Al parecer el gobierno mantiene un prolongado afán para negar su propia autoridad. El infinito camino de las concesiones, termina siempre en la helada estación de las claudicaciones, eso sin contar el carácter de veredicto, al menos simbólico, frente a las destituciones reclamadas.
Cesar a un funcionario señalado por tal o cual violación de Derechos Humanos o simplemente divergencias de criterio con grupos sociales de alta movilidad y mayor influencia en los personeros y portaestandartes de las buenas conciencias, implica, se quiera o no, darles la razón a quienes demandan esa parte. Y si en la parcialidad están acertados, entonces se les debería suponer ciertos en todo lo demás.
Hoy toca el turno a la parcial defenestración de Tomás Zerón de Lucio quien ha sido acusado por los profesionales de la queja, de haber sembrado pruebas en el basurero de Cocula y con ello dar pie a las verdades históricas desautorizadas por los tribunales de la corrección política y el trabajo de “expertos” internacionales cuyo estipendio sale, también, de las arcas nacionales.
Veamos la información más reciente:
(AP).- A días de cumplirse dos años de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, renunció a la Agencia de Investigación Criminal de la PGR su titular, Tomás Zerón. En un principio se pensaba que su salida se daba luego de la exigencia de los padres de los estudiantes y las inconsistencias en la investigaciones del caso. Arely Gómez informó de inmediato que aceptó su renuncia misma que alegó a motivos personales. Ya por la noche, en un comunicado el presidente Peña Nieto informó que lo designó como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad.
“Los padres de los 43 se estarán pronunciando al respecto hoy a medio día, mientras que la oposición ha llamado a una investigación más seria y profunda de la actuación de Zerón”.
Otro elemento interesante en la fecha de remoción (así haya sido hacia arriba) del ex jefe de la agencia investigadora federal, fue la publicación en la revista “Science” de un estudio hecho por el célebre peruano-australiano, Torero, quien para probar la imposibilidad de la pira de Cocula y la extinción de todo vestigio humano, excepto algunas persistente astilla o algo así, incineró los chanchos más próximos, cuyo peso y densidad se parece al de algunos humanos.
“(apro).- José Torero, experto en incendios de la Universidad de Queensland, Santa Lucía, en Brisbane, Australia, aseguró que la hoguera necesaria para consumir unos 43 cuerpos no podría haber ardido en el basurero donde las autoridades mexicanas señalan que fueron incinerados los cuerpos de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en 2014.
“Según el experimento realizado por Torero y dado a conocer en la revista Science, en el que incineró un cadáver de cerdo de 70 kilogramos en vez de uno humano, utilizó 630 kilogramos de madera para cada uno de ello. Por esta razón, dijo, se hubiesen necesitado más de 27 mil kilogramos de madera para quemar los 43 cuerpos de los normalistas desaparecidos y aun así habrían quedado restos de materia orgánica.
“Incluso, en caso de haber sido dispuesta tal cantidad de madera, las intensas llamas habrían dejado marcas en el tronco de los árboles cercanos, explicó Torero. En cambio, cuando el científico visitó el basurero de Cocula, Guerrero, donde se dice que fueron incinerados los cuerpos de los normalistas, 10 meses después de las desapariciones, no observó ningún tipo de marcas”.
Pero después de esa media Verónica, las cosas siguen como están. ¿De dónde entonces salieron los fragmentos ya comprobados por la universidad de Innsbruck?
Todo eso supuestamente lo saben Zerón de Lucio y obviamente Jesús Murillo Karam, pero a los dos los han removido de su cargos por efecto de la presión de la conciencia pura de quienes azuzan a los dolidos padres.
Si en un principio la exigencia era para quitarlo de la Agencia de Investigación Criminal y eso se los concedió el gobierno; ahora la demanda se extenderá a una “profunda investigación” (¿hecha por quién?), en la cual, obviamente, no podrá quedar exonerado, pues su inocencia sería motivo de una nueva queja masiva. ¿Cómo?
Y si tras esa pesquisa no se le halla culpable de toco cuanto los quejosos digan, vendrá una solicitud más. Si se le encuentra responsable se pediría para él un paredón. Otro paredón, pues ya han activado el suyo, el del desprestigio y la persecución.
El segundo aniversario de Iguala encuentra al gobierno como al principio: con los dedos en el marco de la puerta. La única investigación real fue censurada desde varios ángulos (algunos de ellos por la pira imposible) y la verdad ahí expuesta para la historia no fue suficiente, sino más bien concesión, para expulsar de la PGR a Jesús Murillo Karam.
De la misma manera cuando aún no había ni siquiera una averiguación en curso por parte del único constitucionalmente autorizado para investigar los hechos (de Nochixtlán); el Ministerio Público (los subversivos no dejaban entra a la PGR al pueblo), el Comisionado Enrique Galindo fue echado a la calle.
El gobierno llena el zompantli de sus opositores con las cabezas de sus colaboradores más disciplinados y silentes, y luego les regala dinero a manos llenas.
“El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que por órdenes del Presidente Enrique Peña Nieto y para fomentar el respeto a los derechos humanos, Enrique Galindo fue separado del cargo de Comisionado General de la Policía Federal.
“En su lugar fue nombrado Manelich Castilla Craviotto, a quien se le asignó mantener la coordinación con las dependencias federales y órdenes del Gobierno, así como seguir impulsando la formación y uso de protocolos sobre el uso de la fuerza.
“También se le ordenó a Manelich, quien fungía dos años como comisario de la Gendarmería Nacional, estrechar los lazos con organizaciones de la sociedad civil para restablecer la confianza”.
En esas condiciones el gobierno cede y cede. Cada vez más como si cada uno de esos ceses (Murillo, Galindo, Zerón De Lucio) fue un peldaño hacia arriba en la legitimación de una política, pero en verdad los peldaños se dirigen hacia el sótano.
Cesar a los funcionarios cuando las investigaciones aún están abiertas o pueden reabrirse, es compartir y validar el prejuicio ( o juicio anticipado) de los opositores.
Son eslabones en el cuento de nunca terminar; tanto como las intromisiones extranjeras al amparo de la infinita ingenuidad de habernos constituido no en parte sino en rehenes del “sistema interamericano de derechos humanos”, una patraña dirigida (el “Sistema”, no los DH) desde Washington, capital del país donde los Derechos Humanos no existen.
No al menos para los negros tiroteados por la espalda por policías iguales a los fronterizos cuyas armas se activan también de este lado de la frontera, ni para los pobladores civiles asesina dos en guerras de intervención o para los presos de Guantánamo y casi todo el sistema carcelario americano.
La paja en los ojos ajenos.
Y para acabarla de joder, ahí viene Trump.
La política de ceder y conceder termina con la pérdida del poder. Eso ya se sabe de sobra.
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–¿De cuándo a acá transportar dinero en efectivo es un delito?
Hasta donde se sabe no lo es. Como tampoco se conocen facultades de un puesto de revisión para constituirse en fiscal financiero y exigir, como en una auditoría, el origen del dinero transportado por una persona, sea o no funcionario público.
Pero en el mundo real, Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, ha sufrido una zancadilla aprovechada por el hallazgo de 600 mil pesos (ni son tantos) en una caja de zapatos dentro del auto de Pedro Pablo de Antuñano, su operador de confianza y Director Jurídico y de Gobierno en la delegación.
