En uno de sus peores momentos, Vicente Fox quiso interpretar la libertad de expresión más allá de sus límites verdaderos. En este país hasta calumniar es legal, dijo, palabras más o palabras menos. Lo conveniente hubiera sido garantizar la libre y genuina expresión de las ideas y la crítica, y ponerle un cerco a los delitos derivados de su perversión, como la calumnia y la difamación.
Y esa misma actitud de ignorar y confundir –y por tanto suprimir– los límites entre lo legal y lo ilegal (omitiendo la ley) , con lo cual se hace de lado la esencia del Derecho, ha caído en las manos de la irreflexiva Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuya naturaleza ha quedado al descubierto con las modificaciones al Código Penal por las cuales el incendio, el motín , el ataque a la paz, el vandalismo, el amotinamiento, la asonada y todas las consecuencias de la violencia callejera han sido prácticamente legalizadas al disminuir ridículamente la penalidad de su comisión tumultuaria, nos acerca peligrosamente a la nulidad jurídica institucional.
A partir de las modificaciones de diciembre en esta ciudad se gobernará no por códigos sino por manifestación callejera. La exigencia de derogar el artículo 362 del Código Penal resulta condenable, no por benévola sino por incompleta: en estas condiciones mejor se hubiera derogado el código entero para luego entregar el gobierno a los anarquistas de uno y otro signos.
Entre otras cosas saldría más barato. La prueba está en la marcha posterior a la blandengue conducta de la asamblea: los #132 y similares, salieron a exigir la enchilada completa, como diría Jorge Castañeda; es decir, la derogación de todo el texto.
“Sin mayor discusión en tribuna y por mayoría de votos –nos dijo la información decembrina–, el pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó la modificación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, con lo que se redefine el delito de ataques a la paz pública y se reduce la sanción penal, al fijar de dos a siete años de prisión a quien incurra en este ilícito.
“Después de un receso de media hora, en el que se afinó con diputados de la oposición (PAN, PRI y PVEM) la redacción final de la reforma, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Antonio Padierna, presentó el dictamen, al resolverse considerar inviable la propuesta original de derogar el citado artículo”.
Y sí, Antonio Padierna es hermano de quien usted sabe y cuñado de quien sabe mejor. Lo demás se explica solo.
Pero si las modificaciones edulcorantes al Código Penal son preocupantes, lo es más el motivo por el cual se hicieron: darle gusto a los 14 detenidos por los actos vandálicos del primero de diciembre (liberados en la madrugada del viernes 28, en honor a su inocencia) delitos cometidos como también se sabe, por extraterrestres quienes una vez consumados sus desmanes, abordaron sus naves y se fueron con rumbo sideral desconocido, donde no los pudiera hallar ni Jaime Maussan.
En efecto, de acuerdo con estas versiones, los culpables nunca fueron hallados y los detenidos, a quienes se aprehendió por racimos y se soltó por comaladas, resultaron inocentes. Y si no lo fueron en los tribunales, sí en las calles llenas de manifestantes solidarios, quienes ya lograron su cometido: legalizar la violencia en la ciudad de México, siempre y cuando se cometa en el nombre de una bandera política.
Si todos los detenidos (los 14 finales) son inocentes, entonces no era necesario modificar la ley para soltarlos, bastaba con aplicarla como estaba, total, si no eran culpables, daba lo de menos la severidad de la pena. De cualquier forma no se les debía aplicar.
Pero la “política informal”; es decir, la callejera, la del grito, la pedrea y el motín, una vez más le gana la partida a la política “institucional”. La presión de la calle puede más.
Bien lo dijo “Pepe Grillo” en estas páginas:
“La mayoría de la izquierda en la Asamblea Legislativa del DF pretende que triunfe la impunidad. Busca que los actos vandálicos que se registraron en la ciudad el 1 de diciembre, y que todos vimos, queden sin castigo. Los legisladores se convierten, de hecho, en cómplices de los vándalos.
“ La Asamblea manda a la ciudadanía un mensaje funesto: nuestros simpatizantes tienen Patente de Corso. Los corsarios chilangos pueden hacer lo que se les pegue la gana, incluso intentar quemar vivos a los policías. La Asamblea está para reclasificar sus delitos como simples travesuras”.
