Alguien en el gobierno federal está jugando con sustancias peligrosas y con arriesgadas posibilidades. Una vez más las razones de la política comprometen el desarrollo de soluciones jurídicas. Esto es, la ley se ajusta a la conveniencia, o dice ajustarse con el peligroso crecimiento de expectativas de certeza en movimientos sociales o circunstancias post-electorales.
Un ejemplo de esto son las llamadas telefónicas del Presidente a los gobernadores cuyos casos se encuentran en litigio. Felicitar a un ganador cuando su asunto se halla sujeto a la impugnación es descalificar de antemano a los impugnadores. Y una de dos, o el Ejecutivo sabe lo impropio de las quejas y conoce su desenlace, como le ocurrió a Vicente Fox en la disputa entre Buganza y Fidel en Veracruz, o simplemente desea zanjar por el camino del “reconocimiento” las diferencias políticas.
Eso pasó en Durango y en Hidalgo. No ha ocurrido la llamada a Xalapa, lo cual hace suponer una actitud en sentido contrario, pero ahora en el caso veracruzano. En un sentido estricto, los gobernadores no son tales sino hasta la confirmación de validez de sus constancias de mayoría y las declaratorias de validez del proceso. Cualquier otro reconocimiento tiene bases “diplomáticas”, pero no jurídicas.
En este sentido, en el de la validez jurídica ha habido otro caso muy notable en el cual los apresuramientos políticos, las revoleras sobre la mesa de negociación, los pares de banderillas de poder a poder, pueden echar abajo los arreglos sin sustento y generar conflictos sociales mayores tan graves (o más) como aquellos cuya diligencia quiso resolver.
Ese es el caso de los electricistas.
El secretario del Trabajo, Javier Lozano, creador del diseño jurídico y político de la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro y promotor del sistema de “esquirol” de ventanilla para extinguir también al sindicato mediante el expediente de los arreglos particulares de sus integrantes por medio de liquidaciones aparentemente gigantescas, pero lesivas al espíritu corporativo, raíz de todo sindicalismo, le niega (de hecho) toda validez jurídica a los arreglos políticos con el “sindicato”.
¿Cómo? Él mismo lo escribe así, con toda claridad:
“El sindicato tiene su registro en la STPS, pero ninguno de sus miembros cuenta con la toma de nota para fungir como representante legal del sindicato. Por ende, no pueden celebrar actos jurídicos ni actuar en tribunales; no tienen acceso a las chequeras y cuentas bancarias donde están depositados sus recursos, no pueden vender, arrendar, ni dar en comodato sus bienes inmuebles. Es lo más cercano a “la nada jurídica”.
“Es por ello que, naturalmente, el SME busca regularizar, cuanto antes, su situación jurídica interna. Así, como parte del diálogo que ha iniciado en la Secretaría de Gobernación con integrantes del SME, éstos han manifestado la urgente necesidad de restablecer el orden interno de su organización y contar con la representación legal necesaria para los fines propios del sindicato…”.
En este caso es notable el contrasentido del gobierno. Si los dirigentes de un sindicato cuya vida está en agitación constante desde las elecciones (inducidas por la propia autoridad laboral para acabar con un líder incómodo) carecen de toda validez jurídica (la nada, le llama JLA), ¿cómo entonces el gobierno federal se sienta con ellos, llega a arreglos, los divulga, los presenta como fruto bendito de la “nueva” Gobernación y les promete iniciar el proceso de toma de nota? (Lo cual no es igual a ofrecer la dicha toma).
Lo mismo le podría haber ofrecido la parte antagónica a Martín Esparza. Pero al parlamentar con ellos no sólo los reconoce como representativos, sino como legítimos.
Esto puede suceder solamente por dos razones: por perversidad o por estupidez. Y yo no creo en el segundo caso.
El levantamiento de la huelga de hambre de los sindicalistas ha sido otra jugarreta jocosa, por no decir preocupante.
Por semanas el gobierno y sus medios afines se dedicaron a descalificar la validez del ayuno. Primero con el argumento de la crueldad del líder cuya sevicia ponía en peligro de muerte a sus compañeros. Hubo alguno capaz de decirle a Blake en primera plana, por joder a Esparza, cuál era la forma de cumplir con su encargo: salvar la vida del moribundo.
Cuando se supo de la buena salud de los ayunantes, entonces se les llamó mentirosos y farsantes por no haberles dado el gusto de morirse, como si una huelga de hambre significara forzosamente un suicidio palatino y no un ayuno de presión y rebeldía.
Pero Lozano ya dijo: no se les va a dar la toma de nota. Así de claro.
“La solicitud y documentación correspondiente fue presentada ante la STPS el pasado jueves 22 de julio. Con absoluta disposición y buena fe se hará la revisión y cotejo reglamentarios. Sólo si dentro del plazo de 60 días naturales que nos confiere la ley se logran armonizar las decisiones internas con lo que prevé la propia ley y los estatutos del sindicato, así como con los resolutivos del laudo de la Junta que anuló la elección pasada, tendrán su toma de nota y contarán, a partir de ese momento, con representación legal plena”.
Como dicen los rancheros, si se van a atener a la Junta (manejada sin recato por Lozano) y a las autoridades cuya negativa ya ocurrió, están hundidos.
Tejones, porque no hay conejos, les dirá Lozano. Y empezará la violencia ante el engaño.
