Hace unos días el juez Odilón Centeno Rendón, emitió una sentencia favorable a Joaquín Vargas, presidente de MVS y contraria a los intereses de Carmen Aristegui y la empresa editorial Penguin Random House quienes deberán modificar el prólogo del libro sobre la Casa Blanca, dañino al prestigio y honor familiar del concesionario afectado, a quien se acusa (en otras palabras) de estar sometido a los designios del poder y actuar, por eso, contra de la naturaleza misma de su industria.
La modificación de ese prólogo litigioso, se debe dar mediante la inclusión parcial de la sentencia, en nuevas ediciones y aun en entrevistas, conferencias y demás, en las cuales se mencione el caso del señor Vargas, y su actitud personal.
Por ese fallo, el Juez Centeno se ha ganado una andanada de denuestos por su juicio y proceder y ese asunto lo debería tener preocupado. Quien actúa contra una “vaca sagrada” (dicho sea con brahmánico respeto), se expone a la ira de sus seguidores y devotos (del vacuno, no suyos). Pero el asunto le guste o no a quien sea, es cosa juzgada. Hasta ahora.
Como se sabe el presidente de MVS, Joaquín, sostuvo desde hace tiempo una disputa legal contra la periodista Carmen Aristegui (supuestamente debería terminar con este juicio), debido a los denuestos en torno de los motivos personales del jefe de esa corporación, en el despido y motivos para realizarlo de la ex conductora del matutino informativo originados por el uso indebido de la imagen de MVS en la plataforma “Méxicoleaks”.
Pero la conductora dijo otra cosa: “Méxicoleaks” fue usado como pretexto contra ella, a pesar del refrendo de su contrato, para castigarla por haber divulgado el explosivo asunto de la “Casa Blanca”.
Pero toda esta historia cabe detallada en un libro de Carmen, hecho con la colaboración del equipo con el cual investigó el asunto y su posterior uso como ejemplo insuperable de la corrupción mexicana y pasaporte a su inmortalidad profesional mediante la cosecha de premios y más premios por aquí y por allá. Bendito sea Dios. El libro en sí –escrito con tinta–, no es materia ni siquiera de disputa. Sólo el prólogo –escrito con bilis–, si lo es.
La sentencia abarca solamente el proemio en el cual Aristegui vierte su rencor en torno de la postura de Vargas y sus decisiones profesionales y lo exhibe como indigno de una herencia familiar, moral y otras cosas.
Y en eso fue donde el juez instituyó algo realmente notable (al menos esta columna jamás había escuchado ese enunciado): un concepto llamado “malicia efectiva”, lo cual significa simplemente difundir información (u opiniones o juicios de valor) con el solo propósito de dañar, herir, desprestigiar a un adversario.
En otras palabras, por joder. Por venganza.
Esta columna se abstiene de juzgar el asunto pues de eso ya se ha encargado el señor Odilón a quien además le pagan por hacerlo. Pero sí conviene pensar un poco en otro de sus postulados judiciales: el exceso en la libertad de expresión. Quizá el exceso se comete cuando la intención no es informar sino joder, para decirlo en pocas palabras.
Si la libertad expresiva e informativa de los periodistas –y los no periodistas–, es un derecho social o un derecho humano, como el del resto de los “seres pensantes” de este mundo, esta por verse. (y digo lo de seres pensantes, porque ahora ya se habla de los derechos de los animales, con lo cual el ladrido podría ser también una forma zoológica del derecho a la libre expresión de un cánido).
Pero si es un derecho debe tener también un límite, como todos los demás pues no los hay de condición absoluta. Al menos eso icen los togados. A fin de cuentas el “Derecho”, como tal, es una invención humana.
En este caso, interesante por todos los ángulos como se quiera ver, el juez ha visto un exceso en su ejercicio aunque mejor podría describirse o definirse, como un uso ventajoso de las tribunas sociales y profesionales. Para compensar ese uso y sus privilegios unilaterales se inventó el “derecho de replica”, pero de eso veremos después.
En el caso Aristegui, el despido justificaría (y aun haría necesaria) la pendencia laboral, pero no otorga impunidad para denostar (así lo cree el juez) a quien lo ha corrido a uno. Si así fuera, esta columna podría llenarse con mentadas de madre contra innumerables dueños de medios padecidos a lo largo de casi medio siglo. Esa podría ser en resumen la idea del juzgador.
Cuando esta sentencia sea encausada en los interminables ámbitos de la inconformidad y se vengan encima los recursos de impugnación, revisión y demás, seguiremos viendo el magnífico e interminable “show” del honor manchado y la libertad atropellada.
Por lo pronto esta materia debe ser leída (del verbo leer; no ler, como ha puesto de relieve la maestra Andrea) o comprendida en el conjunto de otras acciones judiciales relacionadas con la información y el derecho de recibirla, emitirla, complementarla, distribuirla y a fin de cuentas venderla, pues eso hacemos los medios de comunicación: vender información. Y a veces, muchos, criterio.
Y en el campo de los vericuetos judiciales, pues ahora tenemos el espinoso caso del “Derecho de Réplica”, cuya ley es materia de acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia donde ya se han dado las primeras escaramuzas con base en un concepto intolerable: la restitución informativa se debe dar con independencia de la veracidad de la información por la cual alguien se queja en forma de replicante derecho.
O sea, no importa cuanto se diga, sea cierto o falso. Los medios deben ceder sus espacios para una perorata o una parrafada de quien sea sólo por invocar un derecho.
Pero el documento de trabajo sobre el cual se quería aprobar este recurso tan distorsionado, hecho por el muy honorable (pero equivocado) ministro, Alberto Pérez D., fue desechado por los demás ministros quienes ahora revisan las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la CNDH y dos partidos políticos, para definir de una vez por todas ese difuso concepto del derecho de réplica.
La ley de Venustiano Carranza era más simple y jamás fue aplicada cabalmente por renuencia e impunidad de los medios, se debe reconocer. Y consistía simplemente en darle el mismo espacio y ubicación a la reclamación del empleado para desplegar la información sobre la cual hubiera queja.
INFONAVIT
Interesante la concurrencia de talentos en arquitectura, economía, desarrollo social y urbano y demás disciplinas reunidos en la llamada “Cumbre Infonavit” sobre financiamiento organizada por David Penchyna, director general de esa institución.
Para analizar nuevas formas de construir y financiar lo construido, dándole a la habitación popular la dignidad de un espacio habitable en todos sentidos, lejos de hacinamiento y el tugurio, se reunieron premios Nobel, ex presidentes, arquitectos, economistas. La lista apabulla:
Thomas Sargent, Premio Nobel de Economía; Sebastián Piñera, Ex Presidente de Chile; Xavier Martin, profesor, escritor y economista (España); Jeffrey Sachs, economista y escritor (Estados Unidos); Fernanda Canales,arquitecta y maestra (México): Tatiana Bilbao, arquitecta y empresaria (México); Frida Escobedo, arquitecta y profesora (México); David Adjaye, arquitecto y empresario (GB); Peter Eisenman, Doctor y arquitecto (Estados Unidos); Iwan Baan, fotógrafo (Holanda); Alberto Kalach, arquitecto (México); Enrique Norten, arquitecto y maestro (México);
Jose Castillo, arquitecto y maestro (México); Mario Molina (Nobel), ingeniero químico ( México); Pablo Vaggione, maestro y planificador. España.
Un éxito de Penchyna y de sus colaboradores en el área de arquitectura.
TLC
Si bien no hubo mayores definiciones, el Presidente Peña dijo durante la reunión de APEC, en Perú: no se debe modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sino modernizarlo pues son muchos los elementos actuales no contemplados en el momento de su elaboración y firma.
Tiene razón, pero la palabra “modernización” significa algo en México; otra cosa en Canadá y es irrelevante para un señor llamado Donald Trump quien simplemente dice: ese tratado nos debe beneficiar solo a nosotros o nos salimos de su marco.
Y si nos salimos, se acaba, dijo el otro.
VIALE
Felicidades a Oscar Viale Toledo quien ha recibido el premio de periodismo de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México por su trabajo en relación con la “Mataviejitas” en la prisión. La distinción lleva el nombre del profesor universitario, Miguel Ángel Granados y fue entregada el pasado día 14.
