La tierra de los purépechas, divida hoy en 113 municipios, registra en su historia reciente días complejos, jornadas violentas que cobran y han costado miles de vidas, generado pobreza, desempleo e inseguridad; tiempos en los que la voracidad de los políticos ha sido desenmascarada.

En los últimos 17 años, Michoacán se ha convertido en escenario de todas las disputas entre el crimen organizado, los cárteles del narcotráfico y las autoridades en turno. La violencia destruyó el tejido social, acabó con la identidad de un pueblo, de una cultura, el sentido de pertenencia mudó de la tierra a las armas.

Nadie atina en la solución al conflicto, que ha pasado por la militarización de la entidad y  el levantamiento de armas por parte de la población civil, constituidos en autodefensas,  que hoy amagan con desatar una guerra en mayo próximo. Bueno, hasta la imposición de un comisionado federal al que el gobernador, Fausto Vallejo, debe rendirle cuentas.

Diversas voces nos hemos pronunciado sobre la desaparición del estado de derecho en Michoacán y la ingobernabilidad en la que subsiste. Tratar de descifrar lo que pasa no es cosa sencilla, ahí está, por ejemplo, el documento que hace unos días circuló en las redes sociales el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en torno de esta crisis, del cual conviene revisar algunos puntos:

“Hace cuarenta años aproximadamente se empezó a cultivar el aguacate y el limón en las tierras casi improductivas de los municipios de Tancítaro, Los Reyes, Uruapan, Ario de Rosales, Tacámbaro, Salvador Escalante, Peribán, Nuevo Parangaricutiro, Tingüindín, entre otros; los propietarios que tenían muchos hijos empezaron a comprar más terrenos a los indígenas para tener mayor producción y heredarles.

Pero, para que pudieran desbrozar las parcelas, sembrar, injertar y cuidar los huertos, tuvieron que emplear peones; los peones que muchas veces fueron a quienes les habían arrebatado o comprado miles de hectáreas de tierra en un precio irrisorio. Así, de unas cuantas hectáreas pasaron a 93 mil a fines de los noventa y a más de 120 mil hectáreas hasta nuestros días”.

“Al desarrollar la producción hubo mayor enriquecimiento pero, nunca, jamás, cumplieron con el artículo 123 constitucional ni la Ley Federal del Trabajo, y fue cuando empezaron a sufrir hurtos, además de que ya ni la ‘pepena’ permitían (costumbre ancestral de los pueblos originarios que consiste en recoger el fruto que dejaban los cortadores después de la cosecha o el fruto caído), los hurtos cada vez fueron mayores y más frecuentes; por consiguiente, se relacionaron con gente que minoritariamente traficaba con droga (mariguana), para que ‘los protegieran de los robos’ y ésta les promete acabar con los robos en sus parcelas.

“Desde ese momento, esta gente empezó a asesinar impunemente y estos malandros, al pasar los años, se consolidaron y formaron parte de la delincuencia organizada, por lo que empezaron a cobrar ‘cuotas’ más allá de lo que habían acordado en un principio con los dueños de las parcelas y empresas exportadoras y al que no pagaba lo que les exigían los asesinaban y una vez dada la lección empezaron a secuestrar y extorsionarlos, empresarios cómplices de asesinatos y desapariciones de gente que no necesariamente era ladrona y que al ser ahora víctimas también de los malandros que crearon, se asustaron al ver que quienes llegaban a exigirles la extorsión eran sus propios ex peones y al no poder más, unos empresarios se refugiaron en uno y otro cártel y otros recurrieron al ejército para que los preparara y surgieron como autodefensas.

“Por los pasos que han dado han dejado secuelas también de muerte y desolación entre los que fueron un día sus obreros y esta coyuntura es aprovechada por el Estado mexicano no sólo para acabar con los malandros de un cártel, sino como sucede ya en otros estados secuestrar, torturar y asesinar a los luchadores sociales y además un punto importante en un estado como Michoacán con antecedentes de fanatismo religioso gritar nuevamente ¡Viva Cristo Rey!

“Nosotros vivimos en Michoacán y tenemos una amplia base social y política y sabemos de todos los movimientos casi a detalle. No somos intelectuales que no viven con el pueblo, nosotros somos parte de él y lo que estamos haciendo es tratar de prevenir los acontecimientos…  Cuando casi todos le temen a un pueblo exageradamente pisoteado decimos que ni nosotros ni ellos podrán controlar la furia popular”.

Como se puede apreciar en los fragmentos antes citados, del análisis divulgado por el EPR, los grupos de autodefensa michoacanos no gozan del reconocimiento de este organismo guerrillero. Los califica de ilegítimos y acusa de tener nexos con el gobierno.

No es el primer pronunciamiento que hace sobre lo sucede en la entidad. Llama la atención que suscribe sus comunicados desde “algún lugar del estado de Michoacán de Ocampo”, y sobre todo que asegura residir en la zona y su amplia base social. Elementos a considerar, sin duda, por los estrategas que buscan regresar a los michoacanos la paz social y el desarrollo, como lo prometió hace una semana el presidente Enrique Peña Nieto, cueste lo que cueste.

Vericuentos

Primero el campo

En pleno siglo XXI y con los efectos del cambio climático encima, no se puede postergar más la producción de alimentos, así lo reconoció el  senador Manuel Cota, al reiterar que trabajan contrarreloj en la Comisión Permanente integrada por diputados federales, senadores de la República, partidos políticos, organizaciones sociales, académicos, investigadores, Sagarpa, Sedatu.

¿Globalización solidaria? 

El dinero no es la vida… pero cómo ayuda. Quizá por ello los legisladores convocados por la senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para preparar la Declaración Parlamentaria, que entregarán hoy, durante la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial sobre Cooperación Efectiva, propusieron ser más creativos y anteponer a la globalización de la indiferencia la globalización de la solidaridad, pues con  las crisis económicas que se viven en Europa, Asia y Norteamérica, cada vez es más difícil aportar 3% de su PIB para programas de cooperación a otros países.

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