Después de tanto y tanto, tras revisar, rechazar y aprobar; volver a evaluar, calcular los riesgos polírocos y enfrentarlos con las conveniencias e inconvenientes electorales, los consejeros del IFE, al fin, parieron el montonal de dinero de las multas a quienes sobrepasaron los topes de las campañas en la reciente elección presidencial. Es decir los multaron a todos y fijaron cantidades millonarias de dinero como si jugaran al “Monopoly”, el turista o el póker con frijolitos.
Por lo pronto el dinero de las multas se obtendrá de las propias prerrogativas, lo cual viene a resultar lo junto con lo pegado. Lo del agua al agua, diría el ranchero. Si los partidos pagaran en lugar de sufrir descuentos, entonces sí la cosa sería verdaderamente punitiva, pero no se trata de eso.
Quizá como dijo el consejero Lorenzo Córdova, se ha manejado la tendencia de no hacer odiosa la fiscalización, como si todo esto se tratara de la siempre de los afectos. O a lo mejor si.
Esto dijo el ya dicho consejero:
“Bajo la premisa de no “volver odiosa a la fiscalización” se han venido fijando una serie de reglas y criterios condescendientes con los partidos políticos en la elaboración y presentación de sus informes de campaña y que beneficiaban la diversificación de las estrategias contables de los partidos.
“El caso más señalado es el que tiene que ver con la posibilidad hoy plasmada en el inciso b) del artículo 177 del Reglamento de Fiscalización, que les permite a los partidos determinar libremente cómo deben registrarse en la contabilidad de sus campañas la mitad de recursos que benefician a más de una de ellas. Es decir, de cada peso que beneficia a dos o más campañas, los partidos y coaliciones pueden decir, libremente, a qué campaña deben computarse 50 centavos.
“Es una mala norma, conocida, aceptada y utilizada por todos los partidos políticos y que ha estado vigente en los últimos 15 años. Digo mala porque vuelve irreales los topes de gasto y genera una “verdad contable” que no necesariamente coincide con lo que ha ocurrido realmente en las campañas.
“¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que el dictamen del IFE señale que una campaña ha rebasado los topes de gasto, eso no significa en realidad que ello haya ocurrido, sino que aquella consecuencia es, en gran medida, el resultado de las estrategias e ingenierías contables de los partidos políticos. Ello a pesar de que evidentemente, se trata de reglas, de las que todos los partidos se han venido beneficiando en un momento u otro de la historia de la fiscalización que no abonan en consolidar a los topes de campaña como elemento de equidad”.
Finalmente el principio de equidad, queda bajo este sistema como trepadera de mapache. Pero este asunto de las multas guarda relación con una idea sobre la cual nadie quiere discutir: ¿es justo recibir dinero público y además dinero privado y luego jugar a la bolsa, invertir en el mercado de los derivados electorales y cuando las cosas terminan pagar una multa y San se Acabó?
El primer paso para poner orden en los gastos de las campañas consistiría en limitar los ingresos de los partidos. Si se les va a dar dinero público, pues no se les permita entonces el dinero de fuera. Ni amigos de Fox, ni cosas por el estilo; sabidas y sospechadas.
Dicho de otro modo: cuando la actividad de los partidos deje de ser un negocio, se gane o se pierda; el juego se jugará de otra manera. Pero no ha nacido el guapo para enfrentarse a la partidocracia de la cual el IFE es caja grande, chica y tapadera; voluntaria o involuntariamente.
Por eso valen poco las quejas del consejero presidente, Leonardo Valdez quien señala la monstruosa cifra del dispendio electoral: casi treinta millones e pesos diarios. Si se limitan sus ingresos, por fuerza se limitan sus egresos. Deberíamos comenzar por el principio, no regodearnos, como siempre, en el final.
PERIODO
Comienza el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados y ante eso vale la pena reflexionar en algunas ideas de Manlio Fabio Beltrones cuyo defecto es precisamente ese: tener ideas en un mundo político ayuno de ellas.
Una vez transcurrida la jornada electoral, es necesario enfocarnos en el trabajo legislativo pendiente…. aprobar reformas constitucionales de impacto positivo en la calidad del sistema de justicia penal, la solidez de las finanzas públicas locales y la seguridad jurídica de la propiedad y la transparencia del gobierno… La trascendencia de este conjunto de reformas, además de la posible designación del consejero electoral del IFE, demostrará la disposición de los grupos parlamentarios a trabajar con urgencia y responsabilidad…
“La reforma del artículo 73 constitucional habrá de facultar al Congreso de la Unión a expedir un Código Procedimental Penal Único que se aplique bajo los mismos principios en todo el país, el cual servirá para dar coherencia a las normas procesales que rigen el sistema de impartición y procuración de justicia penales.
“Tanto la reforma en materia de endeudamiento de los estados y municipios como la que modifica los registros públicos inmobiliarios y de las personas morales, habrán de impulsar el crecimiento y el desarrollo económicos al regular los propósitos del endeudamiento público, reforzar su fiscalización y sancionar los abusos. Asimismo, la modernización y armonización de los registros públicos mencionados permitirá fortalecer las haciendas locales, otorgar certeza jurídica a los propietarios de inmuebles y a los empresarios, así como generar información indispensable para el ordenamiento territorial y las políticas de vivienda.
“La transformación del IFAI en un organismo constitucional autónomo garantizará el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales, fortalecerá los órganos de transparencia a nivel local y ampliará el universo de sujetos obligados a proveer información pública, sin caer en duplicidades ni afectar el equilibrio constitucional de poderes”
