Hay focos rojos en el centro del país. El asesinato de un marino de alto rango y la estrategia para sellar las fronteras de los estados vecinos confirman que Michoacán es el fracaso del Estado mexicano, que no ha podido resolver el severo problema de inseguridad que lo aqueja pese al cerco policiaco-militar impuesto desde hace siete años.
No se ve la luz al final del túnel. El homicidio del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, comandante de la octava Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, y de su ayudante a manos de gatilleros del grupo criminal Los Caballeros Templarios, es sin duda un abierto desafío y mensaje al gobierno federal priista, que el viernes pasado reconocía el trabajo leal y patriótico de los integrantes de la Secretaría de Marina, e incluso al comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, y encargado de la Policía Federal, egresado de esta institución.
El terror, el dolor, el coraje y la frustración aumentan luego de que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, revelara que los tres delincuentes detenidos, involucrados en este crimen, confesaron que percibían un pago mensual de siete mil 500 pesos por robar, secuestrar, extorsionar y cometer otros delitos en el estado de Michoacán. Vaya ocupación tan deleznable. ¿Cómo explicar a los familiares de éstos y otras víctimas que su vida y estabilidad depende de estas lacras sociales, de estos matones a sueldo? ¿Siete mil quinientos pesos vale una vida? ¿Qué responderán los padres, esposas e hijos de estos asesinos cuándo les pregunten sobre su actividad o modo de ganarse la vida?
No hay argumento que justifique su conducta. La entidad es una de las más afectadas por el crimen organizado y el narcotráfico, pese a la presencia militar, de la Policía Federal y de la Marina desde el sexenio pasado. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cinco meses de 2013 se registraron 7.75 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. Y en el mismo periodo el delito del secuestro se ubicó por arriba de la media nacional con 1.6 privaciones de la libertad por cada 100 mil mexicanos. La extorsión en Michoacán también aumentó en estos meses, impactando directamente la economía de las empresas se consumaron 3.3 delitos por cada cien mil habitantes. Números con una historia de vida atrás.
Cifras por demás alarmantes, que no debieran registrarse y muchos menos crecer; más si existe un cerco de seguridad que fue reforzado la semana pasada con 2,200 efectivos de diferentes corporaciones. ¿Hasta cuándo se emprenderán acciones coordinadas y de gran calado para rescatar el estado y evitar que se contaminen las entidades vecinas? Michoacán no aguanta más y urge restablecer el imperio de la ley y del Estado.
Es preciso hacer énfasis en la vinculación de esfuerzos, pues el presidente Enrique Peña Nieto ha reconocido el obstáculo que representa la falta de unidad entre los agentes involucrados, incluidos los gobiernos locales, para recuperar el control de las zonas en manos de los criminales. Al respecto advirtió: «En Michoacán, el gobierno de la república está trabajando para regresar la paz y la tranquilidad a todos los habitantes. Michoacán tiene y tendrá todo el respaldo del gobierno para asegurar el estado de derecho en cada una de las regiones… Hay una buena coordinación, sin embargo, estos eventos que se han registrado de emboscadas y demás, se ha tenido solamente para con elementos de la Policía Federal, vamos a reforzar la coordinación, y el que exista una mayor presencia», dijo.
La respuesta de los malosos al discurso de Peña Nieto no se hizo esperar. El pasado fin de semana hubo 3 bloqueos en diversos puntos carreteros de Michoacán; “ciudadanos indignados” exigían el retiro de la Policía Federal de la entidad. Uno de éstos, el de Ecuandureo, sirvió de coartada para desviar al vicealmirante y emboscarlo después en un camino vecinal. Ejecutando una vez más su nueva táctica de cazar a sus enemigos, pues el pasado martes 23 en siete puntos diferentes del estado fueron atacados elementos de la Policía Federal. Surge entonces la pregunta: ¿Dónde están los cuerpos y programas de inteligencia? O pensando mal, ¿alguien pone a los policías, marinos y soldados?
No olvidemos cómo el narcotráfico y el crimen organizado destruyeron el tejido social para construir sus bases ciudadanas, a fin de operar e incluso utilizarlos como escudo en sus diferentes negocios y actividades delictivas. Un ejemplo claro de estos aliados son las policías comunitarias. Como lo hemos documentado en este espacio, se trata de habitantes de las mismas comunidades que surgen como paladines defensores de sus vecinos, pero en realidad son personas afines y al servicio de estos grupos. Muy pocas son las excepciones de habitantes que se han organizado para defenderse de estos criminales.
Para nadie es un secreto cómo la corrupción y la impunidad sentaron sus reales en las estructuras de poder local y estatal, a grado tal que ellos deciden quién gobierna y, si no cooperan, pues los matan. Al respecto el diputado, Silvano Aureoles, ex candidato del PRD al gobierno michoacano, ha señalado lo siguiente: “por años estos grupos han adquirido profesionalismo, unos conocen el terreno, tienen recursos, tienen capacidad logística, capacidad de fuego, que eso no se construye de la noche a la mañana, evidentemente, hace muchos años ya que Michoacán empezó a convertirse en un centro de producción y movilización de enervantes; este asunto, y no por diluir responsabilidades, lleva por lo menos 25 o 30 años enquistándose, que hoy vemos la complejidad que ha alcanzado, en donde estos grupos han tenido capacidad para enarbolar, incluso, demandas sociales o reivindicar causas sociales, mezclado con el fenómeno religioso y, desde luego, la parte delincuencial que se ha fortalecido por años, por décadas”.
Así las cosas, el gran reto del gobierno priista de Enrique Peña y del interino Jesús Reyna será el de arrebatar el estado al crimen organizado y devolver la tranquilidad a los ciudadanos que viven a fuego cruzado entre delincuentes, policías, soldados y marinos. La afirmación de Silvano Aureoles es demoledora: “En la inmensa mayoría de los 113 ayuntamientos, son los grupos de la delincuencia organizada los que gobiernan”. Y sabe de lo que habla: Zitácuaro, su lugar de origen, ha vivido días difíciles.
Sin duda, la situación es complicada y exige la aplicación de la ley con firmeza. El secretario de Gobernación, Miguel Osorio, había convocado a una reunión el lunes 29 con “los actores políticos nacionales y locales para lograr un acuerdo respecto a lo que tenemos que hacer en Michoacán en lo político, para que de ahí camine en lo administrativo y, con ello, logremos solucionar los problemas que ha tenido desde hace varios años”. Sin embargo, no hubo tal. Los Templarios y asociados mandaron su mensaje al ejecutar al vicealmirante: “los marinos no podrán con nosotros”. ¿Cuál será la respuesta de la autoridad federal?
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