Mientras se preserva la elección popular para ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal Electoral, se señala que los comités de selección y la figura de «jueces sin rostro» no cumplen con los requisitos democráticos mínimos
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha presentado un proyecto de resolución que cuestiona varios puntos de la reciente reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo la elección por voto popular de jueces y magistrados. Este proyecto, que será discutido en el Pleno en los próximos días, propone validar únicamente la elección de magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) bajo este esquema, mientras que otros elementos de la reforma, como la elección de magistrados de circuito y jueces de distrito, se consideran inconstitucionales.
González Alcántara argumenta que el modelo electoral para las magistraturas del TEPJF es más viable al efectuarse por circunscripciones plurinominales, donde la cantidad de candidatos es reducida, facilitando un voto informado de los ciudadanos. Además, plantea que el mecanismo propuesto respeta los estándares democráticos mínimos, lo que difiere de la elección masiva de jueces por circuitos judiciales, la cual considera inadecuada y susceptible a conflictos.
Invalidaciones clave en la reforma judicial
El proyecto también impugna varios aspectos de la reforma, entre ellos, la figura de «jueces sin rostro» para preservar la identidad de jueces en casos penales, calificándola de incompatible con el sistema de justicia adversarial y el derecho al debido proceso. Asimismo, sugiere la anulación del mecanismo de selección de jueces mediante comités de evaluación, aludiendo a la falta de independencia en estos procesos.
En cuanto a la elección de ministros de la SCJN, el proyecto de González Alcántara opta por una postura de autocontención al no pronunciarse sobre su elección popular, como un intento de estabilizar la relación entre los poderes de la Unión y resolver la crisis constitucional que se vive en el país.
Oposición y reacción oficial
La propuesta de invalidación no ha pasado desapercibida. Líderes de oposición, como Gerardo Fernández Noroña, han calificado la resolución de la SCJN como provocadora, advirtiendo sobre un posible enfrentamiento entre poderes si la Corte continúa desafiando las reformas promovidas por el Congreso. Aunque aún no se han pronunciado de forma oficial figuras de la Cuarta Transformación, el proyecto de González Alcántara podría generar nuevas tensiones en un contexto donde el Congreso se encuentra deliberando propuestas para limitar el alcance del Poder Judicial sobre reformas constitucionales.
Por su parte, la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha criticado el análisis de constitucionalidad de la reforma por parte de la SCJN en medio de una discusión legislativa que busca impedir la impugnación de reformas a la Constitución.
Perspectiva hacia la resolución
La decisión final de la SCJN será determinante para el futuro de la reforma judicial. Para que el proyecto de González Alcántara prospere, necesita el respaldo de al menos ocho de los 11 ministros de la Corte, quienes evaluarán si este proceso electoral, basado en la intervención ciudadana en la elección de figuras judiciales, respeta la autonomía judicial y el principio de separación de poderes. La votación se espera antes del 30 de noviembre, fecha en que termina el periodo del ministro Luis María Aguilar.
La reforma judicial también ha impulsado el proceso electoral del próximo año, ya que en junio de 2025 se llevarán a cabo elecciones para renovar a ministros, magistrados y jueces federales, una medida sin precedentes que podría modificar significativamente la estructura judicial en México.