La iniciativa de reforma constitucional en materia energética, cuyos alcances ya han sido esbozados por el gobierno federal, tiene además de su contenido –extenso y hondo, sobre el cual, como se expresa en la estrategia nacional aquí esbozada ayer, se debe profundidad más allá del debate simplón y callejero–, un notable acierto en cuanto a la comunicación.
Independientemente de la posposición del envío al Congreso, el abordaje social de la información ha sido impecable, oportuno y hasta ahora suficiente. Progresivamente suficiente.
Comenzó con el acto político protocolario, se continuó con el mensaje encadenado del presidente Peña y se ha visto complementado con emisiones radiofónicas, “spots”; entrevistas, anuncios en los portales y suministro de cápsulas informativas. Sólo quien no quiere hacerlo no ha oído.
Obviamente escuchar no significa aceptarlo todo a pie juntillas, pero rechazarlo todo no es un fenómeno de comunicación sino de incomunicación. El autismo político, también es soberbia.
En ese sentido, para el consumo general e inmediato, el gobierno ha divulgado estos datos. Es la forma sencilla de comunicar algo complejo.
“Los objetivos de la Política de Hidrocarburos son:
“Lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas, superiores al 100%. Ello significa que el incremento de la producción estaría acompañado del descubrimiento de igual o mayor volumen de reservas.
“Incrementar la producción de petróleo, de 2.5 millones de barriles diarios actualmente, a 3 millones en 2018, así como a 3.5 millones o más, hacia 2025.
“En el caso de gas natural, la producción aumentaría de 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios, que se producen actualmente, a 8 mil millones en 2018; así como a 10 mil 400 millones en 2025”.
Pero más allá de la “popularización” del lenguaje técnico, has otros elementos bien planteados en la presentación de este documento en el cual se cifra no sólo el futuro sino el prestigio transformador de este gobierno. Y decir eso es decir mucho. La reproducción de las palabras una tras otra del general Lázaro Cárdenas puede producir muchas reacciones, incluso la sordera o la condena, pero no es una adjudicación, es un recordatorio.
No utiliza el gobierno al general, impide la utilización de su figura para divulgar patrañas de otra especie, recurso con el cual se han protegido todos los inmovilistas de los últimos 50 años. A fin de cuentas la herencia del General Cárdenas no es (en este sentido) familiar; es nacional y su legado debe ser protegido por todos.
“Hace 75 años, precisamente en este salón del Palacio Nacional, el Presidente Lázaro Cárdenas llevó a cabo la Expropiación Petrolera.
“Con el respeto que este lugar me merece, les informo que la Reforma que hoy he enviado al Senado retoma palabra por palabra el texto del Artículo 27 Constitucional del Presidente Cárdenas. El espíritu de esta Reforma recupera el pasado para conquistar el futuro.
“Con la Reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos seguirán siendo de los mexicanos. Los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera.
“Con esta Reforma PEMEX se mantiene como una empresa cien por ciento propiedad de la Nación. PEMEX no se vende ni se privatiza. PEMEX se fortalece y moderniza.
“En su momento, el Presidente Lázaro Cárdenas afirmó que el Artículo 27 no implicaba que la Nación abandonara la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada.
“Congruente con esa visión, la Reforma Energética que he presentado permitirá al Estado mexicano contratar a particulares cuando así convenga al interés nacional y con ello generar energía más barata para todas las familias mexicanas”.
¿Pero cuáles son esas ideas cardenistas, palabra por palabra?
“Sobre esto –dice la iniciativa– el Presidente Cárdenas señaló que “…la interpretación dominante en los primeros años de vigencia del artículo 27 fue en el sentido de que la propiedad nacional sobre el petróleo era simplemente el medio jurídico ideado para permitir una mejor distribución de esa substancia entre los particulares…”
“De acuerdo con la propia iniciativa, esta situación se hubiera podido corregir mediante una modificación al régimen de concesiones en la Ley del Petróleo de 1925, sin embargo también hubiera sido objeto de interpretaciones y controversias por lo que, por su importancia, se optó por una reforma constitucional.
“Como puede apreciarse, con la supresión de las concesiones se buscaba fortalecer la rectoría del Estado en materia petrolera y el ejercicio pleno de sus derechos sobre sus recursos del subsuelo, ya que hasta ese momento se interpretaba que los particulares tenían derecho al aprovechamiento de dichos recursos, al considerarse que el Estado estaba obligado a otorgar concesiones para ello…
“El reconocimiento del derecho exclusivo del Estado a explotar el petróleo y los carburos de hidrógeno, así como el establecimiento de una reserva de ley para definir la forma en que llevará a cabo dicha explotación
Y sigue la cita:
““El Ejecutivo, al formular la iniciativa que culminó con la reforma constitucional de que se trata, y después en diversas declaraciones, ha expresado su punto de vista de que la exclusión de los particulares del régimen de concesiones que el artículo 27 fija para la explotación de los recursos naturales del dominio público, no implica que la Nación abandone la posibilidad de admitir la colaboración de la iniciativa privada, sino simplemente que esa colaboración deberá realizarse en el futuro dentro de las formas jurídicas diversas de la concesión…
“… conviene indicar que como la Constitución sólo ha prohibido la explotación mediante concesiones del petróleo pero no la posibilidad de la construcción de oleoductos, refinerías y sistemas de distribución para gas, el proyecto adjunto conserva estos tipos de concesiones…”.
Pero hay quienes confunden autismo con patriotismo.