Vidulfo Rosales, abogado y vocero de las familias, anunció que esta fue la última reunión con el mandatario, quien concluirá su mandato sin cumplir su promesa de resolver el caso

Casi una década después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el diálogo entre los padres de las víctimas y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llegado a su fin. En una reunión celebrada este martes en el Palacio Nacional, Vidulfo Rosales, abogado y vocero de las familias, anunció que esta sería la última reunión con el mandatario, quien concluirá su mandato sin haber cumplido su promesa de resolver el caso.

Rosales expresó que, a pesar de algunas detenciones recientes, no se han logrado avances significativos en las investigaciones. Entre los arrestos se encuentra Marco Antonio Ríos Berber, alias «La Pompa», presunto miembro del grupo criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, según el vocero, los avances se han quedado cortos, especialmente en lo relacionado con la implicación del Ejército y la obtención de información crucial para esclarecer el paradero de los estudiantes.

“El diálogo ha caído a niveles muy bajos”, lamentó Rosales, indicando que las reuniones con el presidente se han convertido en confrontaciones más que en oportunidades de progreso. Los padres de los 43 normalistas expresaron su frustración ante la falta de respuesta a sus principales demandas, como la entrega de documentos del Ejército y la detención de altos mandos militares implicados.

La ruptura del diálogo se da en un contexto de creciente tensión entre las familias de las víctimas y el Gobierno. En los últimos años, las investigaciones se han estancado, especialmente desde 2021, cuando los esfuerzos por acceder a información clave del Ejército se encontraron con obstáculos insalvables.

Rosales afirmó que los padres esperan redirigir el diálogo con el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1 de octubre. “Esperemos que con el nuevo Gobierno se pueda restablecer el diálogo”, comentó al salir del encuentro con López Obrador.

Por su parte, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, insistió en que las investigaciones y búsquedas en campo continúan, aunque reconoció que las familias no estarán satisfechas hasta que se encuentren los cuerpos de los estudiantes.

La Comisión de la Verdad, creada por López Obrador en 2022, declaró que la desaparición de los estudiantes fue un «crimen de Estado», con la participación de autoridades de todos los niveles, incluido el Ejército. No obstante, las familias acusan al presidente de proteger a las Fuerzas Armadas, impidiendo el acceso a información crucial y desacreditando a organizaciones de derechos humanos que han apoyado su causa.

Ante la inminente conclusión del sexenio de López Obrador, las familias de los 43 estudiantes ven con preocupación la posibilidad de que el caso quede sin resolver. A pesar de la promesa de Sheinbaum de mantener el contacto directo con las familias y continuar la investigación, la incertidumbre persiste.