Millones de ciudadanos no le tuvieron confianza al registro de los teléfonos celulares, el cual no requería, por cierto, de ninguna información adicional a la dominada desde siempre por el gobierno: el CURP y el nombre. Con motivo de un trámite personal tuve necesidad de ir a una oficina de la Secretaría de Seguridad Pública en la colonia Del Valle. No trataré ahora de la calidad del servicio solicitado (vale la pena dejar constancia de la buena calidad del trato en el asunto requerido), sino de la naturaleza de la gestión por la cual toqué las puertas de Genaro García Luna.
Me pidieron una carta de limpieza. Una constancia de no haber estado nunca detenido, procesado ni sentenciado ni haber purgado sentencia ninguna.
Más allá de la abusiva solicitud para comprobar tales condiciones, lo cual es obviamente violatorio de los derechos fundamentales, la Secretaría de Seguridad Pública me sorprendió: en menos de 15 minutos el Estado mexicano me extendió una carta de inexistencia. No estoy en sus archivos.
Dije lo abusivo de esta solicitud, pues tal requerimiento vulnera el principio de inocencia y la noción misma de readaptación social. ¿Cómo me preguntan si he estado detenido o preso? El asunto es mi actual libertad. Y aun si hubiera pasado por un proceso y una condena, eso no restringe ni limita mi actual condición.
Si la prisión es un estigma, entonces el Estado reconoce su inutilidad como mecanismo reparador. No sirve entonces para la reinserción social.
Por eso Luis Spota escribió uno de sus grandes reportajes novelados, Lo de antes. La vida de los ladrones cuyo destino regresaba, pues una vez fuera de la cárcel los policías los buscaban para exigirles robar para ellos a través de una compleja red de protección y aprovechamiento.
Pero si los registros de la SSP son confiables bien podrían dejar de serlo. Si en México tenemos tantas y tantas muestras de cómo se trafica con datos personales, ¿quién nos puede garantizar el empleo correcto de los antecedentes penales y no penales?
Hace apenas unos días nos dimos cuenta de cómo el padrón electoral enterito puede pasar a manos de quien se ponga guapo y afloje 10 ó 12 mil dólares, cantidad bastante menor si se considera el aprovechamiento de tantos y tantos datos, ya para fines mercantiles o de comercio, ya para cuestiones políticas o de inteligencia.
Por eso millones de ciudadanos no le tuvieron confianza al registro de los teléfonos celulares, el cual no requería, por cierto, de ninguna información adicional a la dominada desde siempre por el gobierno: el CURP y el nombre.
Sin embargo, el Renaut, además de una intromisión, fue una intromisión mal hecha y peor concebida. No tuvo más razón de ser como no fuera suplir la deficiencia crónica de un sistema incapaz de vigilar la vida carcelaria. Fue el reconocimiento de una claudicación, la evidencia de una incapacidad, el último recurso para taparle el ojo al macho o la oreja al extorsionador.
Mentira, todo fue mentira.
COLOMBIA
Más allá de las simpatías personales, el ex presidente de Colombia, César Gaviria, le ha puesto un petardo debajo del escritorio a Felipe Calderón y su “cruzada” contra el narcotráfico. El cohetón es superior al de Joaquín Sabina en aquella sucursal del banco balbaíno cuando jugaba al terrorista.
“El proceso de aprendizaje de México para tener una política que ayude a recuperar la seguridad y que ayude a quitar ese problema de manera más exitosa –dijo Gaviria (quien además fue secretario general de la OEA)– está resultando muy largo y no porque las cosas que están haciendo no se necesiten, sino porque no está focalizándose suficiente, porque está tratando de mejorar toda la policía y creo que ese no es el camino”.
Gaviria dijo algo sobre lo cual en México todo mundo pasa como pisando vidrios: las empresas privadas de seguridad, con frecuencia conformadas por ex policías metidos sobre todo en asuntos de secuestro:
El incremento de las corporaciones privadas de seguridad representa un riesgo, más allá de coadyuvar en las labores de vigilancia en el país; es urgente regular su creación, operación y mantenimiento, a fin de contener su quehacer dentro del combate a la delincuencia y evitar que se conviertan en “ejércitos” de la delincuencia organizada.
“Lo que hay que tratar de evitar –explicó– es que esos organismos de seguridad se vuelvan ejércitos y tengan las mismas armas que las fuerzas armadas y terminen con más poder de fuego que éstas, como ha ocurrido con los cárteles de la droga, que a veces tienen más poder de fuego que el propio Estado”.
Eso supera en gravedad a los dichos de ingenuidad del politólogo Sabina. ¿También a Gaviria lo van a llevar a cantar a Los Pinos?
