Caen las hojas en el calendario y termina ya el primer mes de la temporada electoral del 2012 y en plenas fiestas del mundo más allá, los muertos o quienes no lo estaban o no se resisten a tan rígida condición, salen de las fosas y tiran el hueserío de sus dados cargados o sin carga alguna y quieren incidir en el juego en espera de la resurrección o al menos a no pasar desapercibidos.
Aparecen los fantasmas y también los políticos de inextinguible resistencia y cuentan todas sus verdades en los libros de estación, pues ya se conoce de la proliferación editorial extraña en un país donde nadie lee, pero cuyos estantes se atiborran cuando los nostálgicos alzan el dedo y le recuerdan al mundo dónde están y cuáles son ahora su quehacer y su importancia. Por lo general autobiográficamente exagerada.
Sin remordimientos en la conciencia quieren hacer presencia y de paso ganarse alguna pequeña gratitud, no vaya a ser y los pronósticos se cumplan y regresen los colores nacionales a la casa del poder.
Quizá por eso Carlos Salinas de Gortari aparece en el horizonte con su recurso de los últimos años y el índice en llamas contra Ernesto Zedillo a quien de seguro le siguen importando poco esos señalamientos, pero cuya vigilia ya se ocupa de otras acusaciones de mayor gravedad, como las contenidas en el informe de la Fiscalía Especializada para la Investigación de los Delitos en Chiapas, paralelo a la demanda en su contra presentada ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la cual como se sabe está a punto de convertirse (para peligro nacional) en un gobierno paralelo de los mexicanos.
Sólo como un paréntesis veamos la forma como cada quejoso, ante la sordera o el fracaso de sus gestiones en México se marcha a Washington, como si aquel no fuera territorio enemigo y les entrega vida y milagros de las fallidas instituciones nacionales ya sea para denunciar la violencia imperante (Javier Sicilia); reclamar sus derechos políticos (Jorge Castañeda) o soltar a un asesino sentenciado (Alfonso Martín de Campo Dodd).
Pero de vuelta a nuestro inicio. Muy extraña la coincidencia.
Carlos Salinas aparece cuando Ernesto Zedillo y Emilio Chuayffet su secretario de Gobernación entonces y poco lucido presiente de la mesa de los diputados hoy, son señalados como responsables por “omisión” en la matanza de Acteal.
Ellos se rehúsan a admitir tales culpas.
–No vienen con el cargo los dones de la clarividencia, el augurio; la adivinación o la magia, piensan.
Pero sus acusadores no hacen sino poner las cosas en el terreno de las realidades visibles y las previsiones inherentes al ejercicio del poder. No se necesitaba en aquellos días ser un Mandrake para saber cómo podían resultar las cosas tras la siembre y cultivo de la violencia.
Pero mientras en México se agitan las aguas con el rumor de un oleaje submarino gracias entre otras cosas a la ya citada fiscalía cuyo primer fiscal hoy no puede atender esos asuntos pues como todos sabemos se halla en chirona; a la sombra, en el bote pues; como “Ladrillo”, el caso tiene antecedentes misteriosos en Estados Unidos –o al menos poco claros– donde un despacho de abogados cuyo secreto profesional protege a los demandantes con el sobado recurso de invocar riesgos y represalias en su contra insiste en el asesinato masivo como fruto de una política sabida desde el Estado.
Ante esto los representantes formales y, digámoslo así, tradicionales y “autorizados” de las víctimas, adheridos y representados todos ellos por el centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; “se deslindaron de la denuncia en contra de Ernesto Zedillo, y negaron que hayan contratado un despacho de abogados en Estados Unidos para litigar contra el ex presidente”.
“Consideraron que la información difundida tiene como objetivo “manipular” la memoria de las 47 personas, la mayoría mujeres, niños y ancianos, que murieron emboscados el 22 de diciembre de 1997, en Acteal, municipio de Chenalhó, “con fines político-electorales”.
Sin embargo la fiscalía chiapaneca no necesita los misterios del Río Potomac para expresar sus puntos de vista. Le bastan las aguas del Usumacinta.
La Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal presentó un informe en el cual Ernesto Zedillo sería penalmente responsable de la matanza de 45 indígenas tzotziles en esa comunidad el 22 de diciembre de 1997.
“El documento –dice “El Universal”–, es base de la demanda que presentaron en septiembre pasado, en Estados Unidos, abogados de los familiares de 10 de las víctimas en contra de Zedillo, a quien reclaman por la vía civil la reparación del daño.
“A lo largo de 126 páginas, el informe argumenta que el ex mandatario y su entonces secretario particular, Liébano Sáenz Ortiz, así como el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, son penalmente responsables de los homicidios por omisión impropia conspirativa, pues tuvieron información para impedir la matanza desde un año antes y no lo hicieron”.
La citada fiscalía tiene una historia peculiar. Fue creada por Juan Sabines en diciembre de hace cinco años. Y de esta manera se daba a conocer su alumbramiento:
“ El gobernador del Estado, Juan Sabines Guerrero anunció la creación de una Fiscalía Especial para el caso Acteal, luego de instruir al fiscal General del Estado, Mariano Herrán Salvatti, a actuar en apego a la legalidad para investigar la verdad de los homicidios ocurridos el pasado 22 de diciembre de 1997, los cuales –dijo- “lastimaron la conciencia de Chiapas y de México, y no quedaran impunes”.
“El mandatario chiapaneco, dejó en claro que “no es una venganza sino se trata de hacer justicia. Nos corresponde a todos y, en primer lugar a las autoridades, realizar los esfuerzos necesarios para que la ley sea aplicada en contra de quienes mataron y lastimaron a mujeres y hombres indefensos”.
Como se sabe la matanza de Acteal nunca ha sido aclarada de manera satisfactoria. Jamás se tocó a ningún funcionario de alta responsabilidad y aun cuando el secretario de Gobernación fue removido de su cargo en medio de una danza de ex gobernadores a cual más omiso, nadie intentó siquiera desenredar la madeja en cuyos cabos se mezclaban problemas religioso, de manipulación y de militarización caciquil en el entorno del alzamiento zapatista.
La Procuraduría General de la República (en aquel tiempo en manos de Jorge Madrazo) dio a conocer un “Libro blanco” cuyas páginas bien podrían haber estadio vacías. Todo se redujo a un conflicto de límites y pendencias de propiedad de un banco de arena y fricciones entre evangélicos y católicos incapaces de solucionar sus problemas ínter- étnicos e inter comunitarios. Como hubiera dicho el encomendero: estos pinches indios no conocen la civilización.
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Líneas arriba dije de la CIDH: es un gobierno paralelo o está a punto de convertirse en tal.
Pues bien, el pasado 24 de octubre en Washington, la Suprema Corte de Justicia firmó un acuerdo de cooperación con esa dependencia de la Organización de Estados Americanos (“para trabajar en un mayor acceso a la justicia para quienes la requieren”, dijeron) y es también un reconocimiento del valor que tiene la coordinación y comunicación entre quienes persiguen un mismo objetivo”.
“Estoy convencida –dijo Dinah Shelton, la presidenta–, que este es solo el inicio de una gran colaboración y me honra inmensamente poder ser parte de este momento.”.
Un paso más en favor de la soberanía disuelta.
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Por lo pronto vale la pena tener a la mano el pliego de acusaciones y exigencias, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad presentado a la ya dicha comisión por Emilio Álvarez Icaza en Washington, el cual entre otras cosas plantea con tono perentorio:
“El Estado debería, de acuerdo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizar el derecho de todas las personas bajo su jurisdicción. Esto incluye prevenir que se cometan violaciones a los derechos humanos, e investigar y castigar a aquellos responsables de cometerlas.
“El Estado debería poner fin a la estrategia de guerra, y reemplazarla con una estrategia de seguridad ciudadana.
“Específicamente, el MPJD demanda al Estado mexicano:
“Responder de forma inmediata a los casos de desaparición forzada. Para lograr el desarrollo de la capacidad institucional para conseguirlo, deben ser tomadas las siguientes medidas:
“La creación de una Fiscalía Especializada para la Desaparición de Personas (ya se hizo una para las víctimas); el desarrollo de protocolos de investigación para el seguimiento a casos de desaparición forzada… El Procurador General de la República debe retomar los casos que no tienen avances en los sistemas de justicia de los estados y la Procuraduría debe ser autónoma e independiente.”
Sólo faltó pedir un vasito de nieve de limón.
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Dice Marcelo Ebrard, tengo todo para derrotar a Enrique Peña.
Eso puede ser cierto siempre y cuando Peña sea candidato y Marcelo deje en el camino a Don Andrés Manuel, cosa al parecer un poco complicada.
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Por cierto, para seguir con los asuntos chiapanecos: el pastor Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador de este estado, recibió el viernes pasado otro auto de formal prisión, en este caso por el indebido ejercicio de la función pública.
Los otros casos en su contra son por peculado negligencia en el caso de niños muertos en un hospital de Tuxtla Gutiérrrez.
