Maurice Martínez
Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), dos instituciones que desde su nacimiento han sido las encargadas de velar por la soberanía nacional tanto en tierra como en las costas, y a las que se les reconoce por sus acciones de ayuda en casos de contingencia y desastre de toda índole, en los cuatro años que lleva la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sus tareas han aumentado de forma radical pero bajo la consigna de aplicar la política de austeridad y combate a la corrupción, por lo que con sus nuevos encargos han pasado de ser protectores de la nación a administradores (Marina) y albañiles-constructores (Sedena), donde el objetivo central es acaparar un mayor presupuesto, como son los 112 mil millones de pesos destinados para gastos en 2022, a los que se suman los 68 mil millones de pesos para administrar a la Guardia Nacional y los 143 mil millones de pesos que entregará la Federación para la construcción de los tramos pendientes del Tren Maya. La orden principal es concentrar esfuerzos para terminar los proyectos y obras insignia de la 4T, sin importar si el dinero no da para más.
Contradictorio en sus palabras y haciendo oídos sordos a los reclamos que le recuerdan que cuando fue precandidato a la Presidencia de la República por primera vez en 2006 juró que de llegar al Ejecutivo Federal regresaría al Ejército a los cuarteles en un plazo de medio año, López Obrador hace que ya no recuerda su promesa, y es que a su decir, los elementos del ejército no tienen la preparación para estar en las calles en tareas de seguridad pública. Esta retórica la acompañó durante 12 años hasta el 2018 cuando ganó la presidencia, pero una vez en el poder su idea original cambió y ahora el Ejército Mexicano se ha convertido en su constructor de cabecera, y la Marina en su administrador favorito en aduanas, puertos y aeropuertos.
No había pasado un mes desde que se mudó a Palacio Nacional y ya había dado la instrucción de eliminar todo avance de obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, y urgió acelerar su caprichoso proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dentro de las instalaciones de la base militar de Santa Lucía, en Tecámac, Estado de México, por lo que el 22 de enero de 2019 y desde el mismo seno de la Secretaría de la Defensa Nacional se creó el Agrupamiento de Ingenieros “Santa Lucía”, integrado por ingenieros militares y soldados, éstos últimos junto con personal civil contratado serían los que llevarían la carga de albañilería para hacer realidad este proyecto y que a la postre se sumarían otras tareas más de construcción.
Seis meses después de esta encomienda, la Sedena se convertiría en la institución favorita del mandatario, lo que quedó registrado el 16 de julio de 2019 con la firma de un convenio entre el entonces titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), Javier Jiménez Espriú, con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, acuerdo con vigencia del 19 de julio de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2024, en el que se estipula que en dicho periodo la Dirección de Ingenieros Militares será responsable de todas las obras de infraestructura encomendadas por el mandatario, entre ellas y de inmediata prioridad la edificación del AIFA, además de la construcción y ampliación de carreteras, puertos, terminales aéreas, líneas de ferrocarriles, sucursales del Banco del Bienestar, escuelas, jardines de niños, entrega y custodia de medicamentos (aún escasos) y vacunas, infraestructura para redes de telecomunicaciones y sistemas satelitales, así como la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, entre otras.
A la Marina el gobierno de la 4T ordenó tomar las riendas de la administración de puertos mercantiles y aduanas, realizar labores de vigilancia en terminales aéreas para sustituir al personal de la desaparecida Policía federal y coordinar acciones con la Guardia Nacional, así como administrar el centro turístico de las Islas Marías. Otra tarea y en menor medida es apoyar con patrullajes aéreos de apoyo a la Sedena en zonas remotas, así como realizar la custodia y traslado de probables delincuentes capturados.
Para estas y otras tareas, Ejército y Marina pondrían a disposición a los 227,304 elementos que tienen en activo, según el censo del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas de agosto del 2022.
Aunque el gobierno de López Obrador ha tratado de minimizar que existe una militarización del país bajo el argumento de que el Jefe del Ejecutivo como comandante supremo es civil y es quien da las órdenes, la realidad es que quienes saben de estrategias en campo y saben qué hacer en caso de una emergencia son los elementos castrenses.
Las nuevas tareas de las Fuerzas Armadas en construcción de obras o administrativas en todo el país que superan las 290 en lo que va de la actual administración han sido acaparadas sin dar oportunidad a empresas privadas de hacerse cargo por completo de alguna de éstas.
ENCARGOS.
Un estudio del CIDE de julio de 2022 señala que en los 46 meses que lleva López Obrador al frente del Gobierno Federal, el Ejército Mexicano y la Marina tienen la responsabilidad de dar prioridad a las obras que son promesa de precampaña y que deben apurar su entrega, tal y como ocurrió en marzo pasado con la inauguración del desangelado AIFA. Tras la entrega de esta obra las Fuerzas Armadas tienen asignadas 80 nuevas tareas que se suman a las más de 200 existentes y entre las que figuran para su proceso y entrega:
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- La Construcción 2,700 sucursales del Banco del Bienestar.
- Constricción de los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya.
- Construcción del Aeropuerto de Tulum.
- Administración del aeropuerto en Chetumal y el de Palenque, en Chiapas.
- Remodelación de 32 hospitales abandonados en sexenios anteriores.
- Apoyo en atención a la emergencia de Covid-19 (que aún no termina).
- Traslado de vacunas Covid-19 y para prevención de varias enfermedades, (de las cuales hay dudas sobre su total entrega).
- Entrega de medicamentos (a pesar de que es evidente el desabasto en todo el país).
- Combate al robo de hidrocarburos (huachicol), (con incontrolable robo de combustible a pesar de las tareas de vigilancia).
- Patrullaje y vigilancia de las fronteras norte y sur para el control migratorio (principalmente en Chiapas y Tijuana, en Baja California).
- Construcción de cuarteles para la Guardia Nacional (de la que se espera se concrete su traspaso a la Sedena).
- Apoyo al programa Sembrando Vida (del que se desconocen cifras reales y beneficios en comunidades).
- Custodia y vigilancia a la entrega de recursos de programas sociales.
- Entrega de libros de texto gratuito (y la polémica cartilla moral amlista).
- Traslado de mercancía decomisada a comunidades más pobres a través del denominado «Tianguis del Bienestar» (del que ya no se sabe nada).
- Administración y control de aduanas marítimas y terrestres (aeropuertos).
- Administración y vigilancia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
- Colaboración en la limpieza del sargazo en Quintana Roo.
- Custodia de pipas de Pemex.
PAGOS POR OBRAS.
En lo que respecta al presupuesto 2022, la Sedena recibió 104,107,905,551 de pesos para cubrir gastos de operación, además de que administrará los más de 70 mil millones de pesos destinados para la Guardia Nacional, esto, muy independiente del dinero que recibirá por obras a realizar, como en el caso de la construcción del Tren Maya en los distintos frentes encomendados y cuyo monto invertido se elevó en 29 por ciento al superar los 180 mil millones de pesos de los 140 mil millones estimados, y sin contar que aún quedan pendientes los tramos 5, 6 y 7 por concluir, por lo que especialistas estiman que el presupuesto se elevaría hasta un 35 por ciento más.
Otra entrada de dinero para la Sedena es en la construcción y equipamiento en sucursales del Banco del Bienestar en las que al menos durante el 2021 se invirtió un estimado de 3,437 millones de pesos para construir 1,751 sucursales, de las cuales la mayoría no están en operación e incluso algunas han sido blanco de vandalismo y destrucción.
Entre las obras realizadas por la Sedena y por las cuales hay contratos firmados contratos y por las cuales se han recibido pagos está la realizada en el 2020 a la Comisión Nacional del Agua, dependencia que desembolsó 578 millones de pesos por la modernización del Canal Centenario, obra de infraestructura agrícola que inició en Nayarit la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
Otra obra fue encargada por el gobierno de Puebla, que pagó a la Sedena 210 millones de pesos para construir un CENDI, Jardín de Niños, Primaria y Secundaria en La Célula, el Oriental, entre otras.
La encomienda de la 4T es marginar de toda participación en obra de infraestructura del gobierno a las empresas privadas y que sean las Fuerzas Armadas las que absorban esas tareas con las que la presencia militar sea cada días más notable.