Fin de semana con Rafael Cardona
En diciembre del 2006, comenzó la Cruzada Mexicana por la reconquista de los Santos Lugares. Los primeros templarios fueron a la significativa tierra michoacana. Casi 7 mil elementos del Ejército, Marina, PFP y AFI partieron (con la cara al sol, diría un cantor de gestas militares), para devolver el estado a sus habitantes; instaurar la paz y erradicar el narcotráfico.
La “Operación conjunta”, como fue conocida, era un secreto a voces. Hasta el gobernador del Estado, Lázaro Cárdenas, lo sabía. Tanto como para salir de Morelia y comentar las cosas desde la ciudad de México:
“Con tantos avisos –les confió a sus amigos en una cena–, los jefes ya tuvieron tiempo de salir del Estado.”
Mientras tanto el efímero secretario de Gobernación (quien ahora podría volver a las lides políticas en San Lázaro, dispuesto a pelearse desde el arranque contra Josefina Vásquez Mota), Francisco Ramírez Acuña, declaraba mientras las tropas se enfilaban rumbo a Zitácuaro: “la batalla contra el crimen apenas comienza; y será una lucha que nos llevará tiempo».
Las noticias de entonces nos decían: entre las acciones de la “Operación Conjunta Michoacán” están considerados retenes y puntos de revisión en carreteras; desmantelamiento de focos de venta de drogas, así como cateos y aprehensiones, entre ellas las derivadas de 300 órdenes de captura abandonadas contra narcotraficantes de los cárteles de los Valencia, de Sinaloa y de Los Zetas.
Poco después el gobierno daba a conocer los primeros resultados altamente espectaculares, pero como se puede ver ahora, plenamente insuficientes: trece presuntos narcotraficantes fueron detenidos; mil 100 cartuchos y tres armas fueron aseguradas y se ubicaron mil 100 plantíos de mariguana; el 5 de diciembre, nos dijo Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República, se aseguró en el puerto de Lázaro Cárdenas un cargamento de 19.7 toneladas de pseudo efedrina procedente de China (esa cosa es el precursor para la elaboración de metanfetaminas), el cual fue catalogado en ese afán siempre totalizador y primigenio, como el mayor aseguramiento de ese tipo en toda la historia de la humanidad.
El secretario de la Defensa Nacional, el recientemente reconocido y laureado general, Guillermo Galván Galván, reveló la cuantía de sus elementos: 4 mil 260 soldados, además de aeronaves, vehículos y unidades caninas. El secretario de Marina, Francisco Saynez (también homenajeado por su medio siglo en las Fuerzas Armadas), habló de mil 54 elementos, así como barcos y helicópteros, con el fin de «sellar las costas de Michoacán al tráfico de drogas».
Además, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, se sumaba al entusiasmo: La Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigación (AFI) participarán con mil 640 elementos… Hoy de la Agencia Federal de Investigación, no quedan sino los uniformes sin insignias.
Si se consideran las cosas con un poco de frialdad se pueden recuperar algunos elementos útiles para el análisis o por lo menos las preguntas.
Por lo pronto la captura de los alcaldes michoacanos (no tiene caso ahora volver ni sobre sus nombres ni sobre sus lugares de actuación) y sus compañeros de infortunio, es evidencia del fracaso de una ocupación militar.
Si dos y medio años después de iniciada la “Operación conjunta” en esa entidad, se sufrieron la emboscada de Carácuaro; los granadazos durante el “grito” en Morelia y se sigue viviendo un clima de superposición de narcotraficantes sobre autoridades legítimas y corrompidas (legítimas de origen electoral; corrompidas por miedo o complicidad) y no se puede ni siquiera consignar a los responsables, algo no esta funcionando de manera correcta. Bueno, ni siquiera de manera completa.
Cuando se iniciaron las operaciones militares hubo, en efecto, fugas de información. Tanto como para alertar a quienes se debido haber sorprendido “in situ” e “in fraganti”, lo cual, podría justificar toda la precaución posterior y le da sentido a aquella explicación del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien habló de un operativo cuya complejidad debía correr parejas con la discreción y el conocimiento de muy pocas personas.
Pero el gobernador, dijo, Pero Grullo, es el gobernador. Y si no se le tiene confianza para avisarle de manera oportuna y segura cuanto se va hacer en su Estado, entonces uno se arriesga a recibir estas palabras como preámbulo a la pomposa y desinflada (bello oxímoron) ceremonia del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el día de la fecha:
“Morelia, Michoacán, a 2 de junio de 2009. Lic. Felipe Calderón Hinojosa. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Presente.
“En virtud de que con fecha 27 de mayo entregué al secretario de gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, carta protesta dirigida al Procurador General de la República, Lic. Eduardo Medina Mora, y debido a que a la fecha no he recibido información sobre el destino jurídico dado por el Procurador a dicho documento, le informo respetuosamente:
“Todos los elementos probatorios, datos duros, que hasta el momento tenemos demuestran plena e irrebatiblemente la incursión violenta e ilegal que la policía federal hizo al Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Mismos elementos que a continuación enumero:
“1. Reportes que rinde la guardia encargada de la custodia del Palacio de Gobierno,
“2. Video tomado durante la incursión al edificio oficial, y
“3. Copia de la carta dirigida al Procurador General de la República.
“En espera de una respuesta, le reitero la seguridad de mi mayor consideración”.
Pero no sólo eso. El jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quebró su mutismo y su desconocimiento y se dirigió a los presentes (y cuando esta presente el Presidente, es el más presente de los asistentes), para decirles:
“Dos reflexiones que en esta ocasión quisiéramos compartir con ustedes…. el compromiso irrestricto tanto de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, como de los gobiernos en cuyo nombre tengo el honor hoy de externarles a ustedes esta reflexión, que son Zacatecas, Michoacán, Chiapas, Baja California Sur y Guerrero.
“Hemos participado en el seno de este Consejo y en el Acuerdo Nacional sin escatimar nada. En todas nuestras entidades federativas hemos tomado muy en serio y muy a fondo lo que se ha planteado como una estrategia nacional que pensamos que es una política de Estado…
“…Y por eso nosotros quisiéramos subrayar que los acuerdos que aquí hemos tomado, que las acciones que se han tomado, tanto por las autoridades federales como por las instancias estatales. Merecen todo respeto y el respaldo que esté a nuestro alcance. Especialmente lo que tiene que ver con la infiltración de elementos vinculados al crimen organizado en muy diferentes esferas de la vida pública, de las instituciones responsables de la seguridad, de las representaciones políticas, por desgracia en algunos casos, o bien, de la vida empresarial y de los sectores productivos del país y de nuestras entidades… hay que redoblar el paso, hay que sustentar este esfuerzo, pero hay que hacerlo desde el ámbito de una política de Estado.
“Y nos parece que para que ello sea así es importante o es indispensable que los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas aquí representados seamos tratados como tales, sobre la base de que nuestro compromiso primordial con nuestros gobernados es proteger su integridad, su seguridad….
“Pero también nos parece indispensable que las y los gobernadores y el de la voz, estemos cuando menos al tanto de cuando se lleva a cabo un operativo de esta naturaleza. Porque de otro modo lo que se siembra es la desconfianza, lo que se siembra es la duda y nos parece que eso es injusto e inconveniente”.
Pero si bien nadie ha cuestionado la política de Estado todos han censurado su aprovechamiento electoral, asunto cuya negación es parte de la necesaria cara dura de cualquier político profesional sea cual sea su cargo.
Los anuncios del Partido Acción Nacional no solo en la página del “Internet” cuyos contenidos después se transforman en noticias tendenciosas y machaconas en la TV y la radio, sino en los mensajes en los tiempos oficiales, persisten en el planteamiento del sofisma de la lealtad.
Como dijo el cruzado Balduino de Boloña, quien fue coronado rey de Jerusalén en 1101: todo es justo en el nombre de Dios. “A por ellos”. Y cargó contra los herejes hasta la llegada de Saladino, quien se volvió a quedar años más tarde con la Ciudad Santa. Pero eso es historia antigua y hasta cierto punto innecesaria en este momento.
Sin embargo esa actitud de fe y vehemencia se ha extendido en el Partido Acción Nacional. Los santos lugares son toda la patria en manos de los pecadores y los infieles se llamen narcotraficantes, priístas o perredistas. Principalmente los segundos cuya erradicación es materia de compromiso esencial y su maligna condición materia de exorcismo político. No importa si están en Chihuahua, Veracruz, Sonora, Nuevo León o donde sea.
No bastó con sacarlos de Los Pinos, debemos sacarlos de la historia misma de la patria por ellos embrutecida y corrompida de la mano de la delincuencia organizada de la cual son patronos, beneficiarios, cómplices y gemelos (no vaya a pasar como con Saladino).
¿Cuáles serán las consecuencias de esta polarización acusatoria? ¿Cuál podrá ser su rendimiento electoral?
No dejes a México en manos del crimen, dice el anuncio… ¡Vota PAN!
Si se llegara a producir el anhelado triunfo electoral del mes entrante y Felipe Calderón lograra la mayoría en la Cámara (251 diputados), cosa altamente improbable, alguien se va a sentir Napoleón en Austerlitz. Pero si no, se va a sentir Bonaparte en Waterloo.
Voces con vasta experiencia en el PAN me han dicho (y revelaré quién el seis de julio), “la verdad se sentirían aliviados con un diputado más de cuantos tenga el PRI, esa es su mayor esperanza. No tienen para más”.
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Información divulgada por “W Radio” (Verónica Rangel) coloca en las encuestas sobre popularidad y aceptación a Enrique Peña Nieto, gobernador del Edomex, por encima de Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del DF.
Lo notable en este caso es el patrocinador de la encuesta: el Partido de la Revolución Democrática.
Los resultados entregados a ese partido por las casas encuestadoras –dijo la radio–, señalan: Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México, presenta muy altos niveles de popularidad y aceptación entre el electorado.
Según los análisis entregados al PRD por las encuestadoras Parametría y Consulta Mitofsky, el priísta cuenta con saldos a su favor debido a sus “atributos personales como su buena presencia, su imagen, fortaleza y la seguridad que demuestra”.
Para Mitofsky, el 45 por ciento de su población encuestada (muestreo aleatorio) tiene una buena opinión del mandatario mexiquense, contra sólo 5 por ciento del electorado el cual plantea opinión negativa.
Al aplicar la encuesta entre militantes perredistas, Peña Nieto también tiene buenos resultados: 35 por ciento en positivo contra 8 por ciento con opinión negativa.
En la encuesta conocida por la Comisión Política del PRD, sorprendió el grado de aceptación del electorado sobre la administración de Peña (80 por ciento) lo cual implica un 7.4 por ciento arriba del propio jefe de gobierno perredista, Marcelo Ebrard.
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Dije líneas arriba de las distinciones conferidas a los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina Armada. Imposible divorciar estas palabras del presidente Felipe Calderón de otras pronunciadas hace casi dos años. Veamos:
“A nosotros –dijo en la fiesta de esta semana–, nos ha tocado el honor de servir a México en circunstancias extraordinariamente adversas, que han implicado, no sólo esfuerzos extraordinarios, sino los más variados riesgos, incluido, el de la vida”.
Y el 24 de marzo del 2007:
“Sí, hemos recibido muchas amenazas y seguramente las habrá… No sabemos si sean ciertas o falsas, pero evidentemente eso no cambia nuestra decisión de cumplir con nuestro deber”.
