Muy frecuentemente decimos: la violencia en México es producto de la guerra de Calderón. No lo creo así. Cuando más, la declaratoria bélica del expresidente desequilibró los balances de complicidad por los cuales la delincuencia trabajaba con un mínimo de visibilidad y un máximo de rentabilidad compartida con quienes la protegían, toleraban y hasta fomentaban las fuerzas del orden.
Pero esas fuerzas —en todo caso del desorden—, habían logrado algo paradójico: habían organizado a la delincuencia organizada. A eso se le llamaba control, cuando en el fondo no era sino complicidad, porque como me dijo ayer Genaro García Luna, cualquier estructura criminal con capacidad operativa, requiere soporte y protección.
Y ese soporte y ese cuidado han sido “descubiertos” por El rey Zambada, en la Corte donde se ventila el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, cuyo abogado ha persuadido a los “testigos protegidos”, en especial a éste, de colocar el ventilador frente a la bacinica y soltar el aire con la mayor potencia posible, con salpicaduras de todo tamaño, algunas de las cuales llegan hasta la silla presidencial en dos periodos; el de Calderón y el actual, de Enrique Peña Nieto.
Obviamente se debe ser muy crédulo, ingenuo o muy torpe para creer a pie juntillas el dicho de un delincuente cuya calidad testimonial es del tamaño de su estatura moral: va a decir todo cuanto le sugieran o le pidan con tal de disminuir su pena y auxiliar a los verdaderos dueños del negocio, cuyo brazo operativo es la delincuencia organizada. Y como lo sabemos de sobra, el negocio de los negocios se maneja en Estados Unidos con la protección de su gobierno.
Pero la cautela no es una característica de los medios. Tampoco de los testigos bajo protección. Todo se vale con tal de cuidar los mercados ilícitos, y (cito la misma declaración), los cuales son el campo de la logística delictiva, con su extensión en una gran variedad de hechos delictivos, en el paraíso logrado gracias a la debilidad institucional.
Si esa flaqueza institucional vulnera a las fuerzas policiacas o les impide organizarse debidamente, como ha sucedido en México, es posible (al menos en teoría), crear otras fuerzas. Si todo se queda en las narcopolicías, tendría remedio. En plazos muy largos y muy costosos, pero remedio al fin.
Cuando ya el asunto se hace irremediable es cuando el Estado mismo se pone al servicio de los delincuentes o se asocia de plano con ellos, hasta borrar los límites entre uno y otro. Entonces ya no queda remedio alguno. Y eso, en México no ha sucedido.
Al menos no todavía.
MEDIOS
Hasta el día de hoy un misterio nos envuelve a los mexicanos. Uno de muchos, la verdad.
—¿Para qué quiere el gobierno medios públicos? ¿Cuál es la utilidad de los sistemas estatales de Radio y TV? ¿A quién le sirven los canales legislativo o judicial?
Hay organizaciones políticas, disfrazadas de sociedad organizada, las cuales pugnan por medios públicos en contra de los medios estatales o de plano gubernamentales, pero el futuro gobierno ya les ha dicho (además de sin chamba os quedáis, pues ése es su único interés), cómo piensa crear una estructura centralizada (la centralización; es decir, el control, único y el mando de la misma manera es su distintivo), en la cual se agrupen canales y estaciones.
Y todo eso bajo el control administrativo y político de la Secretaría de Gobernación. Lo mismo daría si fuera la SEP.
Aquí se aplica el dicho aquel de don Pancho Hernández; no se confunda, no importa lo largo o lo corto de la cadena, lo importante es no ser el perro.
Los medios del gobierno (eso del Estado es un eufemismo), no le sirven a la sociedad porque están anémicos y mal programados, sin talento ni orientación y no le sirven al gobierno porque los mantiene en la anemia, la mala programación y la falta de orientación.
Y la explicación del futuro concentrado, no puede ser peor:
“Lo que se quiere es fortalecer a los medios públicos; fortalecer la televisión y el medio público, nosotros queremos hacer una especie de BBC de Londres (como si hubiera una BBC de Ucrania) o de Televisión Española”. Dijo Olga Sánchez Cordero.
Pero más romántica y pueril es la opinión de Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado: los medios públicos son de la sociedad; no del gobierno.
¡Ay, ternurita!
