Los pecados de Medina

El teléfono sonó:

–¿Viste? Esto es una intromisión insólita del Ejecutivo en el Poder Judicial. Es una vergüenza”.

Mi amigo, funcionario del Poder Judicial, con vasta experiencia en la Corte, comentaba a así la votación en el Senado cuya relativa contundencia llevó a Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia.

Yo pensé en la formas de la intromisión: ¿habrá sido así? En todo casi el Poder Legislativo fue quien le dio el sitio en la Corte a Medina. El Ejecutivo sólo lo propuso y todo lo demás se hizo a través de los procedimientos legales, constitucionales.

Obviamente ignorar la capacidad de presión y las dimensiones del cabildeo para empujar los votos necesarios sería una candorosa e imperdonable circunstancia. Obviamente la propuesta se tradujo en una instrucción para los senadores cuya afinidad política no les causó, seguramente, ningún conflicto de conciencia.

Pero en todo este mar de opiniones a favor y en contra hay algo no aclarado: ¿cuál es el interés tan determinante del Ejecutivo en proponer (o imponer) a Eduardo Medina Mora?

Y ya con un poco de apuro uno se puede preguntar: ¿cuáles son las razones del encono de los opositores para impedirlo?

Medina Mora ha sido embajador de México en la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Un  embajador representa, obviamente a un gobierno, pero también a un país. Su sede diplomática es jurídicamente un trozo de México en los países donde se encuentra.

Y en ninguno de los dos casos quienes ahora se movilizaron al extremo de las cincuenta y tantas mil firmas se expresaron con semejante virulencia en la exposición de los pecados públicos, personales y quizá privados, como las amistades y las relaciones propias de MM.

Si esta columna hubiera tenido voto en el Senado, lo cual es además de absurdo, imposible, habría votado en contra, así fuera únicamente por la insensibilidad con la cual Medina Mora exoneró a los causantes de la hornaza criminal de los niños de la guardería ABC en Sonora a los pocos días del incendio, mediante un displicente análisis sobre la gravedad o no de los hechos accidentales.

Tiempo después, Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación de Felipe Calderón (de los varios en aquel periodo), denunció (sin consecuencias reales) la intencionalidad del incendio.

Las actuales acusaciones y señalamientos pasaron, sin embargo,  por otros terrenos mucho menos inhumanos: la cercanía con  Televisa, la participación en los hechos de Atenco, los intereses afines a  empresas de energía, sus posiciones “mochas” en materias sensibles, su papel en el “michoacanazo” y hasta su residencia fuera del país, como si la misión diplomática implicara desarraigo, exilio, destierro o abandono.

En fin.

Con 52 mil firmas a favor o en contra de cualquier cosa, se crea una fuerza de opinión (si no también una fuerza política) cuya dimensión debería ser tomada en cuenta. En este caso fue tomada en cuenta para no tomarla en cuenta.

Por otra parte vale preguntarse: ¿todas las decisiones políticas deberán ser tomadas una vez satisfechas las expresiones de protesta? En ese sentido protestar sería gobernar. Lo más obvio en este caso es incorporar la denuncia de un sistema de cuotas partidarias en los nombramientos futuros de la Corte, pues como se sabe dos ministros causan baja este mismo año: Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero.

Sus vacantes serían ocupadas por Raúl Cervantes y alguien  cercano al Partido Acción Nacional. Ahí tendrá un papel importante, como ahora lo tuvo, Fernando Herrera, coordinador del PAN, quien con discreción hizo cuanto debía hacer.