La ALDF recibirá del Jefe de Gobierno la iniciativa para consolidar a los mercados públicos como los centros de distribución detallista para respaldar la economía familiar, mantener estas microempresas y blindarlos para evitar su desaparición, pues de ellos dependen miles de personas.

La Presidenta de la Comisión de Gobierno, Diputada Alejandra Barrales Magdaleno, adelanto que las reformas a la Ley de Mercados garantizará que cerca de estos tradicionales comercios no se establezcan tiendas de autoservicio, que “son la antesala de la desaparición de nuestros mercados populares”, no pretendemos prohibir su establecimiento, pero no frente a estos centros detallistas, para desalentar la competencia desleal.

La Ciudad de México, insistió, tiene espacio para todas las actividades comerciales, por eso la necesidad de fortalecer a los mercados populares. En la enmienda legal se contempla revisar la situación de las tiendas de conveniencia.

Esta decisión no será unilateral, menos impositiva, por ello esta semana, dijo Barrales Magdaleno, nos reuniremos con los representantes legales de las tiendas de autoservicio para darles toda la información precisa y sentar las bases de la certeza jurídica, para que no les genere ningún tropiezo, ninguna afectación, por el contrario buscar y abrir espacios para que todos desarrollen su actividad; eso sí, sin afectar a los mercados.

Precisó que en esta reforma están contempladas las tiendas de abarrotes, las populares, porque todas tienen una razón de ser y estar en donde el consumidor demanda sus bienes. Adelantó que la nueva Ley de Mercados del DF estará lista en es mes de abril, pues hay consenso de todos los partidos por defender y fortalecer los mercados tradicionales de la Ciudad de México.

Pérdida de la patria potestad a quien maltrate física y psicológicamente a un niño o un incapaz

Los padres, tutores o curadores que infrinjan violencia física o psicológica contra un menor de edad perderán la patria potestad, será la propuesta que ante el Pleno de la ALDF expondrá el Diputado Maximiliano Reyes Zúñiga para modificar el Articulo 132 del Código Penal del Distrito Federal.

“La violencia es un factor determinante, argumenta, en la deserción escolar, incluso lleva al suicidio del menor, por lo que es necesario reformar el Código para frenar los abusos contra los pequeños”.

El legislador perredista explicó que en la actualidad la ley establece y cita: “únicamente se decretará la pérdida de la patria potestad, por el tiempo igual al que el infractor (golpeador) haya sido condenado a prisión”, fin de la cita. Por lo que la modificación que se haría quedaría con el siguiente texto “cuando las lesiones se infieran con crueldad o frecuencia a un menor de edad o a un incapaz, sujetos a la patria potestad, tutela o custodia del agente (niño) la pena se incrementará con dos terceras partes de la sanción prevista. En ambos casos, al quedar comprobada la responsabilidad, el juez decretará de manera definitiva la pérdida de los derechos de tutela, custodia o patria potestad que tenga el agente en relación con el sujeto pasivo”.

Lamentó Maximiliano Reyes Zúñiga, que gran parte de la violencia física, sexual, psicológica, discriminatoria y de abandono que se da a los menos permanece oculta y en el peor de los escenarios, criticó, es aprobada socialmente; pero la reforma propuesta buscará terminar de raíz con esta mal sana actitud contra personas indefensas.

La Secretaría de Desarrollo Económico del GDF ha omitido informar a inversionistas las nuevas disposiciones para iniciar un negocio

Total desconcierto entre los micro y pequeños empresarios del DF ha provocado la desinformación o desinterés de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno local, a una semana de que entrar en operación el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles, pues los trámites y disposiciones de los emprendedores quedan frenados o en el peor de los casos ignorados.

El GPPAN en la ALDF en voz del Diputado Mauricio Tabe acusó a la Sedeco de omitir el primer artículo transitorio que le obliga a realizar una campaña informativa y coordinarse con las Cámaras y organismos afines, para evitar posibles clausuras o sanciones por falta de conocimiento de la nueva legislación.

Responsabilizó a esa dependencia de la aplicación, dolosa o incorrecta, de multas a cualquier establecimiento mercantil por la nula actuación de informar directa, masiva y ampliamente las reglas de operación de bares, restaurantes, micro y pequeños negocios familiares.

Tabe Echartea recordó que la apertura de cualquier negocio, desde los considerados “giros de impacto zonal” como bares, cantinas, antros y los pequeños establecimientos, denominados de impacto vecinal, estarán sujetos al nuevo Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles, con lo que la autoridad tendrá 5 días para determinar si entrega o no el permiso o licencia de funcionamiento.

Saquean el Módulo de Atención Ciudadana del Diputado panista Rafael Calderón Jiménez

Otra vez un Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas asignados a los 66 diputados de la ALDF fue saqueado y extraída información básica sobre gestiones y servicios a la comunidad, denunció ante el MP de la Delegación Tlalpan el legislador del PAN Rafael Calderón Jiménez.

Informó que su Módulo se ubica en Periférico Sur 4822, Col. Arenal de Guadalupe Tepepan, y que durante el fin de semana fueron forzadas las cerraduras y robado documentos, objetos de valor con los que el personal del mismo atiende a los ciudadanos del distrito en sus gestiones ante la autoridad.

El legislador panista dijo estar molesto porque “se llevaron equipo e información importante para cumplir el compromiso con la gente, para darle respuesta a sus necesidades. Me siento impotente, expresó, por una situación que vivimos los capitalinos y parece que todos los días aumenta sin que las autoridades intervengan”.

Calderón Jiménez alertó que por tratarse de instalaciones oficiales los hechos representan ataques en contra de órganos institucionales y democráticos como la Asamblea Legislativa, por lo que la autoridad judicial debe intervenir y aclarar antes de que se haga mal uso de la información hurtada.