El gobierno se encuentra ante una inmejorable oportunidad de intervenir a fondo. Hacen falta otras medidas y una de ellas podría revocar la concesión y ponerla en manos responsables.
Frente a la magnitud del derrame tóxico en Sonora, el Grupo México se apresuró a culpar a un indefenso: a Tláloc.
¿Cómo podría argumentar en su defensa el dios de la lluvia cuando con toda simpleza los dueños de la concesión minera le achacaron a la última gota el derrame del vaso entero y no a sus fallas industriales? De ninguna.
“El derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora fue causado por las malas condiciones de un tubo de polietileno en una de las piletas, así como por la falta de una válvula de la empresa minera Buenavista del Cobre —subsidiaria de Grupo México—, no por el exceso de agua resultado de las lluvias, como aseguró la empresa en un principio, lo cual es “completamente falso”, ha dicho el secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra.
Pero esa mentira, aunada a la imaginaria inocuidad de los líquidos vertidos, sería suficiente para ir más allá de la ridícula multa con la cual se quieren resarcir los daños. No se sabe del restablecimiento del destruido equilibrio ecológico sólo por aflojar la cartera, así sea con cifras millonarias para cualquiera, pero ínfima para un consorcio cuyas utilidades sobrepasan la imaginación (en el primer trimestre de este año, 554 millones de dólares, según Forbes).
El secretario insinuó el volumen de la (millonaria) multa al grupo minero, pero bien se guardó de hacerla pública con precisión. ¿Por qué? Sólo él lo sabe.
Otra mentira es la bondad en el reparto de agua potable y sobres para evitar la deshidratación de los niños. No son suficientes.
Pero ninguna otra se parece a la siguiente. Ésta no es del Grupo México, es del gobierno federal:
“El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) integra ya la averiguación previa para lograr la consignación ante un juez de los presuntos responsables del desastre ambiental registrado por la minera Buena Vista, de Grupo México.
“Refirió que los directivos de la citada empresa podrían alcanzar penas que van de uno a nueve años de prisión”.
No se sabe si esta declaración deba ir acompañada del efecto con el cual Tim Burton resolvió la última escena de la película Batman cuando El Guasón cae de un alto campanario: una bolsa de la cual emerge una risa interminable.
Ya desde la semana pasada, en el insolente desplegado de prensa del Grupo México se advertía: “…rechazamos las acciones legales punitivas anunciadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dada la naturaleza fortuita del accidente (no fue fortuita, fue irresponsable)… y la pronta y completa respuesta de la empresa.”
Como vemos, el gobierno se encuentra ante una inmejorable oportunidad de intervenir a fondo. Hacen falta otras medidas y una de ellas podría revocar la concesión y ponerla en manos responsables. Tampoco restablecerá el equilibrio, pero les evitará hacerlo otra vez.
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
