La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la desaparición de siete organismos autónomos, incluido el INAI
Este viernes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que propone la eliminación de siete organismos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Con 22 votos a favor y 17 en contra, el proyecto de decreto, impulsado como parte del «Plan C» del presidente Andrés Manuel López Obrador, avanza hacia su posible discusión en el pleno del Congreso una vez que inicie el próximo periodo ordinario el 1 de septiembre.
La sesión de la Comisión estuvo marcada por un intenso debate, en el que se presentaron diversas posturas sobre las implicaciones de la desaparición de estos organismos. Los defensores de la reforma, principalmente legisladores de Morena y sus aliados, argumentaron que la medida responde a la necesidad de austeridad y simplificación administrativa, devolviendo funciones clave a las secretarías de Estado que originalmente las gestionaban. En contraste, diputados de la oposición, como Rubén Moreira del PRI y Santiago Torreblanca del PAN, expresaron su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
Moreira advirtió que la eliminación de estos organismos dejaría a la ciudadanía sin herramientas efectivas para exigir transparencia, mientras que Torreblanca subrayó el riesgo de concentrar el poder de decisión en el gobierno, sin mecanismos independientes que aseguren el acceso a la información pública. La diputada Cynthia López, también del PRI, fue más allá al afirmar que esta reforma podría llevar a México a un escenario similar al de Venezuela, en cuanto a la pérdida de instituciones autónomas que garantizan la vigilancia y la rendición de cuentas.
Entre los organismos que podrían desaparecer se encuentran, además del INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
La discusión del dictamen continuará en las próximas sesiones, donde se desahogarán las reservas presentadas por los distintos grupos parlamentarios. La controversia sobre esta reforma refleja un profundo desacuerdo sobre el futuro de la gobernanza en México, con implicaciones que podrían redefinir el equilibrio de poder entre el gobierno y las instituciones autónomas del país.