Las brujas, la cacería y la prensa

Hace unos días, el 20 de agosto, con el análisis parcial de los informes de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, quienes, como se sabe, ocupan la vanguardia del buen comportamiento político en este país, se publicó en la revista Proceso, una nota según la cual esta columna y el trabajo de otros nueve periodistas gozan de beneficios “chayoteros” por parte del gobierno.

La mayoría de esos compañeros han sido mis amigos por décadas, como es el caso de José Cárdenas y Raymundo Riva Palacio, con quienes trabajo en radio y TV, y Joaquín López Dóriga a quien conozco desde los lejanos años setenta. Con los demás, guardo buena relación y con Federico Arreola no llevo trato alguno.

No pretendo defender a nadie ni hablar por los demás. Tampoco escudarme en prestigios ajenos.

La nota de Proceso dice entre otras cosas.

“…Éste (estudio) —elaborado por María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores— revela cómo en 2017, mediante el gasto en comunicación social del gobierno federal, 10 periodistas acapararon la mayoría de los recursos públicos en el segmento de la publicidad oficial en internet.

“En el informe (páginas 162 y 163), se señala que los más beneficiados en ese año, en orden descendente, fueron: José Cárdenas, Adela Micha, Rafael Cardona, Jorge Fernández Menéndez, Pablo Hiriart, Ricardo Alemán, Raymundo Riva Palacio, Óscar Mario Beteta, Federico Arreola y Joaquín López Dóriga”.

Atribuir un reparto de “la mayoría de los recursos públicos” y colocar los montos en un conjunto de 40 mil millones de pesos, ofrece una distorsión realmente ruin y con un indudable sesgo político. Pero acusar de sesgada la información publicada en Proceso, desde hace años, es incurrir en una tautología de la cual no pretendo ocuparme ahora.

Sin embargo, la peor parte del asunto está en el tendencioso encabezado; los tratos comerciales se confunden con “chayotes” (“El top ten”), lo cual es perverso, pues el chayote” (“embute”, “sobre”, “lista” o como se le quiera llamar), es el dinero oculto, no la publicidad mercantil, debidamente contratada, con inscripción en padrones de proveedores gubernamentales, pago de fianzas e impecable (al menos en este caso), conducta fiscal. Todos los medios reciben publicidad oficial de acuerdo con las normas actuales. Y cuando no la tienen, la litigan en el foro de la libertad de expresión, como se ha visto recientemente.

Aunque lo saben de sobra, les recuerdo a los de Proceso: los embutes, como el dinero sucio de las campañas políticas, por ejemplo, ni dejan huella ni pagan impuestos. Pero hay algo más.

La actitud editorial de Proceso se podría haber considerado hasta hace algunos meses, un simple devaneo con la pureza siempre invocada por ese semanario, el cual no ha tenido empacho en llevar hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sus quejas por haber sido marginado del reparto de dinero público, ese mismo por el cual hoy ponen un grito en el cielo, porque no les ha tocado a ellos en la proporción exigida, pero ahora, en las actuales condiciones políticas y la ambigua conducta de Julio Scherer Ibarra, simultáneamente heredero de la empresa de su padre (o de la parte correspondiente de don Julio en esa propiedad accionaria) y consejero jurídico del Presidente Electo de esta República, cambia las cosas.

Sugiere una intención política desde el poder contra los críticos. O al menos contra los no afines. Y ésa ya es otra canción.

Pero además, cuando se ha extendido la costumbre de culpabilizar a los periodistas victimados en un país con cientos de periodistas perseguidos, amenazados o muertos, la inferencia de inmoralidad o venalidad propalada desde la cercanía del poder, no hace sino suavizar cualquier accidente en contra de cualquiera de nosotros.

¡Ah!, ¿lo agredieron, lo mataron, lo corrieron?; se lo merecía por “chayotero”, dirán las voces correctas si algo de esto llega a ocurrir, como sucede cuando muere un periodista y muchos dicen: “debe haber andado con los narcos”. Es, a fin de cuentas, una estigmatización y un señalamiento peligroso.

De esa manera ni se investigan los hechos ni se castiga a los culpables. Y son varias decenas de casos iguales.

Esta columna no pretende victimizarse. Mis textos están ahí y respondo por cada una de mis palabras. Nadie me puede acusar de una ilegalidad en 50 años de ejercicio profesional.

Estoy acostumbrado al tribunal del Santo Oficio de la calle de Fresas, desde cuando Scherer le dictó “Los periodistas “a Vicente Leñero y me puso como lazo de cochino por haber renunciado a su iglesia y a la jefatura de información de CISA, para ir a trabajar a la televisión.

Los arreglos comerciales entre “elcristalazo.com” y los anunciantes del gobierno, están a la vista y tan es de ese modo como para permitir el trabajo de los “investigadores” Casar y Ugalde, de cuyas historias personales no habré de ocuparme ahora, como tampoco lo haré con quien redactó la sesgada nota. No vale la pena.

Sólo dejo en claro algo: me doy por enterado de cómo vienen las cosas y de qué lado mascará ahora la iguana, mientras se logra la cuarta transformación nacional y se resuelve la Ley de Comunicación Social litigada ahora en la Suprema Corte de Justicia.

Mientras tanto y como lo he hecho en estas décadas, cantaré como Álvaro Carrillo “y de algún modo, seguiré mi viaje”.