El galimatías en que se convirtió la crisis en Michoacán comienza a ordenarse. Al gobierno federal le quedó claro que en su estrategia para rescatar la entidad debe incluir a sus habitantes, más allá del operativo policiaco-militar instrumentado. Sí, al igual que el crimen organizado, debe construir sus bases sociales y definir de manera conjunta la ruta y objetivos para restablecer los poderes legales.
El tiempo juega en contra, pues esta batalla, de más de dos décadas, amenaza con extenderse a los estados vecinos y sus consecuencias económicas y sociales serían fatales. Por ello, el presidente Enrique Peña ha dicho que: “No es un tema solamente de seguridad, es un tema que tiene que ver con darle atención a las demandas de la población en recuperar los territorios, del restituir a las autoridades en donde hoy prácticamente han perdido espacio de actuación y de capacidad para responder a las necesidades de la población”. Sí, hay tres alcaldes que gobiernan a salto de mata, los de Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán y Aguililla.
La espiral de inseguridad y violencia que se vive en Michoacán ha provocado en los últimos 3 meses la pérdida de 7,500 empleos. La ocupación formal se ha convertido en un grave problema. La tasa de desocupación pasó de 2.77 a 4.17 por ciento de la Población Económicamente Activa, entre enero de 2012 y enero de 2013, según el INEGI.
El turismo que era la segunda fuente de ingresos, después de las remesas, registra números rojos. Pocos se animan a visitar la entidad asolada por la violencia. Bueno, ni los diputados del PRD, coordinados por el michoacano Silvano Aureoles, aceptaron realizar la reunión plenaria para definir su agenda del próximo periodo de sesiones. Como si no fuera suficiente, hace algunos meses los plantones y bloqueos de los maestros y los normalistas acabaron por ahuyentar a los turistas. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga reveló que el plagio de 64 camiones provocó pérdidas por más de 6.7 millones de pesos.
Para colmo, los productores agrícolas de limón, aguacate y otros artículos deben pagar impuesto de un peso por kilo a los criminales, para poder sacar su cosecha del estado. En algunas zonas no hay más reglas que las impuestas por ellos, para comercializar, transitar e incluso convivir. El amago de los delincuentes, que en alguna época fueron sus benefactores, se ha convertido en un lastre que asfixia la actividad económica y social, sobre todo en la denominada Tierra Caliente.
En este espacio se ha informado cómo el crimen organizado destruyó el tejido social y creó sus propias organizaciones ciudadanas para operar a sus anchas en todo el estado y fuera de éste. Se valió de todos los recursos, desde el uso de la fuerza hasta el adoctrinamiento. En Michoacán es común que la gente cuente cómo Servando Gómez Martínez, alias La Tuta o El Profe, actual líder de Los Caballeros Templarios, ha ganado adeptos y seguidores con sus discursos mezclados de conceptos religiosos y de izquierda, sobre todo entre los jóvenes que buscan emularlo o ganar mucho dinero rápido.
Informes de seguridad precisan que el 60 por ciento de las policías comunitarias que operan en la entidad son fuerzas leales a grupos del crimen organizado y el narcotráfico. Los mapas delincuenciales elaborados por el área de inteligencia de la Policía Federal han logrado confirmar sus vínculos. De ahí su fortaleza y exponencial crecimiento. Funcionan como espías y alertan sobre los movimientos y presencia de fuerzas policiacas y militares. Sin embargo, su presencia y acciones han comenzado a polarizar a los habitantes, que ya no los ven como sus salvadores o aliados.
La población michoacana está harta y busca sacudirse éstas y otras lacras. No confían en las autoridades locales, saben que están coludidas en sus diversos niveles con los delincuentes. Aún no olvidan y se recuperan del sexenio trágico de Leonel Godoy, con el granadazo, el michoacanazo, y los nexos de su hermano prófugo con La Tuta. Del actual gobernador interino, Jesús Reyna, no alientan ninguna esperanza; dicen los que saben que en febrero próximo, cuando se cumpla la licencia de Fausto Vallejo, se irá también y que desde el Centro designarán a un nuevo mandatario que trabaje bajo las órdenes de la Federación.
Así las cosas, el gobierno federal evalúa los alcances de su estrategia: traza su hoja de ruta. Entre sus prioridades está la captura de La Tuta, que se ha refugiado en la zona serrana y más agreste de los municipios de Tumbiscatío, Artega y Aguililla. Territorio Templario ciento por ciento. Lo quieren vivo. Desean eliminar cualquier suspicacia sobre su detención. La incursión del Ejército, la Marina y la Policía Federal lo obligó a replegarse. Apatzingán dejó de ser su sede, se instaló en este municipio una base mixta de operaciones que ha permitido normalizar la actividad comercial y social en la región y garantizar la seguridad a sus habitantes.
La hoja de ruta contempla también quitar a Michoacán la etiqueta de estado de excepción. No se reconoce oficialmente por el impacto político que esto tendría. Pero en la entidad se libra una guerra. Basta recordar las siete emboscadas recientes en contra de policías federales. Reportes internos de seguridad arrojan que se llevaron a cabo bajo tácticas paramilitares. Se vieron involucrados cerca de 50 vehículos, todos con reporte de robo en el Estado de México. Fue una acción concertada, planeada para debilitar los operativos federales.
Sin embargo, éstos no han cesado y hace unos días se detuvieron a 4 personas ligadas a Los Templarios, en un operativo entre Zitácuaro y Morelia. A los delincuentes se les decomisaron armas y equipos que contenían información sobre otras emboscadas que planeaban en contra de policías federales. Fueron ingresados al penal de Puente Grande.
El rescate de Michoacán es la gran prueba del gobierno priista. Agosto es un mes clave. Los acuerdos alcanzados durante la reunión en la Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador Jesús Reyna y representantes de los sectores político, empresarial y social de la entidad deben registrar avances para el 1 de septiembre. Al presidente Peña le interesa y conviene dar cuenta en su primer informe de gobierno sobre el pacto político, económico y social para impulsar el desarrollo del estado, como una estrategia alterna a los operativos de seguridad. No hay marcha atrás.
