Desde España, con tono aparentemente contrito, el politólogo panista Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, frustrado aspirante a la Secretaría de Gobernación y ex director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha jurado sobre sus sagradas escrituras la legalidad de todos sus actos, sobre todo los relacionados con la subrogación de las guarderías del IMSS.
“Todo fue legal, para todo teníamos capacidad y personalidad jurídica”, ha dicho en la proclama de su buen comportamiento.
Sin embargo la Suprema Corte de Justicia opina lo contrario. Bien si los ministros judiciales opinan así, pero muy graves los siguientes pasos del “alto tribunal”, el cual ensucia todo el proceso posterior a la dura investigación recientemente divulgada.
No importa si la primera fase ha sido profesionalmente concluida. De acuerdo con el análisis jurídico del mayor nivel, el IMSS no tiene fundamento legal para otorgar a terceros el servicio de guarderías; se carece de evidencia de inspecciones a la bodega-guardería incendiada en Sonora y se advierte en todas las demás un desorden generalizado en materia de contratos, operación y vigilancia.
Sin embargo, la Corte ha enturbiado desde ahora el dictamen futuro: se lo ha pedido a un ex funcionario del Consejo Técnico del propio Seguro Social, el magistrado Fernando Franco, quien ha disimulado en su currículum su antigua condición de integrante del Consejo Técnico del Seguro, durante las administraciones de Levy y Flores, en su calidad de subsecretario del Trabajo.
Pero los inconvenientes no terminan ahí. Otro ministro, Sergio Valls Hernández, fue director jurídico del instituto y deberá conocer un dictamen elaborado bajo el señalamiento previo de la insolvencia jurídica de los contratos autorizados por él mismo.
En estas condiciones, con magistrados envueltos en la dudosa circunstancia de ser jueces y partes, la Suprema Corte no parece estar orientada a un trabajo confiable.
¿No era posible designar a otro magistrado en el lugar de Franco para hacer el dictamen y despojarlo desde ahora de suspicacias por encubrimiento o disimulo? Son los misterios de la toga.
ACADEMIA
La habitual tranquilidad de los académicos de la lengua se ha visto sacudida en los días recientes.
Primero, el sismo en Chile donde se iba a realizar el Congreso de Valparaíso, la quinta gran cumbre del idioma (el primero fue en 1997 en Zacatecas, México) cuya realización fue parcialmente posible a través de la “web” y dejó “tirado” en Santiago a José Moreno de Alba, su presidente, y al escritor Juan Villoro, entre otros, a quienes iba a rescatar un avión mexicano cuyo aterrizaje aún están esperando.
Después la muerte de Carlos Montemayor, uno de sus más distinguidos integrantes. Y tras esa desventura, el deceso de Enoch Cancino Casahonda, el poeta chiapaneco integrante de esa academia desde 1974. Enoch Cancino fue, como todos sabemos, miembro del grupo cultural conocido como Ateneo Chiapaneco, al lado de Jaime Sabines y Rosario Castellanos. El autor del “Canto a Chiapas” fue además secretario de Gobierno con Juan Sabines Gutiérrez (padre del actual gobernador) y alcalde de Tuxtla Gutiérrez.
Sobre la muerte, escribió: “Es curioso lo que pasa/con los muertos ilustres, /debe pasar un tiempo razonable/para que se olviden las pasiones, /se aletarguen las prisas /y los méritos puedan sacarse a la luz/con serenidad y elegancia”.
NAVA
En su encendida rabieta por la suspensión de su licencia para ir a coordinar las campañas, el diputado César Nava habló en tono acre de los temores, enojos y revanchas del PRI por la inminente eficacia de las alianzas con la izquierda. Y quizá tenga razón.
Sin embargo, debió haber explicado también cómo esa furia tricolor proviene del incumplimiento a la palabra empeñada por su patriarcal ex integrante Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, y echada de lado olímpicamente por quien ahora pide espacio para dejar colgados a sus representados en el Congreso.
RENUNCIAS
Muy grande debe ser la gaveta donde el presidente Felipe Calderón guarda las renuncias no atendidas. Si se les hace caso a los “enterados”, ahí se alojan las cartas de abandono del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, y el de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
No obstante, como parte de su trabajo de apaciguamiento, labor bastante ingrata por otra parte, el Presidente extingue los “infiernitos” y cierra las aparentes grietas de su gabinete con insistentes confirmaciones sobre la vigencia de sus colaboradores.
En la última semana de febrero insistió en la salud política de su secretario de Gobernación, a quien el mundo se le ha venido abajo a pesar de todo el respaldo (quién sabe por cuánto tiempo) de su jefe, y ahora insiste en la capacidad y dedicación de Rodolfo Elizondo, quien se ha visto forzado a declarar su alejamiento de la hamaca, mientras en el sector turístico son demasiados quienes lo ven distante y abúlico excepto en la promoción del negociazo depredador de rellenar de arena las playas de Cancún.
Mucha vitamina (quién sabe por cuánto tiempo) para un funcionario cuya secretaría iba a ser desaparecida seguramente por mal atendida y costosa.
