La decisión afecta a seis de las ocho empresas acusadas, pero no a Smith & Wesson e Interstate Arms, contra quienes el caso sigue en curso
La demanda civil del gobierno mexicano contra varias empresas armeras estadounidenses ha encontrado un nuevo obstáculo luego de que un juez federal en Boston desestimara parte del caso por problemas jurisdiccionales. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ahora evalúa sus próximos pasos, incluyendo la posibilidad de apelar o llevar el caso a otras cortes.
El juez Dennis Saylor del Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts determinó que la petición del gobierno mexicano, que busca 10 mil millones de dólares en daños, no podía proceder contra seis de las ocho empresas originalmente acusadas. Estas empresas son Sturm, Ruger & Company; Glock Inc.; Barrett Firearms Manufacturing; Colt’s Manufacturing Company; Century International Arms; y Beretta USA. Según el juez Saylor, la conexión de estas empresas con los daños alegados por México era «mínima en el mejor de los casos».
El juez Saylor destacó que el gobierno mexicano no logró demostrar que alguna arma vendida específicamente en Massachusetts hubiera causado daño directo, aunque México argumentaba que era probable que algunas armas traficadas ilegalmente desde ese estado terminaran en manos de cárteles en su territorio.
A pesar del fallo adverso, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México enfatizó que la demanda contra Smith & Wesson e Interstate Arms sigue en curso. Estas empresas no se ven afectadas por la decisión del juez Saylor, quien concedió las solicitudes de desestimación presentadas por las otras seis empresas.
El caso, presentado por México en agosto de 2022, ha sido respaldado por diversas organizaciones que promueven el control de armas. Sin embargo, ha enfrentado numerosos desafíos, incluyendo un fallo previo del mismo juez que aplicó la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA) para escudar a los fabricantes de armas de responsabilidad civil, una decisión que fue revertida por un tribunal de apelaciones en enero de 2024.
Jonathan Lowy, abogado representante de México y presidente fundador de Global Action on Gun Violence, expresó su decepción con la reciente decisión judicial pero subrayó que el caso contra las dos empresas restantes sigue adelante. Lowy también indicó que México está considerando apelar la decisión o explorar otras vías legales en diferentes jurisdicciones.
El juez Saylor, en su fallo de 28 páginas, resaltó que la teoría jurisdiccional del gobierno mexicano se basaba en probabilidades estadísticas sin evidencia concreta que vinculara las armas vendidas en Massachusetts con los daños reclamados en México. «El demandante ha fallado en presentar cualquier evidencia que vincule a cada uno de estos eslabones para apoyar su acusación central», afirmó Saylor.