La protesta, que reunió a cientos de personas, incluidos familiares, amigos y activistas, demandó justicia y respuestas sobre el paradero de los estudiantes
Este jueves, miles de personas se congregaron en la Ciudad de México para conmemorar los diez años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. La marcha, que partió desde el Ángel de la Independencia, avanzó por el Paseo de la Reforma y culminó en el Zócalo con un mitin encabezado por los padres de los estudiantes desaparecidos.
Desde la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, los jóvenes normalistas fueron secuestrados en Iguala, Guerrero, en un ataque coordinado por el grupo criminal Guerreros Unidos y la policía local, con el respaldo de autoridades corruptas a nivel estatal y federal. A lo largo de esta década, lo único que se ha recuperado son fragmentos de hueso de tres estudiantes, lo que ha dejado en el aire el paradero de los 43 desaparecidos.
La manifestación de este jueves fue respaldada por diversas organizaciones civiles, incluidos familiares de personas desaparecidas en México, quienes también exigen justicia y respuestas. La lluvia que cayó durante el día no frenó a los miles de manifestantes, quienes se unieron a la exigencia de verdad y justicia, en un caso que ha marcado profundamente a la sociedad mexicana.
La búsqueda de la verdad y el avance en el caso
A lo largo de estos diez años, se ha cuestionado la lentitud del avance en la investigación, así como la responsabilidad de los gobiernos en turno. Durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, las autoridades promovieron la llamada “verdad histórica”, que sostenía que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero. Sin embargo, esta versión fue desmentida por investigaciones independientes, entre ellas las realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que evidenciaron la participación y encubrimiento de agentes estatales en los hechos.
Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y Amnistía Internacional han exigido repetidamente que el Estado mexicano esclarezca el paradero de los 43 estudiantes y sancione a los responsables. En su último informe, el GIEI destacó la falta de cooperación de las fuerzas armadas y la existencia de un «pacto de silencio» que sigue obstaculizando el esclarecimiento del caso.
La respuesta del actual gobierno y el que viene
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió desde su campaña presidencial dar con la verdad sobre el caso Ayotzinapa. No obstante, familiares de los estudiantes acusan al presidente de no cumplir su promesa, argumentando que ha protegido al Ejército, una institución señalada por su posible participación en la desaparición de los jóvenes.
Por su parte, las autoridades han informado sobre la apertura de nuevas líneas de investigación y la identificación de restos óseos de dos estudiantes. Sin embargo, organizaciones y familiares consideran que estos avances son insuficientes. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) y la Unidad Especializada para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República han enfrentado críticas por la falta de transparencia y la parálisis en las investigaciones más recientes.
Con la próxima llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, la sociedad civil y las familias de los 43 desaparecidos esperan que se retome el impulso para esclarecer el caso. La CIDH ha insistido en que el diálogo auténtico entre las autoridades y los familiares es crucial para avanzar en la investigación y lograr justicia para las víctimas.
Un mitin de lucha y exigencia
El mitin en el Zócalo fue emotivo. Los padres de los 43 normalistas realizaron un pase de lista en el que pronunciaron los nombres de sus hijos uno por uno, acompañados del grito: «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!». Exigieron nuevamente la presentación con vida de los estudiantes y el fin de la impunidad que ha caracterizado este caso.
La marcha no solo recordó la desaparición de los normalistas, sino que también puso de relieve la deuda de justicia que el Estado mexicano tiene con las víctimas de desapariciones forzadas y sus familias. A diez años de este trágico suceso, Ayotzinapa sigue siendo un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia en México.