Por: Guillermina Gómora
Dice el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Emilio Gamboa, que en febrero próximo se reanudará el análisis y se aprobará la reforma política del Distrito Federal, que se fue a la congeladora legislativa el pasado 14 de diciembre, cuando perredistas y panistas se entramparon en la negociación.
El punto de quiebre, recuerda Gamboa, fueron las nuevas atribuciones que se plantearon para lo que serían las alcaldías ––hoy delegaciones políticas–– y el tipo de asamblea que debía erigirse para redactar la nueva constitución local. Aquí el PRI y el PRD habían acordado crear dos asambleas, una ordinaria y otra constituyente. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada por el PAN.
Sí desean que transite durante la segunda quincena de febrero ––antes de la procesión electoral del 2015–– deberán considerar los partidos negociantes los siguientes puntos: Garantizar que las delegaciones transformadas en alcaldías tengan acceso a los recursos del ramo federal con base en la Ley de Coordinación Fiscal, además de definir las atribuciones con base en el ejercicio de gobierno de las ahora demarcaciones políticas del DF.
Aprobar el modelo de las dos asambleas, una legislativa integrada por los diputados a elegir el próximo 7 de junio, y otra constituyente formada por un grupo de expertos que redacte la nueva Constitución del estado 32, en que se convertirá la ciudad de México. En consecuencia, facultar al jefe de gobierno y a los integrantes del Congreso Constituyente a presentar las nuevas leyes.
Por último, deberán alcanzar el consenso sobre la repartición de los órganos de gobierno del nuevo Congreso, de acuerdo con la representatividad de cada partido. No hay que olvidar que el PRD es fuerza predominante desde hace años. De ahí los resquemores del PAN sobre la posible falta de equidad en la distribución de las presidencias en la Cámara local.
El proceso de reforma política del Distrito Federal se ha convertido a estas alturas en moneda de cambio entre las tres principales fuerzas políticas, que buscarán cosechar en las urnas los cambios y beneficios aprobados en el periodo ordinario de sesiones. Sobre todo ahora que el PRD anda de capa caída y disputa con Andrés Manuel López Obrador los puestos de elección popular en el principal bastión de la dividida izquierda.
La tercera es la vencida. La aprobación se atoró en diciembre de 2013 y diciembre de 2014. El debate no es nuevo; desde 2010 hasta 2014 se han presentado nueve iniciativas diferentes, pero ha estado sujeto a los intereses del grupo en el poder de los partidos políticos y no desde lo que conviene a la ciudad y sus habitantes.
Convertir al DF en el estado 32 demanda la construcción de consensos y respeto a los acuerdos políticos. PAN y PRI tienen en sus manos una oportunidad única para retomar el control de la ciudad de México. Algunos perredistas manifestaron su beneplácito por las declaraciones de Emilio Gamboa y esperan que convenza a sus pares en el Senado para que se apruebe.
Todo dependerá de las propuestas que se lleven a la mesa de negociación y de los interlocutores. Algunos panistas y perredistas sostienen que los senadores Mario Delgado y Miguel Barbosa no hicieron su tarea en diciembre pasado y por eso se pospuso. Los priistas son el fiel de la balanza en este debate ante la radicalización de los panistas y perredistas que se acusan mutuamente de manipulación. Bien harían en anteponer los intereses ciudadanos a los políticos.
Vericuentos
Beneficios reformas
Llegó la hora de los resultados para las reformas estructurales aprobadas en el Congreso. Al respecto, el senador David Penchyna considera que con la reforma energética se crearán más de medio millón de empleos en la actual administración, más de 2 millones y medio hacia el 2025 y que el país estará en posibilidad de crecer un punto porcentual cada año. Además de fomentar el uso de energías limpias y renovables. Ojalá.
Pendientes legislativos
Durante esta semana acudirán a comisiones en el Senado de la República expertos, académicos, gobernadores y presidentes municipales para que opinen sobre el dictamen de la Ley del Fiscal General de la República con sus dos fiscales, el de anticorrupción y contra delitos electorales. Un pendiente que urge atender ante los focos rojos que hay en el país.