Nunca en la historia humana ha habido una profusión informativa como la actual. Tampoco este riesgo cataclísmico.
El mundo digital, la proliferación de señales radiofónicas y de televisión montadas en las plataformas; los contenidos originales de éstas, la abundancia mil millonaria de los mensajes de texto por segundo en derredor del planeta en una incesante avalancha de día y de noche en un mundo sin horario y los chismorreos de las redes sociales convertidos en armas políticas o comerciales, le plantean a la sociedad contemporánea y a la ciencia del Derecho, muchas interrogantes y muchas dificultades.
Esto también da lugar a muchas tentaciones autoritarias o comportamientos irresponsables, en especial en cuanto a la facilidad de los linchamientos irremediables (deliberados o no), cuyas consecuencias van por encima de los límites judiciales.
Lo único peor que la mala suerte –dice un personaje de Gabriel García Márquez–, es la mala fama. Y hoy la fama de una persona pende de los hilos invisibles del canario azul o cualquiera otra de las redes cuyo tejido cibernético atrapa y nunca suelta. Nada se olvida en los gigantescos y planetarios archivos de la red; la verdadera memoria –o ficha o expediente–, del universo. Y ahora, hasta del metaverso.
La más notable de todo esto es la carrera entre la realidad en velocisima carrera, contra los notablemente rezagados cambios jurídicos y políticos.
En este sentido es muy notable el foro de estos días promovido por la Escuela Libre de Derecho, la Academia Mexicana de la Comunicación A.C. y la Coalición de Mexicanos en Defensa de la Constitución y el Estado de Derecho para tratar de definir o encontrar los “Límites del Estado en la persecución delictiva y su impacto en los medios masivos de difusión”.
Te recomendamos:
- Igualdad y justicia social, prioridades de México en el G20
- Hacienda proyecta crecimiento económico de hasta 3% en 2025
- La CIDH vigilará que la 4T no imponga jueces para beneficiarse de su polémica ley judicial
- CNDH, La hora más oscura
- La misma piedra
“Este Foro tiene como objetivo analizar el contexto actual, donde casos emblemáticos de procuración de justicia son exhibidos mediáticamente generando un contexto de culpabilidad adelantada para los indiciados de probables delitos, cuando aún no existe un veredicto definitivo, lo cual implica, -por una parte-, un atentado contra la presunción de inocencia a la que tenemos derecho todos los mexicanos y por otra, un daño irreparable a la reputación personal de quienes son sujetos de investigación por alguna autoridad, así como a la honorabilidad de instituciones e incluso empresas”.
El Foro fue inaugurado por la maestra Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, quien analizó las facetas más importantes del derecho a la información y sus restricciones. Si bien por lo general –dijo– toda la información debe ser pública existe también el deber de guardar la confidencialidad en asuntos relacionados con la vida privada y la seguridad del Estado.
La comisionada habló también de la necesidad de analizar y reflexionar sobre los límites y alcances del ejercicio coactivo del Estado en la persecución de los delitos, el impacto en el uso de redes y medios de comunicación en relación con la presunción de inocencia y su posible responsabilidad frente a la difusión de investigaciones penales.
Por su parte Ricardo Homs, en nombre de la Academia, habló de la justicia mediática y de cómo este fenómeno de nuestro tiempo capitaliza el resentimiento social (cuando no lo fomenta), y como la opinión pública presiona indirectamente a los juzgadores en casos políticamente emblemáticos, lo cual genera graves injusticias que destruyen la presunción de inocencia y la reputación de los presuntos culpables.
Luis Raúl González Pérez, expresidente de la CNDH expresó la necesidad de hacer cumplir las garantías individuales en materia procesal penal para esclarecer los hechos con base en pruebas y no sólo con información publicada en medios de comunicación.
Un foro oportuno en medio de la confusión propiciada por la irresponsabilidad o el uso faccioso y automatizado de las redes en favor de la desinformación desde el gobierno, cuya política de comunicación ha confiscado los espacios teóricamente neutros.
