La investigación de una atrocidad mayúscula, como sin duda ha sido el secuestro masivo, la desaparición y el asesinato colectivo de 43 personas en Iguala, Guerrero, sobre lo cual se han derramado ríos de tinta y bosques enteros de papel, ha tenido por desgracia ya algunos momentos de fárrago enredoso verdaderamente grotescos cuya complejidad hace oscuras las posibilidades presentes y futuras de conocer simplemente la verdad. la única, la elusiva, la veleidosa verdad de rosario impreciso y formas indefinidas. Meses y meses y todo queda como en un principio. La sierpe se muerde la cola.
“Que hable la ciencia”, han dicho quienes pretenden fincar la solución del enredo en las evidencias de la investigación objetiva, imparcial, pura.
Pero no hace falta sólo la voz de la ciencia, sino alguien para escuchar esa voz y admitir la sonoridad de sus palabras, sean cuales sean.
Las pesquisas iniciales de la Procuraduría General de la República, rechazadas a priori por tratarse de esfuerzos oficiales en cuyo curso no se habría buscado nada sino exculpar al gobierno de cualquier participación en los hechos, fueron desestimadas por los familiares de los desaparecidos y las oportunistas (u oportunas, si se quiere) organizaciones de Derechos Humanos cuyos veredictos anticipados contaminaron las búsquedas desde un principio y crearon una cadena de intervenciones variopintas pero todas orientadas a una finalidad: usar el caso Iguala como prueba la vigencia de un Estado autoritario, en un país inmerso en una grave crisis de Derechos Humanos propia de las peores dictaduras o de algunos de los más graves momentos de los gobiernos totalitarios.
En la macabra ensalada de todos estos sucesos horribles, interviene el reparto del poder, la colusión del Partido de la Revolución Democrática, la trayectoria política de un traidor cuya doble cara lo llevó al gobierno de Guerrero desde cuya silla miraba hacer y dejaba pasar; una alcaldía igualteca con ribetes de caricatura de Lady Macbeth, un asentamiento militar cuya prudencia las ONG´s promueven como tolerancia y para equilibrar posiciones una legión extranjera en la cual forman fila autodenominados expertos en cualquiera cosa, desde los célebres forenses argentinos y después el i grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana d Derechos Humanos, cuyo casi extinto trabajo no ha ofrecido resultado algunos, pero sí ha descalificado todo lo hecho hasta ahora por la PGR o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Para no dejar sitio a especulaciones suspicaces en torno de la calidad del análisis de los restos hallados en el basurero de Cocula donde supuestamente fueron reducidos a ceniza los secuestrados por la guerrilla narcotiza de los “Guerreros Unidos”; rivales de los “Rojos” con quienes confundieron o acusaron a los estudiantes y activistas de la escuela normal de Ayotzinapa, célebre por su radicalismo delirante, quienes el día de los hechos secuestraban autobuses para los desplazamientos contestatarios por venir, el gobierno de México contrató el servicio de los expertos de Austria asentados en la Universidad de Innsbruck, quienes pueden, teóricamente, reconstruir una identidad a partir de una brizna de polvo, hueso o ceniza. Así lo han hecho ya en dos ocasiones (Alexander Mora y Jhosivani Guerrero de la Cruz), ambas probatorias de la versión oficial.
Pero la tenacidad de los activistas presionó al gobierno hasta un punto intolerable. La actitud condenatoria de la Organización de los Estados Americanos a través de su Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (cuyo secretario es el activista mexicano, Emilio Álvarez Icaza) hizo necesario bajar la presión mediante la solicitud de concurso de una comisión o un grupo de investigadores complementario, al cual se denominó “Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, en el cual hay duces, chiles y mantecas. Pero una obsesión: poner contra la pared al gobierno mexicano, el cual, en un momento de debilidad removió al procurador Jesús Murillo, quien había anunciado ufano y seguro de sí mismo, la «verdad histórica” del asunto: el secuestro de los jóvenes y su extinción a las cenizas y la irreparable navegación de sus restos embolsados en las turbias aguas del Río San Juan.
En medio de todo este sainete de autoridades y desautorizaciones, de intervenciones e intromisiones, de dimes y diretes, de revelaciones de sacerdotes bien enterados (el primero en hablar del fuego de los cursos fue el padre Alejandro Solalinde), se ha levantado hasta la figura del Papa Francisco, cuya visita a México queso ser aprovechada como una calificación (y obvia condena) ética del gobierno mexicano, circunstancia de la cual , con milenaria sabiduría, la iglesia se escabulló.
Pero ahora, a veinte días del fin de la visita del GIEI, las cosas se tensan aun más. EL gobierno choca con la OEA en Washington; el abogado de los padres ya culpa directamente a los “Guerreros Unidos” del secuestro y muerte de los desaparecidos (¿se acabó aquello de exigir su presentación vivos?) y las “víctimas colaterales” se ponen moños para ir a la PGR a conocer de primera mano el contenido del dictamen forense de los austriacos, cuya sabiduría escucha el canto de las mitocondrias en cuyos rastros –mediante la técnica de “secuenciación masiva paralela” (y posicionadora, diría el Doctor Chunga)–, no se confirma la identidad de ninguno de los esfumados.
Pero en la larga espera en las oficinas de Arely Gómez, los indignados expertos internacionales (decir extranjeros es impolítico e incorrecto) se hartan y se marchan dejando a la prensa con la palabra en la boca y la cámara muda, los padres llegan tarde: se anuncian nuevas pruebas, más dictámenes, más envíos de astillas y migajas a Innsbruck y el tiempo implacable e ignorante ,os humanos afanes, corre y corre, fluye como los ríos “que van a dar a la mar que es el morir”.
CHIHUAHUA
Las excrecencias humanas no deben acercarse demasiado a los ventiladores. Es peligroso y sucio.
La evidencia más reciente del riesgo físico y político de esa circunstancia, está en lo dicho y hecho en la semana por el senador con licencia y candidato panista al gobierno de Chihuahua, Javier Corral, cuya enjundia suele ser tanta como para a veces esparcir la mefítica materia sobre su cabeza y la de algunos correligionarios.
En el lejano municipio de Bachíniva, en la (usemos un adjetivo sobadísimo) agreste sierra de Chihuahua, Corral creyó oportuno un incendiario discurso contra los políticos –dijo—“…que protegen a redes criminales del narcotráfico” y citó incluso al presidente municipal de ese lugar, Armando Mendoza Andujo.
Quienes lo escucharon se desconcertaron: Mendoza Andujo es miembro activo del PAN y se hizo de su candidatura con los albiazules apoyos políticos del propio senador y de Mario Vázquez, presidente de ese partido en el “Estado grande”.
¿Estamos ante la reedición, versión chihuahuense, de las relaciones peligrosas entre Joaquín Guzmán Loera y la chapodiputada sinaloense Lucero Guadalupe Sánchez, hoy sujeta a proceso de desafuero? Hasta ahora solo es una conjetura.
Ya le tocará a la PGR determinar si hay responsabilidades en la imputación de Corral al alcalde panista de Bachíniva. El dirigente del PRI en el estado, Guillermo Dowell interpuso por lo pronto formal denuncia por lo ocurrido.
Está por verse si la denuncia se convierte en formal indagatoria federal sobre las actividades de Mendoza Andujo y del jefe de la policía municipal del lugar, a quien Corral señala como operador criminal al servicio de Carlos Arturo Quintana Quintana “El 80” líder regional de la organización delictiva “La Línea”.
Largo de lengua, impreciso siempre, con el efecto mediático sobre la mesura y la seriedad indispensables en quien desde los medios reparte presuntas responsabilidades criminales, Corral se brincó las trancas esta vez y acusó de paso a la Fiscalía General de Chihuahua de “filtrar” la detención de “El 80” y de César Raúl Gamboa Sosa, “El Cabo” otro pillo activo “quien opera en completa impunidad protegido por la policía municipal de Bachiniva y Namiquipa”.
No hay duda.
A Javier Corral ya lo perseguía el pasado. Dos de sus hermanos fueron detenidos, y están juzgados y sentenciados en penales federales de Nuevo México por fraude bancario, transporte y venta de mariguana y hasta por el delito (no menor en Estados Unidos) de manejar automóvil en estado de intoxicación.
Ahora también lo persigue el presente.
