puntos de vista del niño, el Diputado del GPPRI, Octavio West Silva, integrante de la Comisión de Educación, de la ALDF presentó ante el Pleno una iniciativa de ley para adicionar el artículo 410 G al Código Civil para el DF y otros al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para salvaguardar la integridad física, mental y psicológica del niño que haya sido recuperado luego de sufrir la amarga experiencia de un secuestro.

En los considerandos de su propuesta West Silva urge a renovar los ordenamientos jurídicos en materia de menores, sobre todo cuando el tema sea la sustracción y retención ilícita del pequeño. Esta detestable acción, dijo provoca en la persona graves trastornos físicos y emocionales, por el trauma de haber sido separado de su familia.

Al exponer en la máxima tribuna política del DF sus argumentos, el priísta dijo que por la necesidad de ponderar la supremacía del interés supremo del niño, debe facultarse a los impartidotes de justicia en marco legal, actualizado, que oriente a los padres a solicitar el apoyo para la recuperación de su hijo. “De lo que se trata es simplificar, facilitar los procedimientos para la inmediata reintegración del pequeño al seno familiar”

Las reformas ayudarán a las autoridades administrativas y judiciales en el procedimiento legal que les permita unificar criterios y sustanciar debidamente la solicitud de restitución del menor.

En consecuencia, el Juez competente en materia familiar del DF regresará a los progenitores, tutores, etc. la patria potestad o custodia del menor. Tendrá en consecuencia, señala la propuesta legislativa, que resolver en un plazo no mayor de 7 días, contados a partir de la celebración de la audiencia concluyente, la resolución definitiva. “No mas plazos burocráticos, ni inútiles para regresar a su hogar al pequeño liberado de sus captores”.

Prisión hasta por 7 años a quien maltrate a personas con enfermedad mental

Para frenar el maltrato a personas vulnerables como las que padecen trastorno mental crónico, catalogado ya por la Secretaría de Salud, aproximadamente 10 mil en esta situación en la Ciudad de México, el Diputado perredista Carlos Augusto Morales López, propuso al Pleno de la ALDF adicionar un párrafo al artículo 200 del Código Penal local, para castigar con prisión de 4 a 7 años, a quien aplique violencia física o psicológica a algún consanguíneo, pariente o tutorado.

Desde la tribuna de Donceles y Allende el legislador explicó que la labor de los diputados es proteger la vida de quienes por alguna circunstancia padecen alteraciones mentales. Indicó que la capital del país es la que mayor número de afectados tiene 27 mil 528, que son agredidos en el seno familiar o en presuntos hospitales “especializados” en la materia.

Morales López destacó que factores por la dependencia a padres o tutores se llega a limitar sus derechos elementales y en casos extremos son golpeados o confinados a un cuarto alejado del centro del hogar o de la clínica, quienes en su abandono se suicidan.

Con la presente iniciativa, insistió, se pretende resolver que las personas que tengan a su cuidado a algún enfermo mental, lo hagan con estricto apego a los derechos humanos y para orientar a los familiares en una atención sensible, humana y afectiva la Secretaría de Salud podrá orientarlos luego de un diagnóstico y técnicas de rehabilitación.

El diputado, integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social recordó que la Dirección General de los Servicios de Salud Mental, del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), alertó en 2005 que alrededor del 15% de los suicidios fueron por causas atribuidas a problemas familiares.

Que sea la cárcel, sin derecho a fianza, la que castigue a las personas que ignoren, maltraten o confinen a personas con problemas mentales. El propuesta de Carlos Augusto Morales fue aprobada por obvia y urgente resolución.

Que se castigue a diputados que supuestamente aceptaron soborno para aprobar leyes locales

Tras la denuncia pública que se hizo sobre la compra de votos en la ALDF para aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo, el GPPAN anunció diversas acciones para investigar y, en su caso, sancionar a quienes resulten responsables por el delito de cohecho.

La coordinadora de la fracción, Mariana Gómez del Campo, detalló que la próxima semana presentarán una denuncia penal ante la PGJDF y otra administrativa ante la Contraloría de la ALDF para que se investigue qué diputados recibieron dinero, a quiénes entregaron entre 200 mil y 800 mil pesos a cambio del voto.

“Además de las denuncias que presentaremos, le pedimos a la diputada Edith Ruiz Mendicuti que si sabe de estos hechos y los hizo públicos, que los denuncie, pues está obligada a ello o de lo contrario se convierte en su cómplice”.

Gómez del Campo recordó que un servidor público comete cohecho si solicita o recibe indebidamente dinero o cualquier otra dádiva, para sí o para otro; lo cual se castiga con multas que van de treinta a 800 días de salarió y de uno a nueve años de prisión con derecho a fianza, dependiendo del monto que reciban, de acuerdo al Código Penal para el DF.

En tanto el Diputado Carlo Pizano Salinas agregó que el Código Penal establece que si se comprueban los hechos, el servidor será objeto de destitución del empleo, cargo o comisión, además de la inhabilitación y el decomiso de los productos del delito.

En este sentido, el legislador indicó que de comprobarse los hechos, la Procuraduría sería la encargada de solicitar el desafuero de los diputados que resulten responsables.

Aprueban en la Asamblea Legislativa techo de endeudamiento para el GDF, falta el aval de la Cámara de Diputados

La ALDF exhortó a la Cámara de Diputados a aprobar el monto de endeudamiento solicitado por el GDF para el ejercicio fiscal 2011, enviado por el Gobierno Federal, toda vez que la Ciudad de México cuenta con los elementos técnicos, financieros y jurídicos que respaldan su sustentabilidad.

Tras aprobarse el punto de acuerdo que presentó el Diputado Víctor Hugo Romo Guerra, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, pidió también celebrar un convenio entre el Gobierno Federal y de la Ciudad de México para que se autorice, vía trasferencias, y completar la diferencia que no sea autorizada.

En el punto de acuerdo se cita a comparecer al Secretario de Finanzas del DF, Armando López Cárdenas para explicar en qué se utilizaría el monto de endeudamiento.

El legislador perredista explicó que la situación financiera de la Ciudad de México está respaldada por una sólida estructura de ingresos propios, por la combinación de potestades recaudatorias, lo que le otorga mayor flexibilidad presupuestal y menor dependencia de recursos federales, en comparación, presumió, con el resto de los estados de la república, siendo el DF el que maneja adecuadamente su endeudamiento invirtiéndolo en infraestructura.

La estrategia manejada desde el gobierno de la capital del país apuesta a programas de austeridad y control presupuestal que se refleja en un adecuado manejo de gasto corriente y transferencias no etiquetadas, recuperadas de inmediato con ahorro interno y en mayor flexibilidad financiera.

Es así que para el Distrito Federal, concluyó Romo Guerra, se tiene una deuda de 47 mil 529 millones de pesos, mientras las participaciones ascienden a 43 mil 592 millones, por lo que el monto de la deuda es del 109%. “Conviene observar que los ingresos propios respecto a los totales para 2010 se estima serán de 53.5 por ciento, lo que denota fortaleza en la recaudación y respalda en todo momento su capacidad para afrontar la deuda en los momentos requeridos”.

La iniciativa fue aprobada por urgente y obvia resolución.