Por Guillermina Gómora
Tal como lo comentamos la semana pasada, la presencia y expansión de las policías comunitarias en diversas entidades del país se han convertido en un problema de Estado. La voz de alerta la dio el líder del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, al afirmar: “No generemos signos de ingobernabilidad mayor en el país. Atendamos puntualmente lo que es de nuestra responsabilidad. Que ningún gobernante se refugie, o refugie su incapacidad en guardias comunitarias”.
En efecto, la incapacidad, negligencia e incluso complicidad de autoridades de primer y segundo nivel con las guardias comunitarias se debe atajar con la aplicación de la ley para evitar estructuras alternas de dudoso origen y proceder como son estos grupos civiles armados integrados por gente con diversos intereses e ideologías, que no siempre buscan el bien común. Ilegales, sin lugar a dudas, y que podrían ser la semilla de organizaciones paramilitares que pongan en riesgo al sistema político mexicano.
Desde esta perspectiva, respaldar a los encapuchados sólo fortalece la impunidad con la que se conducen y le resta credibilidad y seriedad al gobierno priista que regresa al poder y busca recuperar la confianza ciudadana en las autoridades, luego de la “docena trágica panista” que dejó miles de muertos y víctimas. Manlio Fabio conoce del tema y por ello advierte: “Hay que evitar que la incapacidad que existe en algunos estados para poder brindar la seguridad que merecen los ciudadanos sea sustituida por una organización civil que no está debidamente capacitada para ese efecto”.
Pero no es la única voz discordante con el “espaldarazo” a las guardias comunitarias. El diputado Alejandro Montano, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, considera que se deben aplicar sanciones a los funcionarios municipales o estatales que provoquen situaciones de ingobernabilidad. Señala que el Senado de la República es el responsable de realizar estas observaciones de manera enérgica y, si es necesario promover el cambio de poder, pues están faltando a su compromiso de garantizar la paz y seguridad social.
Montano afirma que: “el gobierno federal está obligado a atender, no a reconocer”, a este tipo de movimientos, que desaparecerán en la medida que las autoridades resuelvan de manera eficaz las necesidades de seguridad en estados y municipios. Admite que “sí existen focos de alerta” ante la fuerte presencia del narcotráfico y el crimen organizado, por lo tanto no se le pude eximir de su responsabilidad a los tres niveles de gobierno.
En el mismo tenor se manifestó la presidente de la organización ciudadana Causa Común, María Elena Morera, al afirmar: “Los puedo comprender, pero no estoy a favor de eso. Si cada quien va a regirse por la ley que quiere, ¡qué México podemos tener! Y alertó sobre el riesgo de que la aparición de estos grupos derive en “un tipo de paramilitarización” en algunas zonas del país.
Así las cosas, urge establecer reglas claras, respaldadas por la Constitución, para disolver o integrar a estos grupos en los esquemas de seguridad oficiales y evitar que se legalice la anarquía, como lo planteó el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, al declarar que: “las guardias comunitarias cuentan con todo el respaldo del gobierno de la república”, y agregó: “quienes integran esas organizaciones civiles no hicieron nada al margen de la ley en Guerrero”. ¿No? ¿Y los retenes y el secuestro de las 54 personas? ¡Aguas! Las réplicas en Oaxaca, Estado de México y Michoacán no deben tomarse con ligereza, se debe actuar ya.
Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, reveló a Milenio Diario (14/02/13) que los grupos de autodefensa en México degenerarán en paramilitares y que si no se desactivan, terminarán por formar parte de la espiral de violencia que se pretende combatir. El especialista se fue más fondo y señaló: “siempre se transforman en grupos paramilitares: dejan a un lado la defensa y adoptan una actitud ofensiva, de limpieza de adversarios; esto se dio con los Matazetas y se observó en Cherán (Michoacán)”… La única solución para que desaparezcan las autodefensas, advirtió, es que policías, fiscales, jueces y sistema penitenciario cumplan su función, lo que no ocurre en México, que aún no deja de deslizarse hacia el abismo y continúa en una orgía de corrupción generalizada.
Lamentablemente es así, la procuración e impartición de justicia a modo es el pan de todos los días en nuestro país. El titular de la Segob debería meditar sobre los alcances de negociar con estos grupos de encapuchados. El hartazgo social alcanzó niveles preocupantes y no es momento de compartir el poder y el control de la seguridad, que es potestad del Estado. Basta recordar lo sucedido el pasado 1 de diciembre, y cómo la ALDF torció la ley para favorecer y liberar a los vándalos. Nadie puede estar por encima de la ley ni hacer justicia por su propia mano. No vaya a ser como les dijo Alejandro Martí a los ministros de la Suprema Corte sobre el caso Cassez: ¿Sabrán sobre los demonios que desataron?
Vericuentos
Ausencias en la Conago
Los integrantes del Club de Toby, conocido como la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se fueron rayados, pues desayunaron y comieron en la Casa Chihuahua con el presidente Enrique Peña, a diferencia de otras épocas donde sólo se realizaba el acto oficial y se iban. Por cierto, fue notoria la ausencia de los mandatarios de Guerrero y las dos Baja Californias. Y como dirían las abuelas: la cabra tira al monte, y el izquierdista, de temporada, de raíces priistas, Mario López Valdez, mandamás en Sinaloa, entró al relevo de César Duarte al frente del organismo.
Vándalos con licencia
La Asamblea Legislativa del DF le otorgó fuero a José Luis Ramírez Alcántara, alias El Chompiras, en diciembre pasado. Este sujeto es uno de los destroyers del Centro Histórico. Pobrecito, decían los legisladores, había sufrido maltrato. ¡Vaya ficha! Hoy ejerce el privilegio otorgado y azuza a los paristas encapuchados que mantienen tomadas las instalaciones de las oficinas administrativas del CCH en Ciudad Universitaria. El vándalo forma parte de la mesa de diálogo con autoridades de la UNAM y exige a los periodistas identificarse, aunque ellos no den la cara, y además pide copia de los materiales a publicar. ¡Cínico! Como sus padrinos los asambleístas.
