“La Supervía Poniente Sur, carece utilidad pública, sólo beneficiará a un particular, por lo que las expropiaciones para su construcción son ilegales”, denunciaron los diputados panistas Fernando Rodríguez Doval y Rafael Medina Pederzini quienes condenaron el autoritarismo con que actúa el GDF a favor de intereses privados.
Al insistir que la inversión destinada a esta mega obra no tiene justificación, por lo caro, retaron al Secretario de Obras y Servicios del DF, Fernando Aboitiz Saro a realizar un recorrido por la Carretera Durango-Mazatlán para demostrarle que es posible lograr obras de gran trascendencia a un menor costo, sobre todo cuando se utiliza el procedimiento de licitación, que además es transparente, y no el de adjudicación directa como fue el caso de la Supervía.
Fueron contundentes los diputados azules al sostener que “el GDF se dice de izquierda pero expropia propiedades a familias de bajos recursos para entregarlas a un negocio privado; en consecuencia existe incongruencia de este gobierno, que levanta muchas suspicacias”.
Rodríguez y Pederzini explicaron que ya se dio respaldo legal a un vecino afectado por la expropiación de su propiedad, fue al señor Jorge Zacarías Gómez, quien el 10 de mayo obtuvo la suspensión definitiva de la obra, frente a su domicilio, otorgada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, y fue ratificada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el expediente 543/210.
Finalmente calificaron de inadecuada y prepotente la declaración oficial en el sentido de que “la vía va porque va” pues violenta los Planes de Desarrollo Urbano, el medio ambiente, a los habitantes de la zona y a la legalidad, dijeron.
