Si nos atuviéramos a las presumiblemente bien informadas palabras de los funcionarios del Poder Ejecutivo, este desdichado país es patria de helados infanticidas, miembros del “sicariato” (palabra inventada por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont); saboteadores y criminales de diversa laya para quienes en muchas ocasiones no hay castigo.
Nada mal para vestirse de fiesta y presumir los hallazgos de la transición democrática en los aniversarios de la Independencia y la Revolución.
De acuerdo con hipótesis oficiales en “vías de consolidación”, el crimen más espantoso cometido en nuestra historia reciente –quemar vivos en una guardería del IMSS en Sonora a 49 niños; ninguno de ellos con más de tres años de edad–, no fue obra ni de narcotraficantes, ni de sicarios; matones, asesinos a sueldo o como se les quiera llamar, sino del poder público.
Tampoco fue –hasta donde se sabe–, obra de un piquete de paramilitares como ocurrió en Acteal ni de criminales terroristas de ningún extremo ni tampoco de guerrilleros asesinos o drogadictos peligrosos. Fue un crimen político.
Al menos eso sugirió el señor Gómez Mont en Sonora donde sus palabras causaron todo menos tranquilidad o confianza en las investigaciones del Poder Ejecutivo. Quizá por eso ahora todo mundo mira hacia la Suprema Corte de Justicia. “El imparcial” de Sonora publicó a media semana (como todos los diarios):
“El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que existen indicios para consolidar la hipótesis de que el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños hace ya casi un año, fue producto “de actos intencionales”.
Como se ve el elusivo e impreciso lenguaje del abogado FGM es notable: “indicios para consolidar hipótesis (¿hipótesis de quién?) y “actos intencionales”; sin paternidad conocida ni identidad revelada.
“Dijo –sigue “El imparcial”– que “es inocultable e ineludible asumir que esta es una tragedia que se produjo por indolencia y la negligencia de aparatos burocráticos, sobre todo del orden estatal, que en su momento decidieron abrir una fuente de riesgo cercana a la guardería”, subrayó.
Obviamente la apertura de una “fuente de riesgo” (allá en el riesgo había un chorrito…) no es en sí misma un acto deliberadamente infanticida, sino como él mismo dice, “de indolencia y negligencia”. Pero eso ya lo sabíamos desde el primer día de la desgracia.
“Adelantó –dice para concluir el rotativo sonorense–, que el gobierno federal estará pendiente de este caso: “Se tendrá que acabar tomando decisiones a nivel del Ministerio Público Federal sobre los resultados finales de las investigaciones, aunque difícilmente esta herida sanará solamente mediante el castigo y la sanción ejemplar a los responsables”, indicó.
Muy notable es el asunto si algún día “se tendrá que acabar tomando decisiones a nivel del Ministerio Público Federal” cuando por ahí se debió haber comenzado. Esto significa algo muy simple: después de la exoneración pronunciada por el anterior procurador, Manuel Medina Mora quien dijo (y cumplió), “nadie irá a la cárcel por actos imprudentes”, el relevo en la PGR no ha hecho sino respirar el aire de las alturas.
Quizá por eso uno de los columnistas de ese diario de Hermosillo — Sergio Valle– ha escrito:
“Si el secretario de Gobernación pensaba venir a calmar los ánimos de los padres de la guardería ABC, consiguió exactamente lo contrario. Ahora, si el propósito era uno no publicado, pues había que dar una nota escandalosa para que todos nos fuéramos por ese lado y no averiguar el verdadero motivo de esa sorpresiva visita.
“Y si fue una cortina de humo, no se antoja responsable que el segundo hombre en el Gobierno federal haya venido a Sonora a presumir que el incendio fue intencional y cargarle todas las pulgas al Gobierno del Estado, al anterior, porque se instaló una bodega contigua a la guardería, cuando el IMSS debería tener mecanismos para verificar la seguridad de las estancias, así que tan culpable uno como el otro.
“Ya falta menos de un mes para que se cumpla un año de la tragedia y lo menos que merecen esos niños, es que se honre su memoria hablando con la verdad y no venir a retacar más el costal de especulaciones que han surgido alrededor de ese tema”.
Pero la pronunciación de palabras sin sustento ni consecuencia (en un país serio esa acusación de un ministro del Interior o su equivalente habría causado inimaginable repercusión) es una especialidad del gobierno. En ese y en otros temas. Solamente para comparar valgan estos datos: el secretario Gómez Mont habla de actos intencionales sobre los cuales no especifica ni explica.
Ese mismo día la Suprema Corte de Justicia divulga los componentes del caso, cuya primera fase de investigación concluyó el primero de marzo:
“El expediente de actuaciones se conforma por siete tomos con un total de 3 mil 370 hojas; tiene 38 anexos conformados por un millón de hojas aproximadamente; incluye 617 publicaciones hemerográficas; 117 fotografías y mas de 15 horas de video proporcionadas por los medios de comunicación”. Además ahora se le podrá incluir una acusación directa: “comisión de actos intencionales”.
Pero el crimen múltiple ya va para un año y nadie sabe nada. O quien sabe todo esto y más no quiere mover un dedo.
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En la ciudad de México revientan en una semana cinco instalaciones subterráneas en el centro de la ciudad y se produce un número indeterminado de apagones por todas partes.
Desde la secretaría de Energía la señora Georgina Kessel (quien por otra parte nada ha dicho sobre cómo las empresas escogidas para sacar el “tesorito” del Golfo de México producen el derrame de petróleo más grande la historia en costas cercanas a las nuestras), informa contrita de cómo ha habido evidencia de actos intencionales en esos accidentes eléctricos. Y con inusitada presteza la secretaría de Gobernación anuncia un centro de reacción instantánea contra sabotajes.
Al anunciar este poderoso centro, el subsecretario Roberto Gil, uno de los elocuentes panistas de la nueva generación, larga una parrafada estremecedora: “hay evidencia robusta, sólida y suficiente” de “actos intencionales e intervención dolosa” en los accidentes ya dichos. O sea, manos criminales han saboteado el servicio público de energía.
Y si aquí se permite una pregunta por parte de esta columna al señor subsecretario, pues vaya . Evidencia “robusta, sólida y suficiente”. ¿Con esas condiciones como de panza de banquero, no podría actuar el Ministerio Público? ¿Se debe esperar algo más? ¿O se trata de una “echada” más?
Pero los ojos se vuelven contra el SME o al menos contra aquellos de sus integrantes fuera de la huelga de hambre en el Zócalo a quienes Gil les pide levantar el recurso de protesta y confiar en el gobierno. Difícilmente éstos podrían hacer ambas cosas.
Y en la acusación del sabotaje, hallan la alegre e inmediata colaboración de Alejandro Muñoz, un esquirol enemigo de Martín Esparza, quien revela la existencia de tiradores cuyas armas dañan irremediablemente los transformadores, sin explicar cómo el daño a uno de estos aparatos –colocados arriba de los postes–, causa una explosión debajo de la banqueta.
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Concluyen las investigaciones y en ellas se dice con claridad: los muchachos muertos en el Tec de Monterrey fueron abatidos –informa el ubicuo secretario Gómez Mont–, por los delincuentes y no por los soldados. Es decir, no fueron parte de la estadística del mínimo daño colateral. Bendito sea Dios.
Pero de cualquier manera tanto por este caso como por el de Tamaulipas y otros muchos, valdría la pena revisar la propuesta del diputado Rubén Moreira quien ha planteado la necesidad de contar en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado con una definición clara para reparar los daños indirectos (y se supone involuntarios) contra quienes no traen vela al entierro en la guerra contra el narco.
“En ese contexto –dice su iniciativa–, considero urgente que todo mexicano, a partir de normas que respondan a los tiempos y circunstancias que vive nuestro país, se encuentre en posibilidad de reclamar al Estado una justa indemnización por los daños y perjuicios que le sean causados o se le generen en su integridad física, moral, o en su patrimonio como consecuencia de actos o acciones ilegales o indebidas, realizadas por los elementos que integran los cuerpos de seguridad y defensa del propio Estado.
“No es tolerable, en un Estado democrático y de derecho, que a pretexto del combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada y a sus actividades ilegales, las instituciones públicas causen daño, en muchas ocasiones irreparable, a personas o familias inocentes e igual de reprochable es que éstas no puedan recurrir a la reparación de los daños y perjuicios que les hayan sido ocasionados porque que no existen normas, medios y procedimientos para ese fin”.
