Leo, quizá con anacrónica nostalgia el texto de la constitución mexicana vigente en el año 2007 y veo en el artículo 89 las facultades presidenciales. Entre ellas dice (XIV) “…Conceder conforme a las leyes indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal”.
Potestad Ejecutiva, pues, esa de decirle a un señor, ahí va el indulto, como podría hacer –perdón por el símil–, un usía en la Plaza de toros mientras la parroquia agita los pañuelos blancos y el burel regresa vivo a las corraletas.
Hace tiempo el hoy celebrado profesor Alberto Patishtán, en cuyos discursos de liberación se advierten ecos y rumores de Gandhi, Mandela y hasta el comercializado Dalai Lama, palabrería cadenciosa de tzotzil sobresaliente, mezclada entre gratitudes a la divinidad, misterio ante el futuro y romanticismos sobre la imposibilidad de encarcelar el espíritu (“…once meses quince días estuve yo en la prisión…”, decía Juan Pérez Jolote en la obra de Ricardo Pozas), renegaba de perdones y se rehusaba a recibir los frutos de la misericordia, pues quien acepta el perdón acepta el delito y quien eso hace se revela culpable y él nunca lo ha sido ni de ese ni de ningún otro pecado civil por el cual se le hubiera podido procesar, pues no fue suya la responsabilidad en la aciaga tarde cuando fueron asesinados siete policías en una emboscada en un olvidado paraje de Chiapas.
–“¿Quién es Pathistán? Pathistán soy yo. Una persona que no sólo oigo, sino escucho. Soy una persona que está perdiendo la vista, pero lo veo claramente.
“Es uno que solamente vio lo que estaba pasando, quedó mirando, quedó viendo lo que estaba pasando en aquellos años, en que nuestros gobernantes han dicho que ya no hay esclavitud. Pero me topé que como indio existe el olvidó y la marginación de los pobres.
“¿Qué significa la libertad? Yo sentí que desde el primer día que llegué a la cárcel estoy libre… estoy libre en conciencia, y ante los ojos de Dios. Si dejo de reír, es un día perdido para mí”.
Pero más allá de las logradas cadencias del profesor cuyos años de encierro injusto (todas las instancias judiciales opinaron lo contrario) terminaron con la aplicación “discrecional” de la facultad Ejecutiva de indultar a quien se pueda por violaciones sistemáticas a sus Derechos Humanos especialmente en el campo de lo procesal; se abre una avenida promisoria para algunos, peligrosa para otros.
Por lo pronto el Derecho Procesal se pone por encima del Derecho Penal, como debe ser. La forma determina el fondo y la culpa no se borra pero tampoco se inventa. ¿Pero dónde quedó la bolita? Diría el tahúr de feria.
Sin embargo los hechos ahí están: si el profesor no cometió el delito (insinuarlo siquiera es una nueva herejía) , una vez más estamos frente al crimen perfecto, pues los responsables, culpables; reales autores del múltiple crimen, ni han sido aprehendidos ni mucho manos llevados a juicio, ni condenados, ni siquiera identificados, y los años pasan y las cosas pierden su perfil y se diluyen y se evanescen.
Visto así el sistema judicial es una maravilla: merced a la injusta prisión de alguien, se borra la necesaria prisión de otros. Entonces a los delitos cometidos se suman otros para inventar un culpable y entonces se debe agregar la felonía misma de haberlo inventado y metido a la sombra. Vaya espiral podrida.
Pero al final todos quedan libres, los inocentes agraviados, los culpables originales y las malas autoridades capaces de armar todo el embrollo del juego espejeante de las culpas, las disculpas y hasta los indultos.
Ya no cabe aquí la vieja leyenda urbana de las comisiones de derechos humanos como defensoras de culpables y delincuentes. No existen ni los unos ni los otros. Provistos de buenos abogados, para quienes la mínima desviación en un proceso –hasta el color del papel—se considera una violación al debido proceso, miles de reos podrían disfrutar otra vida, valga o no valga la invocación de su inocencia.
Henos llegado al mundo del absurdo pleno: entre los internos están los inocentes y en las calles están los asesinos. El sistema encarcela a los primeros y permite el ocultamiento de los segundos. Después libera a los injustamente apresados y todos conviven en el peor de los mundos posibles. La plena inocencia en un mundo de querubines, serafines y presencias angelicales donde no hay delincuentes, pero sí hay víctimas.
Quizá por eso el centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé , dice:
“…La petición de reparación del daño y castigo a los culpables del encarcelamiento injusto de Alberto Patishtán sigue en pie ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que podría dar una respuesta preliminar sobre el caso en el primer semestre de 2014, afirmó el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Víctor Hugo López.
“Si bien el indulto favorece hoy a Patishtán, todavía hay pendientes en la justicia, como reconocer su inocencia sin lugar a dudas. El fondo del asunto es el reconocimiento de las arbitrariedades cometidas contra el profesor y el esclarecimiento de los hechos, porque la emboscada (del 12 de junio de 2000) sí ocurrió y murieron siete personas, indicó”.
Pero esas siete personas muertas no guardan importancia ninguna. Por ellos (eran policías) no se alzaron movilizaciones internacionales ni las buenas conciencia pidieron justicia. Ni su memoria ni sus familias han sido tomados en cuenta por el anchuroso caudal de lo políticamente correcto. ¿Quién mete las manos por policías vivos o muertos? Nadie.
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En esta ciudad, en esta semana se deberá decidir quién se hace cargo de la Comisión capitalina de los Derechos Humanos.
Uno de los aspirantes, Edgar Cortés, ofrece un punto de vista interesante: hacer de la CDHDF “una institución proactiva en el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, junto con los poderes ejecutivo y legislativo locales, para ubicar y atender los rezagos y las deficiencias en derechos básicos como el agua, la vivienda, el uso y disfrute de espacios públicos”, entre otras y no solamente un receptáculo de quejas.
Se trata de esto, dice Cortés cuya labor en el Centro Pro (como se le conoce generalmente) entre otras organizaciones de DH (Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. A.C) , es de sobra conocida:
“Luego de la reforma constitucional de derechos humanos en 2011, la vigencia de éstos ya no es un asunto exclusivo de la Comisión capitalina sino una responsabilidad que convoca a todas las autoridades.
“Eso obligaría a rediseñar la interacción de esa institución con todos los órganos de gobierno Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero manteniendo y fortaleciendo su autonomía, lo que no significa estar exenta de rendir cuentas.
“La ALDF, la CDHDF y la sociedad civil, deben desarrollar una metodología, para evaluar con criterios claros y previamente establecidos, el desempeño de la institución. Esto permitiría que la CDHDF reciba retroalimentación constante respecto de su desempeño y al momento de elegir o ratificar a su titular se tenga una idea del estado de ese organismo público, de sus necesidades y del titular idóneo, y no dejarlo a la coyuntura política del momento.
“…uno de los principales retos para esta ciudad está relacionado con la sustentabilidad: hacer de esta una ciudad habitable que provea eficientemente servicios que favorezcan la vida y la convivencia de quienes la habitamos”.
Cortés ha recibido el apoyo de organizaciones como Equipo Pueblo, Casa y Ciudad, México S.O.S., Afluentes, y Serapaz; de centros de derechos humanos como el “Miguel Agustín Pro Juárez” y el “Fray Francisco de Vitoria”; de movimientos sociales como la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, la Red de Género y Medio Ambiente, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, y la Red de organismos civiles de derechos humanos “Todos los derechos para todas y todos. También lo respaldan Don Miguel Concha, Guadalupe Morfín, Rubén Aguilar y Eduardo Gallo (ex presidente de México Unido Contra la Delincuencia) y algunas otras personas e instituciones.
