«Es inconstitucional, pues el alojamiento de las personas migrantes dentro de las estaciones migratorias no es una medida punitiva”, subraya el magistrado Javier Laynez Potisek
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek propone declarar inconstitucional el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional en su fracción XXXVI, que le otorga atribuciones a la corporación para resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que se encuentren en ellas, a petición del convulsionado Instituto Nacional de Migración (INM), tema que será abordado la próxima semana.
«Es inconstitucional, pues el alojamiento de las personas migrantes dentro de las estaciones migratorias no es una medida punitiva, ni constituye una cuestión que ponga en riesgo la seguridad pública, por lo que no se justifica la permanencia de la Guardia Nacional al interior de dichas estaciones», subraya el proyecto del ministro.
Uno de los argumentos de Laynez Potisek sobre el asunto advierte que no es posible asegurar que al interior de las estaciones migratorias exista un riesgo para la seguridad pública que justifique la presencia de la corporación, ya que “las personas que aguardan al interior de las estaciones a que se determine su situación migratoria no constituyen un peligro para la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, o para el orden público y la paz social”.
Laynez Potisek sostiene en su propuesta que la situación migratoria irregular de una persona no es un delito y el libre tránsito de los migrantes dentro de las estaciones tampoco significa que deba tratarse con alguna medida penal.
Al insistir sobre este punto, el ministro destaca que las autoridades encargadas de los alberges para migrantes deben ser aquellas especialmente encomendadas para esas labores, por lo que la vigilancia por parte de elementos de la Guardia Nacional al interior de estos sitios resulta inconstitucional.
Respecto a la vigilancia en el exterior de las estaciones migratorias por parte de la GN, el ministro de la máxima Corte del país considera que ésta puede encontrarse justificada para los fines de prevención del delito en contra de los migrantes, así como para el mantenimiento del orden público, toda vez que bandas del crimen organizado puedan aprovecharse de la situación de vulnerabilidaden que se encuentran los ciudadanos extranjeros para cometer diversas formas de explotación.
Imagen/Cuartoscuro