Una de las plumas afines de más reciente inclusión en el catálogo del gobierno federal en su lucha contra el narcotráfico es el ex guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, quien ha escrito un extenso ensayo defensivo —públicamente celebrado por el presidente Calderón— en torno de los mitos contra el narcotráfico; o mejor dicho, doce puntos para rebatir a quienes dudan de la efectividad de esos empeños.
Villalobos con una lógica acomodaticia ha dicho:
“…En toda guerra hay muertos y éstos son un indicador del estado de la guerra misma. Las guerras se ganan generando bajas al enemigo y se pierden cuando se tienen más bajas de lo que el entorno político social propio puede tolerar. Es comprensible que éste sea un tema difícil para ser explicado ante la opinión pública por los funcionarios del Estado, pero la realidad es que quien está teniendo más muertos, capturas y deterioro moral en sus filas es quien va perdiendo la guerra, y en el caso de México son los narcotraficantes…
“La mayor parte de las bajas de los delincuentes resultan del proceso de autodestrucción de los cárteles, que se profundiza cuando el Estado los confronta. En este tipo de guerra esto es un progreso, en Medellín los cárteles se autodestruyeron bajo el acoso del Estado, por razones que fueron desde disputas por territorios, control de rutas, hasta problemas personales.
“El proceso de autodestrucción atomiza a los cárteles y obliga a que su reclutamiento comience a descender hacia grupos de jóvenes marginales más inexpertos y ambiciosos, y con ello aumenta su violencia y se acelera su autodestrucción”.
Estos argumentos nos llevan a considerar peligrosos narcotraficantes a los jóvenes masacrados hace apenas unas horas en Ciudad Juárez en medio de un festejo deportivo.
Si el señor Villalobos tuviera razón en sus alegatos, deberíamos celebrar la muerte de estos muchachos como si se tratara de un éxito en la macabra contabilidad de una guerra (casi como marcador deportivo) contra “Masiosare”, nuestro extraño enemigo o como un proceso de mutua destrucción de los cárteles sin considerar la condición de seres humanos hasta de los delincuentes. Sobre todo si se piensa como Arturo Montiel, en ratas sin derecho ninguno.
“Los jóvenes —publicó El Diario de Juárez— escuchaban música, comían y departían en la casa porque sus padres, en afán por protegerlos, no les permitían salir a los antros debido a la inseguridad.
“El festejado, uno de los sobrevivientes, fue a llevar a su novia a su casa y justo en ese momento llegó un comando armado que victimó a sus invitados. De acuerdo con testimonios de vecinos, entre las 11:30 y 11:40 de la noche del sábado llegaron al lugar varias camionetas, entre siete y ocho vehículos, cuyos tripulantes las atravesaron de lado a lado para cerrar la calle.
“De los autos se bajaron hombres encapuchados que dispararon indiscriminadamente sobre los jóvenes en la casa marcada con el número1310, luego entraron a la vivienda 1308, dispararon y sacaron muebles de allí.
“Tras cometer su masacre, ‘se fueron despacito, en fila, sin que nadie les dijera nada’”, narra uno de los testimonios.
En este tipo de “guerra” esto es un progreso, dice Villalobos a quien podríamos presentar con los padres, hermanos y amigos de esos jóvenes de Chihuahua cuya muerte horroriza y deprime.
¿A quiénes sume en la congoja y la pena? Pues a todos, quienes no participen del diagnóstico oficialista y siempre a la mano del señor Villalobos.
Hay algo sobre lo cual convenientemente pasan por encima quienes justifican por afinidad o conveniencia los argumentos intercriminales de las bandas de narcotraficantes o delincuentes de cualquier especialidad: ¿cuál es el deber del Estado?
La obligación del Estado no consiste en ser socio en la ejecución extrajudicial de los delincuentes. Tampoco reside en su posibilidad de excitar o arbitrar pugnas entre los cárteles. En pocas palabras, su obligación es organizar institucionalmente un país donde no haya un reguero de diez mil cadáveres en las calles (perezcan a la delincuencia o a la Iglesia o a la sociedad civil o a donde sea) como el año pasado y casi un millar en el recientemente concluido mes de enero. Esa es la función del Estado; no otra, mucho menos utilizar las fuerzas de seguridad para generar ambientes inhabitables.
BAR BAR
Debidamente acompañados por las cámaras de la televisión los funcionarios de la Procuraduría General del DF hicieron un espectáculo sensacional con motivo de la “reconstrucción de hechos”, una semana después del intento de homicidio contra Salvador Cabañas en el Bar Bar, cuyo dueño, por cierto, no estuvo visible.
Una fuente de la PGJDF explicó: no estuvo en la reconstrucción de los hechos porque no presenció los hechos y nada sabía para aportar a la investigación.
—¿Y la esposa? —esa sí estuvo en los hechos y tampoco acudió… “Es que estaba en el hospital con su marido”.
Pero quien sí se hizo notoria fue la Secretaría de Protección Civil. Hasta una ambulancia mandó Moreno Brizuela (número PC-010). Cuando funcionaba el antro, ni sus luces… ahora, cuando hay cámaras, ¡venga, vamos!; ¡a lucir el terno!
PRECAUCIÓN
El médico Ernesto Martínez Duhart casi siempre junto a Michael Bauer, siempre repite lo mismo, como si fuera un diagnóstico precautorio: Cabañas no va a recordar nada. ¿Esta amnesia de lo reciente, a quién le conviene?
