Las grabaciones tendrán etiqueta de clasificados; la medida protegería de manera directa a los responsables del siniestro hasta el 2028
La Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) comunicó este lunes que se resguardarán por cinco años, hasta el 2028, los videos existentes sobre el incendio en el albergue del puente internacional Stanton-Lerdo, al argumentar medidas de seguridad y protección para el personal migratorio, para los vigilantes del lugar y para los mismo migrantes. Sin embargo, activistas defensores de los migrantes señalan que la medida adoptada por la dependencia lleva etiqueta de protección para Francisco Garduño Yáñez, comisionado del INM, a quien se señala como uno de los principales culpables y a quien el gobierno de la 4T protege.
Ya se cumplieron dos meses de la tragedia ocurrida el 27 de marzo pasado y no se ha hecho justicia, incluso uno de los principales responsables, Francisco Garduño, sigue en el cargo pregonando que “puedo dormir tranquilo, ya que yo la noche de la tragedia me encontraba a mil 800 kilómetros del sitio del siniestro”.
La decisión del INM de no entregar los videos del incendio en el albergue para migrantes responde a la solicitud de información 330020323000- 852 en la que se pide entregar las grabaciones para que una revisión íntegra y se puedan conocer las causas de la tragedia, por lo que la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del INM señaló entre sus argumentos que su difusión pondría en riesgo la vida de los elementos de Migración y personal de vigilancia, así como de los migrantes que estuvieron presentes en el incendio.
El Instituto de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), refiere en su negativa que si una persona hace mal uso de esos materiales se podría poner en riesgo la seguridad e integridad de los involucrados en el suceso.
«El hacer de conocimiento las videograbaciones de la estación provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, del día 27 de marzo de 2023 implica comprometer y vulnerar la integridad de las personas involucradas [personas extranjeras, servidores públicos, trabajadores prestadores del servicio de la seguridad privada del inmueble, así como las personas que se encuentran bajo investigación por los hechos] al perjudicarse los datos personales.
«Si una persona hace mal uso de las videograbaciones requeridas se pone en riesgo la seguridad e integridad de los involucrados debido al contenido de las mismas», precisó el instituto.
Asimismo, el Comité de Transparencia del INM justificó la reserva de los videos, ya que hacer entrega de ellas podría entorpecer las investigaciones del caso.