La iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad fue presentada el 25 de abril pasado en San Lázaro y con el pretexto de combate a grupos del crimen organizado y a piratas informáticos, se vulneraría la privacidad de todos los ciudadanos y se fracturaría la libre expresión
La Ley Federal de Ciberseguridad que se analiza en la Cámara de Diputados no solo abrirá una ventana para aprovechar la innovación tecnológica, sino que también podría dar la licencia o permiso a la Secretaría de la Defensa Nacional, operador del sistema de espionaje y seguridad digital Pegasus, para que dentro de la norma de seguridad nacional, se pueda vigilar todos los movimientos y acciones de los ciudadanos en todo México que cuenten con dispositivos digitales, de empresas y sus operaciones digirales, lo que sería una violación a la privacidad y a los derechos humanos.
El pasado 25 de abril se presentó la iniciativa en San Lázaro sobre la Ley Federal de Ciberseguridad, luego de que en diciembre de 2022 más de 100 diputados federales sufrieron un ataque simultáneo a sus servicios de mensajería instantánea. Derivado de esta situación, a la que se suman ataques de piratas informáticos a los sistemas digitales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de otras dependencias del gobierno, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados revisó la legislación vigente, así como las acciones en materia de ciberseguridad y uso de tecnología por parte del Gobierno Federal, con el objetivo de reforzar la vigilancia e impedir más ataques con robo de información clasificada, como ocurrió con el cerebro de los sistemas digitales de la Sedena.
La iniciativa que está en proceso de estudio y que en caso de ser aprobado por los Diputados y luego con el visto bueno en el Senado, permitiría al Ejército Mexicano, como único operador del sistema de espionaje Pegasus, propiedad de NSO Group, empresa desarrolladora del malware, tener la autorización para invadir sin obstáculo alguno, la privacidad de cualquier persona en el país y ser vigilada en sus conversaciones telefónicas, videos, fotografías, chats familiares por cualquier medio digital sin restricción alguna, lo que sería una violación a la privacidad y a los derechos humanos de cada ciudadano y lo que es más grave, porque se vulneraría la protección a los datos personales.
De avanzar esta iniciativa impulsada por el populista presidente Andrés Manuel López Obrador por recomendación de la Sedena, permitiría abrir de inmediato un archivo denominado Registro Nacional de Incidentes, etiqueta en el rango de Seguridad Nacional y con el objetivo de evitar más ataques informáticos y de tener una mayor vigilancia de las operaciones de grupos del crimen organizado nacional e internacional.
La ciberseguridad que se pretende recaería solo en un actor, el Ejército Mexicano, único autorizado y responsable del contrato del programa Pegasus, sistema que está en el reflector de la polémica al haber sido usado con fines no muy legales y que han sido blanco de críticas por su objetivo espía.
ANTECEDENTE
Durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, el programa Pegasus fue utilizado por la exProcuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN).
También ya fue utilizado por la Sedena entre 2011 y 2014, esto, según reveló en un informe el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) que durante varios años revisaron el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, y en donde revelan con documentos y testimonios, que el Ejército Mexicano utilizó el programa de espionaje para intervenir comunicaciones de grupos involucrados en esta polémica desaparición de los 43 normalistas.
En el actual gobierno populista de López Obrador, la Sedena es la única dependencia de gobierno de la 4T que emplea Pegasus, al tener el contrato exclusivo en el país, por lo que de avanzar la iniciativa de la Ley de Ciberseguridad no habría pretextos para que el Ejército tuviera intromisiones sin permiso para vigilar todos los movimientos y conversaciones de cada uno de los ciudadanos en México.
La iniciativa está en revisión entre las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación en San Lázaro en la de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y cuenta con la participación del Gobierno Federal, del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.