Denunciaron la exclusión de expertos forenses argentinos en la investigación y exigieron transparencia en la entrega de documentos militares clave
A casi una década de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, los padres y madres de los jóvenes continúan su lucha incansable por la verdad y la justicia. En una rueda de prensa reciente, denunciaron su desconfianza hacia la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno federal, reiterando su rechazo a los resultados del análisis de restos óseos hallados en Guerrero, debido a la exclusión de expertos forenses de su confianza en la investigación.
Desconfianza en las autoridades
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, junto con los padres y el equipo legal de los normalistas, subrayaron que el Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha acompañado el caso desde el inicio, no fue convocado para analizar los restos óseos encontrados. «No vamos a validar los resultados porque se trata de un análisis unilateral», enfatizó Melitón Ortega, padre de uno de los desaparecidos, ante la ausencia de un peritaje internacional confiable.
La FGR ha intentado utilizar un método experimental de identificación genética por vía mitocondrial, lo cual genera más dudas entre los familiares, ya que en el pasado este método ha provocado resultados dolorosos e inciertos. Los padres temen que el cierre del sexenio del presidente López Obrador pueda precipitar anuncios no corroborados que solo confundirán más el proceso.
Exigencias de transparencia
Además de la cuestión de los restos óseos, los familiares de los 43 normalistas exigen al gobierno federal la entrega completa de los 800 folios de inteligencia militar que podrían contener información crucial sobre el caso. Hasta ahora, solo 15 folios han sido entregados, revelando nuevas pistas, como una conversación que sugiere la existencia de cuerpos en una laguna. Sin embargo, la falta de transparencia y la entrega fragmentada de documentos han impedido un avance significativo en la investigación.
Mario González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, cuestionó la reticencia del Ejército a proporcionar la información completa. «Queremos saber qué hay en los 800 folios de inteligencia militar, pero desafortunadamente se usa la cerrazón para perder tiempo», señaló.
Indicios de la participación del ejército
El abogado Vidulfo Rosales destacó la existencia de documentos militares que implican la posible participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes. Entre estos documentos, hay menciones de comunicaciones interceptadas que hablan de la entrega de estudiantes a la organización criminal Guerreros Unidos y de su detención en instalaciones militares y policiales. Estas revelaciones, corroboradas por un testigo protegido, refuerzan la demanda de investigar a fondo el papel de las fuerzas armadas en los hechos del 26 de septiembre de 2014.
Los padres de los normalistas también recordaron los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que apuntan a una posible complicidad y encubrimiento por parte de las autoridades. A pesar de estas evidencias, el acceso a información crucial, como las grabaciones de las cámaras de seguridad de Iguala, ha sido obstaculizado.
Justicia y reparación del daño
Cristina Bautista, madre de uno de los desaparecidos, expresó la desesperación y la determinación de las familias después de casi diez años de búsqueda: «Queremos saber dónde están nuestros hijos y seguimos exigiendo justicia y reparación del daño». Las familias piden acciones judiciales contundentes contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y otros implicados que han sido liberados por falta de pruebas.
Ante la próxima reunión con el presidente López Obrador el 3 de julio, los padres y madres de los normalistas esperan que se entreguen nuevas informaciones del caso. Sin embargo, insisten en que cualquier resultado que no sea validado por peritos internacionales de confianza solo perpetuará el dolor y la incertidumbre que han sufrido durante casi una década.
Finalmente, los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúan su lucha incansable por la verdad y la justicia, enfrentando la desconfianza hacia las autoridades y demandando transparencia y rendición de cuentas en uno de los casos más dolorosos de la historia reciente de México.