Plazos y venganzas, charolas y memorias

 

Pues sí, no hay plazo sin cumplimiento ni capilla sin fiestecita.

El nuevo sistema acusatorio de Justicia Penal con su elemento central de oralidad y plenitud de garantías y Derechos Humanos se inicia formalmente, con una inusual ceremonia de media noche (como bienvenida de un año nuevo)  para darle arranque en la noche tibia y ruidosa, en el mero Altar a la Patria,  cuyos minaretes, flamas, candelas gigantes  o espárragos viles –cada uno alzado en memoria de un infante heroico–, se tiñen con los colores nacionales –el mármol se hace bandera–;  y hay himnos y abrazos y parabienes y festejo esperanzado, mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Luis María Aguilar, pide  severo y sentencioso no fallarle a una sociedad agraviada y dolida; “escéptica y victimizada”, seguramente –eso no lo dice–, por los muchos años acumulados de justicia torpe, lerda, rezagada, errónea, venal,  basada en el imperio del legajo y el juzgador ausente.

Avanza la Nación, de eso no hay duda, en solamente una semana vimos la instauración jurídica y legislativa del Sistema Nacional Anticorrupción, si bien con jalones y desgarramientos; empresarios furiosos por habérseles incluido en el capítulo de la rendición de haberes y exposición de cuentas y estados fiscales –venganza, venganza, gritaban desde las páginas del Reforma–,  y ahora la oralidad como panacea y remedio infalible contra la injusticia.

Todo eso en una semana aun cuando la ya dicha revolución judicial se venía cocinando desde hacía ocho años y por eso nos hemos referido al plazo fatal cuyo cumplimiento solo es cosa del tiempo, el sabio tiempo cuyo paso silencioso lo cura o lo agrava todo y en la buena conciencia viene a ser sabia virtud.

Pero en el impresionante y colorido escenario de la fecha, en el salto de las manecillas del día 17 al día 18, cuando ya no quedan clientes en “El mirador” o “El bosque”; los restaurantes vecinos al patriótico altar, el Presidente de la República nos dice:

“…Los mexicanos podemos y debemos sentirnos orgullosos, por haber hecho realidad la transformación jurídica más trascendente de los últimos 100 años.

“Al concluir la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, damos un paso decisivo para brindar a la sociedad una justicia más cercana, transparente y eficaz.

“Para dimensionar este gran esfuerzo, basta señalar que en los últimos ocho años se han invertido más de 21 mil millones de pesos en la implementación de la reforma; 89 por ciento de los cuales se han ejercido en esta Administración.

“El mérito de esta transformación es colectivo.

“Desde aquí, expreso mi más amplio reconocimiento a quienes participaron en este cambio histórico.

“De manera puntual, valoro la labor de los integrantes del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y de su Secretaría Técnica, quienes guiaron los esfuerzos para cumplir con el plazo establecido en la reforma constitucional.

“A nivel local, a la gobernadora y los gobernadores, así como al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quienes impulsaron decididamente este proceso, así lo acredita la capacitación de más de 400 mil operadores del sistema, y de más de 240 mil elementos de seguridad pública”.

Injusticia y corrupción se abaten con justicia y legalidad. Así de simple.

Y por eso las siete leyes del sistema anticorrupción (como las siete vidas de un gato) ya son realidad, pésele a quien le pese y gústele a quien le guste y todo estamos felices y comeremos perdices, como decían antaño los madrileños.

Pero queda por ahí un  detalle suelto: la actitud de los empresarios, la forma violenta como reaccionaron algunos integrantes del sindicato patronal más poderoso, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la cual puede ser cualquier cosa menos apolítica y ha vivido en este sexenio en una bipolaridad notable, cuyos peores momentos se dieron cuando la Reforma Fiscal y cuyo enojo ahora se manifiesta contra el régimen (no solo contra el por la inclusión de sus representados en un recurso invocado (cosa paradójica), por ellos mismos, pues no es creíble ninguna autonomía en el ya célebre instituto  pro Competitividad (IMCO), cuyo adalid y portavoz, el señor Juan Pardina se ha convertido en una sucursal de la conciencia de la patria con todo y la pendencia contra Pablo Escudero en torno de la existencia o inexistencia de los formatos para manifestar las obligaciones de manifestación patrimonial, fiscal y etc, en los documentos originales.

Sin embargo la parte más débil de la argumentación patronal en la furia generada contra los legisladores fue calificar su inclusión como una «ocurrencia» por la cual protestaron hasta hacer temblar las alas de la Victoria en Reforma y Florencia.

En  todo caso, si fuera una ocurrencia, no es de ninguna manera original, pues en la Convención  de las Naciones Unidas en torno de la corrupción y su combate, ya se habla de la inclusión de las empresas particulares en el sistema de purificación.

Vea usted esto, es el capítulo d(los Estados ) evosa. restos a presentar dicho adendo en la noche famosa de la » alas de la Victoria en Refrma y Florencia.uyo eécimo segundo de la dicha convención. Y no lo hicieron ni Escudero ni los 18 senadores del PAN prestos a presentar dicho agregado en la sesión famosa de la nocturnidad alevosa del miércoles anterior.

“ (Deben) Velar (los Estados) por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y tamaño, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción, y por que las cuentas y los estados financieros requeridos de esas empresas privadas estén sujetos a procedimientos apropiados de auditoría y certificación.

“3. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus leyes (hasta la 3 de 3 ) y reglamentos internos relativos al mantenimiento de libros y registros, la divulgación de estados financieros y las normas de contabilidad y auditoría, para prohibir los siguientes actos realizados con el fin de cometer cualesquiera de los delitos tipificados con

arreglo a la presente Convención:

“a).-El establecimiento de cuentas no registradas en libros;

“b).- La realización de operaciones no registradas en libros o mal consignadas;

“c).- El registro de gastos inexistentes;

“d).- El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su objeto;

“e)  La utilización de documentos falsos; y

“f)  La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo previsto en la ley.

“4. Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de gastos que constituyan soborno, que es uno de los elementos constitutivos de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 15 y 16 de la presente Convención y, cuando proceda, respecto de otros gastos que hayan tenido por objeto promover un comportamiento corrupto”.

Pero si alguna vez Valentín Pimpstein nos dijo cómo también lloran los ricos, la ONU nos previene de cómo a veces transan y avanzan y ganan fortunas asociados con los funcionarios por cuyas manos se recibe y distribuye después el dinero público, forraje infalible para alimentar grandes consorcios cuya prosperidad sería imposible sin  las ventas o servicios al gobierno.

Y en ese capítulo están concesionarios, licenciatarios, proveedores y demás.

Los sesudos investigadores sociales y políticos de este país, los habitantes de los grandes centros del pensamiento como el CIDE; el ITAM y algunos más, hasta el IMCO (con sus asegunes pues no es una organización académica en el sentido lato) tiene pendiente una tarea al menos consecuente con  sus preocupaciones moralizantes: la verdadera contabilidad de las privatizaciones nacionales en tiempos del salinato, cuando una empresa entera de aviación se vendía en menos del precio de un avión, por ejemplo.

¿Cuántas fortunas inexplicables se hicieron al amparo de privatizaciones cuyos “libros blancos” parecerían algunos escritos por Lewis Carrol?

No sólo esa enorme fortuna en la cual todos piensan cuando hablan de riqueza incontable; o, muchos otros negocios de comunicaciones, televisión, salas de cine, fábricas diversas y la enorme variedad de empresas públicas cuyo volumen formaba algo desparecido ya hasta de la papelería oficial: el Patrimonio Nacional, cuya existencia simplemente se desvaneció  en el tiempo y la modernidad.

No hablemos, no mencionemos siquiera la corrupción política de los empresarios. Les molesta a los barones.

Pero tampoco olvidemos episodios como aquel famoso “pase de charola” en la casa de Antonio Ortiz Mena a fines del siglo pasado. Y no hace tanto, en verdad. Nadie salió en esa ocasión protestar a la calle por algo tan simple: publicar sus declaraciones del dinero obtenido mediante contratos con el gobierno.

–¿Es eso tan difícil?

Pues al parecer sí, cuando el comal conversa con la olla.