El proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar está destinado a la muerte prematura.
Ha sido como un recién nacido: tras su alumbramiento llamó la atención al ver la luz (por la fuerza de su llanto), pero morirá sin aprender a caminar. El bebecito no será alimentado y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, casi como sucedió con hermanito, el otro hijo de Don Arturo cuya dureza en el diagnóstico jurídico sobre los hechos de la guardería ABC resultaba a la larga una condena política, lo dejará morir cuando llegue la primavera.
Pero el primer paso ya es suficiente para dejar en evidencia las fallas sistémicas de la cadena de investigación y justicia y la tradición contra los derechos humanos de los detenidos, culpables o no. También prueba cómo el fracaso llega hasta el peor de los puntos: echarlo todo a perder y no se capaces siquiera de condenar debidamente a los culpables. Ya no se diga a los inocentes.
La última etapa del vodevilesco folletón (después de la Corte ya no hay nada, al menos en este país) es de una apabullante claridad: el proceso judicial estuvo viciado de origen, cosa en la cual tantos y tantos hemos estado de acuerdo desde aquel lejano 2005 cuando Florence Cassez y la banda del Zodiaco fueron “aprehendidos in fraganti” en un operativo montado para los medios, especialmente la TV, para lucimiento del entonces jefe de la AFI y actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna con evidentes intenciones de lucimiento personal.
Si la Corte respaldara en el pleno del 21 de marzo el proyecto del ministro Zaldívar poderosos vientos de catástrofe le tirarían la casa a muchos (o por lo menos les quitaría el techo) ante los ojos de medio mundo. Por lo pronto pone en evidencia la poca calidad de la Agencia Federal de Investigación en tiempos de Vicente Fox y sus lógicas consecuencias contemporáneas. Se trata de las mismas personas.
Después, pondría en entredicho el respeto a los Derechos Humanos como pieza fundamental en la búsqueda de una legalidad plena en el combate a la absoluta ilegalidad de la delincuencia organizada, asunto al cual se le ha dedicado toda la energía y por consecuencia ha generado el mayor desgaste de esta administración.
Ya no se diga, además, la enorme erosión en las relaciones Francia y México, derivadas de la conflictiva interpretación del Tratado de Estrasburgo, por cuya aplicación no estaría el gobierno al borde del precipicio jurídico.
No importa ya si el pleno respalda estas afirmaciones. Provenientes de un ministro de la Corte, en un proyecto de sentencia (no una declaración de prensa ni un punto de vista extraoficial) son en sí mismas una jugosa rebanada del desprestigio institucional no solo para las instituciones de investigación, sino para quienes en varias instancias judiciales pasaron por alto las irregularidades y refundieron en la cárcel a la peligrosa pelirroja.
Ya no se diga a quienes le quisieron poner una mordaza al presidente de Francia en su discurso en el Senado de la República o quienes desde la cancillería confundieron este proceso con una segunda edición de la Batalla de Puebla. Todos quedan en ridículo.
Estos son algunos de los argumentos del togado incómodo en torno de los hechos perversos del proceso; es decir, los hechos por los cuales todo el asunto se corrompió y su pervirtió y se desvió del debido proceso y la garantía consular y la de presunción de inocencia:
“…no hay justificación para haber retenido a la acusada en la propiedad referida (el Rancho “Las chinitas” donde se hizo la “telecaptura”), expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia Federal de Investigación, con el objetivo de mostrarla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de los tres secuestros. Además de un montaje sobre hechos que nunca ocurrieron, “se pretendió causar un impacto en la opinión pública y en todas aquellas personas ligadas al proceso penal”.
El ministro no se pronuncia sobre el papel de la prensa sobre acontecimientos de interés nacional, pero “censura que las autoridades encargadas de una detención deformen conscientemente la realidad con el fin de crear un filtro de esta realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo”.
Por su parte la PGR emitió un cuidadoso comunicado en el cual se expresan una preocupación y una posible salida. Doña Marisela propone la reposición del proceso. Nadie le va a hacer caso. Sería juzgar dos veces a la misma persona por el mismo delito.
“La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que tiene “una lógica preocupación por el alcance que pretende dar el ministro (de la Corte Arturo) Zaldívar a los supuestos vicios encontrados en el proceso” seguido contra Florence Cassez, y señaló que no correspondía a la Agencia Federal de Investigación informar de su captura a la embajada francesa, además que “en todo caso la dilación en la puesta a disposición de la autoridad ministerial tampoco puede desvirtuar las pruebas de cargo”. Según la dependencia que dirige Marisela Morales, las irregularidades encontradas no pueden “llevar a la absolución de la sentenciada, sino en todo caso a reponer el procedimiento”, publicó ayer la prensa, en pleno Día Internacional de la Mujer.
Estimado Sr Cardona;
He escuchado con atencion sus comentarios recientes con respecto al tema de la ciudadana francesa Florence Cassez y su proceso judicial en nuestro pais. Me gustaria, si usted lo permite, comentarle un caso de similares caracteristicas, la unica diferencia es que se trata de un ciudadano mexicano que por tal razon, no genera interes mediatico y sin embargo el fallo de la corte fue en el mismo sentido, un ministro ponente que admite y razona que se han violado los derechos humanos y el debido proceso de un justiciable que se encuentra purgando una sentencia infundada.
Agradezco sus finas atenciones y quedo a sus ordenes.