Mal les ha ido a los presidentes panistas con los tribunales y los jueces de este país, especialmente a Felipe Calderón a quien su fama de abogado, estudioso del derecho y hombre de formación humanista (tan distinto de su ágrafo e iletrado antecesor) no le ha favorecido cuando trata de justificar muchos de los fracasos de su Procuraduría como yerros (o corruptelas) del Poder Judicial.
Si a Vicente Fox el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le dijo en los peores momentos de la historia política reciente, este hombre puso en riesgo la elección presidencial (con todas las consecuencias habidas y hasta las detenidas, entre ellas la nulidad del proceso), no es menor la acusación del Consejo del Judicatura contra Felipe Calderón.
Recordemos:
“…esta Sala Superior –dice el dictamen de validez electoral por el cual FCH es presidente–, no pasa por alto que las declaraciones analizadas del Presidente de la República Vicente Fox Quesada, se CONSTITUYERON EN UN RIESGO PARA LA VALIDEZ DE LOS COMICIOS que se califican en esta determinación que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos y circunstancias concurrentes examinados detenidamente, podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para en el resultado final…”
Y el Consejo de la Judicatura en fecha reciente (por voz de Juan Carlos Cruz Razo), tras las acusaciones de FCH y su manifestación de hartazgo y cansancio ante los fallos contrarios de los jueces, su calificación de cantaletas y su insistencia ante las fallas de los fallos; (el ex subdirector de la CFE, Néstor Moreno y Jorge Hank son dos de los ejemplos recientes), le ha dicho al Presidente (en pleno poder y en ejercicio normal de sus funciones):
“…“Cuestionar el trabajo de los jueces, sin fundamento, por consigna y más aún, sin pruebas, ATENTA CONTRA LA ESTABILIDAD NACIONAL… la sociedad busca y debe encontrar mejoras en la impartición de justicia, pero las autoridades de cualquier poder deben asumir sus responsabilidades… mucho menos desplazarlas en otros”.
A esa declaración el furioso presidente Calderón respondió así:
«A los juzgadores en general y en general a todos los que tenemos que ver de una manera u otra con la noble labor de elaborar e impartir justicia. En una sociedad amenazada por la criminalidad, como la nuestra, ENTRE LAS PEORES AFRENTAS QUE SUFRE EL CIUDADANO ESTÁ LA IMPUNIDAD. El hecho de que quien infringe la ley o comete un delito no reciba por cualquier razón el castigo o la sanción que se merece es grave…».
Ahí fue donde insistió sobre la brecha entre la verdad jurídica (legal) y la verdad objetiva (real).
Pero el Poder Judicial le respondió con una sonora trompetilla como ya había ocurrido con las frecuentes quejas en torno del desempeño del Poder Legislativo, la más señalada de las cuales ha sido la falta de Consejeros Electorales, sin reparar en la responsabilidad de Josefina Vásquez Mota en el atasco del proceso para designar a los tres faltantes.
Este es el escenario del pleito reciente (diferendo le llama la eufonía) entre el presidente de la República y el Consejo de la Judicatura, se ha hablado mucho –y FCH lo ha hecho con frecuencia– de la distancia entre la verdad legal y la verdad a secas. La verdad real o aquello en tiempos lejanos conocido como “la verdad desnuda”.
Aquí la única pregunta es si alguien resulta ganador con un pleito de esa naturaleza en el cual se advierte, paso a paso el creciente aislamiento del Presidente Felipe Calderón cuya ansia de notoriedad quedó de manifiesto en el largo y poco fructífero “road show” en los días previos y posteriores al Informe.
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Tono de gran final llevaban las palabras del Presidente Calderón cuando dijo en la península de Yucatán cómo piensa acabar su gobierno: a tambor batiente, término militar cuyo redoble acusa siempre aires y estrépito de victoria lo cual en este caso parece un poco dudoso e ilusorio a pesar de la oferta de “echarle todos los kilos”.
Arrobas y arrobas de entusiasmo podrá desplazar el jefe del estado, pero horas después de tan militarista invocación al empeño, anuncia la última (quizá) desarboladura de su gobierno. El señor José Antonio Meade, por ejemplo quien había salido apenas hace meses de la subsecretaría de Hacienda para encargarse de la política energética, se regresa a Hacienda para sustituir a su antiguo jefe, el señor Ernesto Cordero quien a pesar de todo y con el santo de espaldas, se enfila a cumplir el capricho de hacerlo candidato presidencial.
El caso de Meade, cuyos méritos no se cuestionan, es una muestra de la ligereza en el manejo del equipo presidencial. Parecen chícharos en una charola, mecidos al vaivén de las oportunidades políticas, sin tiempo para nada. Funcionarios de rato y de paso.
Dígalo si no la historia de Alejandro Poiré (un experto “milusos”) quien ha recorrido medio mundo –asesor, subsecretario, vocero, representante en el IFE, secretario del gabinete de Seguridad; vocero–, para ir a terminar al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, institución cuyos mejores días yacen en el olvido.
Pero en fin, el Presidente ya habla con toques de nostalgia:
“Un día, habrá la posibilidad de tener en la Plataforma México todos los registros dactilares, y yo creo que, incluso, de todos los policías, expolicías, reos, etcétera, y digo, ¿por qué no?, incluso los registros dactilares de los ciudadanos porque el que nunca delinque no tiene miedo de que alguien tenga su registro”.
Ese es el sueño del autoritarismo: saberlo todo. No importa si has hecho algo; es por si lo pensabas hacer. Big Brother, le llamaba.
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Por segundo año consecutivo el índice de calidad del servicio resulta favorable a la administración de Daniel. Karam, en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Con el respaldo de Transparencia Mexicana varias empresas encuestaron a los usuarios de los servicios del IMSS. Las respuestas son reveladoras: casi 80 por cieno de los derechohabientes considera conveniente la calidad del servicio.
“La encuesta de satisfacción de usuarios de servicios médicos del IMSS se integró por 38,081 entrevistas; 20,224 en primer nivel, 10,922 en segundo y 6,935 en tercero. El levantamiento fue realizado por dos empresas independientes al instituto, entre el 20 de junio y el 1° de julio de 2011, teniendo un nivel de confianza del 95%”, dice el documento divulgado por la institución.
“Con estas acciones –dice el IMSS–, el instituto avanza en la construcción de un sistema integral de medición de la satisfacción de los usuarios de los diversos servicios que presta, lo que permite establecer periodicidad, regularidad y certeza en la difusión de los resultados de las mediciones, así como incorporar mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información generada”.
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Hace unas semanas el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien renunció a su cargo ayer, después de presentar el proyecto de Ley de Ingresos, proclamó su interés en debatir asuntos políticos (cuando aun no abría sus cartas) con el aun gobernador del estado de México. Enrique Peña miró para otra parte.
Hoy, entre panistas, Santiago Creel le sugiere a Josefina Vásquez Mota (quien ya lo imitó en la licencia legislativa) tres sesiones de intercambio de ideas y contraste de puntos de vista y ante tal invitación Ernesto Cordero podría levantar desde ahora la cabeza para decir, yo voy, pero las cosas ya no son así.
Peña podría debatir para la selección dentro de su partido y los señores Creel, Cordero y Doña Josefina, cruzarán sus lanzas para ver quién se queda con la capa azul. Así pues Cordero se equivocó de contendiente. Hoy lo acuciarán otras tareas, sobre todo las internas.
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Llega un bromista a un cine y a media función grita:
¡Fuego, fuego!
El pánico se enciende como las imaginarias llamaradas. El público huye entre butacas, atropella, congestiona las salidas; se produce un tropel, una estampida, varios niños mueren prensados entre los cuerpos.
La policía detiene al gritón. Lo condena y entonces salen las organizaciones de la demagogia civil y lo defienden en el nombre de la libertad de expresión.
Eso mismo ha sucedido en el caso de los “tuiteros” ociosos de Veracruz quienes con sus mensajes imbéciles causaron pánico y sobresalto en una sociedad ya perturbada por disturbios previos. Se les aplica la ley y los blandengues (quienes por otra parte piden terminar con la violencia) defienden a los sembradores del caos.
Es un ataque a la libertad de expresión, dicen como si la libertad sirviera para propalar estupideces y mentiras.
Ojalá y el gobierno de Veracruz no ceda al chantaje de estos demagogos y les aplique la ley (nada más la ley) a María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez. Y cuando estén en la cárcel les pongan manoplas de beisbol para impedirles la operación de sus Blackberries.
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Esto no es una broma: El CISEN queda en manos de Alejandro Poiré. Si ya bajo la administración de Guillermo Valdez quedó convertido en una entidad decorativa; ahora las cosas serán de caricatura.
