El gobierno de la Ciudad de México está diseñado en algunos de sus principales “servicios”, para robar a los ciudadanos de manera legal. Se exacciona con reglamentos, abusivos a cual más, y por falta de espacio para algunos, como los de construcción por ejemplo, veamos ahora el caso de los parquímetros.
La operación privada de estos aparatos, por medio de los cuales la vía pública se convierte en un negocio cuyas utilidades jamás son explicadas con claridad, permite, junto con las grúas y el pase de lista en la Policía o los reclusorios, que existan oscuras minas, de las cuales sólo tiene conocimiento el Jefe en turno.
Claudia Sheinbaum lo sabe y quizá por eso le atribuya a la agónica administración, (sin mirar para Tlalpan; porque como dijo José Alfredo Jiménez: ahí hiere el recuerdo), una historia de corrupción inevitable mientras subsistan reglamentos hechos para confiscar y compensar una errática y mendaz política fiscal cuyo jamás cumplido fundamento es la inmovilidad de los gravámenes, mientras se piensa meterle el diente hasta a las herencias o inventar la progresividad recaudatoria por zonas o lograr el impuesto a la plusvalía.
Todas esas son formas disimuladas del robo.
Veamos por ejemplo este trozo del reglamento de operación de los parquímetros (artículo 13):
IV.-
Garantizar que los parquímetros emplazados en vía pública o los dispositivos autorizados para el sistema de control y cobro de estacionamiento en vía pública de la Ciudad de México, contengan a la vista del usuario la siguiente información como mínimo:
a.- Horario de operación;
b.- Monto del pago por hora o fracción;
c.- Instrucciones generales de uso;
d.- Número de teléfono de contacto, dirección de página web, correo electrónico, contacto para quejas y aclaraciones y redes sociales, entre otras;
e.- El área en operación en la que es válido el pago realizado en dicho dispositivo;
f.- Sanción por la contravención de cualquiera de las obligaciones establecidas en la normativa aplicable;
g.- Instructivo para la realización del pago y colocación del boleto, en su caso;
h.- Instructivo para la realización del pago de la multa en caso de sanción”.
El inciso “e” es todo un monumento a la trampa: “área en operación en la que es válido el pago realizado”.
El pago realizado (es decir, dinero ya en poder del gobierno o su concesionario) ampara supuestamente el derecho temporal de usar la calle para estacionar un vehículo. En esencia lo mismo es una cuadra u otra. Una avenida o dos calles más allá. Pero en verdad esta difusa redacción sobre el área en operación en la cual es “válido el pago”, no significa sino una trampa ventajosa. El pago es válido, como dice Perogrullo, cuando se paga.
Pero esas trampas son legales para el gobierno de la ciudad. El ciudadano vive en la dictadura de las asambleas incultas, cuya función es aprobarlo todo en función de quedar bien con el jefe. Y si eso ocurría con las anteriores, ahora con un Congreso capitalino cuyo grito de orgullo es el honor de estar con Obrador, no podemos esperar defensa alguna del interés del público.
Sólo se defenderá el interés del partido.
La falta de sentido común en este reglamentucho abusivo cae por su propio peso en el artículo 15, en la parte de los requisitos:
“En caso de contar con comprobante de pago impreso, deberá colocarlo de manera visible sobre el tablero del lado del conductor al interior del vehículo (¿si lo coloca del lado derecho se vuelve invisible?), cerciorándose de que la placa de circulación o matrícula coincida (¿coincida con qué?) y que la fecha del comprobante no sea distinta (¿distinta a qué?)
Una fecha puede ser actual o no, y en el interior del vehículo un papel visible no cambia por su posición, pero estas “precisiones” no son sino pretextos para robar.
“Es que no puso el papel del lado derecho. Estaba chueco”, dice el menestral de los candados.
El caso de la matrícula —para seguir con estas falsas infracciones—, resulta de carcajada. Productiva para los exaccionadores, pero estúpida para los usuarios.
En la ciudad hay varios modelos de alcancías con sistemas de pago distintos. En uno de ellos se anotan nada más los números de la placa (la verdad no hay para qué, pues se ampara un derecho, no una distinción de vehículo, pero en fin), y en otros se anotan números y letras. ¿Por qué? Pues por razones de la instalación de los concesionarios. Compraron aparatos de diferente modelo.
Si alguien pone sólo los números de su placa sin letras, es como si no hubiera pagado. Le espera el arañazo. Pero en los parquímetros cuyo teclado no permite ponerlo todo, ese detalle no se toma en cuenta.
La misma condición pero dos varas para medir. Y si alguien pone 123, en lugar de 124, en una placa, cae en multa. Otra araña.
Pero lo más grave, como en el caso de las multas, es el cobro por quitar el candado. No basta con el abuso de manipular un auto ajeno para perjudicar al propietario. Es necesario lucrar con ese abuso.
La pregunta es si Claudia Sheinbaum va a seguir con este política de latrocinio (la mujer araña) o de veras va a cumplir con el retiro de fotomultas y control de parquímetros.
La respuesta yo me la sé. ¿Y usted?
