Centrados en la estéril discusión sobre si la ciudadana estadunidense presentada, cuando conviene o no, como imaginaria india guerrerense, Nestora Salgado es o no una secuestradora, cuya industria policiaco delictiva prosperaba (un oxímoron en cualquier parte, menos en México) al amparo de todo ese demagógico conjunto de leyes, convenios y zarandajas en los cuales se utiliza a los pueblos indígenas (aquí lo indio es rentable sinónimo de blanco y puro), nos hemos olvidado de algo similar a una confesión de parte: la existencia en el sistema de Policía Comunitaria de los campos de concentración llamado Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación.
—¿Cómo podrían quienes de educación carecen, establecer un sistema en el cual se mezclan la seguridad, la justicia y la reeducación? Y para colmo en un conjunto de instituciones” llamado CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias), armadas y subsidiadas por el propio gobierno de Guerrero, con auxilio federal.
Yo no lo sé, pero tiene enormes semejanzas con otras experiencias, de escala mayor, es verdad, en otras partes del mundo.
Leo un reportaje del Granma sobre la reeducación en Camboya. Obviamente Granma no publica los centros de reorientación a los cuales fueron sometidos miles de homosexuales culpables del desviacionismo más desviado del “machismo leninismo” con cuyas herramientas de control reinó Fidel Castro dúrante 50 años. Pero eso se verá luego:
“…Pol Pot gobernaba desde la sombras y pocas veces se le veía en público, pero su locura convirtió a Camboya en un país de ciudades fantasmas. Muchos historiadores lo han asociado con Adolfo Hitler, pues promovió una limpieza al estilo del jefe nazi alemán, en su caso “ideológica”, no racial. Los Khmer Rojos odiaban cualquier pensamiento o acción que pudiera parecerles contrarios al suyo —incluido saber algún idioma extranjero— tener alguna habilidad artística, poseer estudios superiores o usar determinada prenda de vestir.
Todos los ciudadanos eran sometidos frecuentemente a “sesiones de reeducación”, como si fueran esclavos. Según los principios de Pol Pot, era necesario aproximadamente un año para reeducar a una persona, de lo contrario había que desecharla. La limpieza intelectual que llevaron a cabo todavía hoy incide en la escasez de especialistas que existe en la nación, incluyendo maestros, médicos e ingenieros. Además, la mayoría de la población tiene algún tipo de secuela psicológica, que está siendo transmitida a las nuevas generaciones de forma inconsciente”.
Esas secuelas sicológicas perdurables, se advierten también en la zona guerrerense dominada por el CRAC. Si fuera una onomatopeya, bien podría sonar como la voluntad cuando se quiebra por las prisiones (Centros Reeducativos); de la falta de libertad, las golpizas y los abusos sexuales.
—¿Y eso hizo Nestora, la senadora? Absolutamente. Y si no lo hizo directamente, lo permitió y quizá lo fomentó al amparo de los alcahuetes mandatos sobre usos y costumbres tolerados por el gobierno legítimo y jurídico, para quitarse molestias y subsidiar a sus adversarios.
Esto no es asunto de propaganda electoral ni una forma de intervenir en la disputa PRI- Morena sobre la forma como Andrés Manuel pepena de todas partes con tal de aumentar el poderío de su partido.
Los contenidos de la recomendación de la CNDH en la cual se reconoce (y nada más, porque nadie atiende las recomendaciones), la existencia de estos centros y los abusos ahí cometidos de manera sistemática.
La muy amplia investigación de la CNDH dice en una de sus partes:
“…El 20 de noviembre de 2013 se recibió la queja presentada por V2, V3, V4, V5, V6 y V7, policías comunitarios, que fueron detenidos el 21 de agosto de 2013, durante un operativo realizado por elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal y Policía Ministerial de la PGJ, en la Casa de Justicia “El Paraíso”, derivado de una orden de cateo librada por autoridad judicial. Dichos policías comunitarios alegaron haber sido torturados y obligados a firmar declaraciones autoincriminatorias.
“En ese operativo, se liberaron a decenas de personas que se encontraban privadas de su libertad compurgando el castigo de trabajo a favor de la comunidad, también llamado proceso de reeducación, impuesto por la CRAC, que implica la privación de la libertad por el tiempo que haya sido impuesto y la realización de labores a favor de la comunidad durante 15 días en cada localidad”.
El subrayado contiene una de la evidencias de cómo el sistema de usos y costumbres se convirtió en una abierto portón para abusar de un poder armado, en contra de los Derechos Humanos, pues en tanto autoridades “legalmente” constituidas, las fuerzas comunitarias (convertidas en gobiernos de facto, de manera paralela a la Constitución Nacional y la del Estado), se extralimitaban en sus funciones invocadas de protección contra bandas criminales, como ha sido su forma de presentarse para crear enclaves favorables a uno y otro bandos de las pandillas en disputa por el territorio de producción y transporte de la amapola y sus rentables derivados.
Pero dice más la CNDH (PSPR significa, persona sujeta al proceso de reeducación. Así, sin pena alguna):
“…Para el 19 de julio de 2013, fecha de presentación de las denuncias, PSPR 1, PSPR 2 y PSPR 7 continuaban detenidos en una Casa de Justicia. Según lo referido por F PSPR 4, las niñas PSPR 5 y PSPR 6 estuvieron detenidas aproximadamente un mes, logrando salir debido a que se solicitó apoyo del Coordinador de la Casa de San Luis Acatlán.
“Las denuncias fueron acumuladas, iniciándose la AP1 por el delito de secuestro en contra de V1 y PC3. El 16 de agosto de 2013, AR1, Agente del MP ejercitó la acción penal, radicándose la CP 1, bajo la instrucción del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, Chilpancingo, quien declinó competencia en favor del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de Tlapa de Comonfort, Guerrero, dándose inicio a la CP 2. El 19 de agosto de 2013 el Juez Primero emitió orden de aprehensión en contra de V1”.
Pero esto no significa nada para las “buenas conciencias” de los siempre correctos políticamente. Todo cabe en un cubículo sabiéndolo acomodar.
La moda, la tendencia actual (esa sí derivada de la enorme oportunidad electoral), es apoyarlo todo, cerrar los ojos a las evidencias con cuya contundente luz se pueden echar abajo horas y horas de discursos reiterados y comprender de dónde vienen entonces los proyectos de olvido, pues eso y no otra cosa significan las promesa de amnistía (originalmente planteadas en Guerrero, faltaba más), como camino para la paz del país.
Si no quieren entender o no quieren admitir la vinculación entre los policías comunitarios y los amapoleros y narcotraficantes, entonces no hay ya nada por hacer.
No le fue suficiente al gobierno el terrible y fallido experimento de Michoacán los Rurales. El suicidio persiste en todas las instituciones. Así como en las prisiones nacionales, supuestamente sometida al rigor de la ley, se sobrellevan los hechos terribles bajo la apariencia de una normalidad cogobernada, sucede igual en las zonas de producción de droga: se cogobierna y se subsidian las falsas y demagógicas autonomías indígenas.
Porque nadie me podrá decir, al ver una imagen de Nestora Salgado, he ahí una mujer indígena. Su aspecto la podría llevar —con todo y carabina o rifle automático, gorra de campaña y chaleco blindado, a compartir créditos don Rosa Gloria Chagoyán en una película de los Hermanos Almada o Epigmenio Ibarra.
En fin, una historia más recogida por la CNDH:
“…El 23 de agosto de 2013, elementos de la Policía Federal recibieron por radio una denuncia de que en la Comisaría de “Quiahuitepec”, del municipio de Ayutla de los Libres, se encontraban varias personas privadas de su libertad “por un grupo que se hacía llamar Policía Comunitaria”. Por lo anterior, elementos de la Policía Federal se trasladaron a la Casa de Justicia de “Quiahuitepec”, y aseguraron a 12 policías comunitarios, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC22, PC23, PC24, PC25, PC26 y PC27 que resguardaban a 7 personas del sexo femenino que se encontraban privadas de la libertad; entre ellas las niñas PSPR 1 y PSPR 2. En virtud de lo anterior se inició la AP9. Esta AP fue consignada el 10 de octubre de 2013”.
Muy pronto el Senado se regirá (y con él todo el Pacto Federal), por Usos y Costumbres.
