Le había yo anticipado en una entrega anterior el asunto relacionado con el cese de Gregorio Ortega en el Poder Judicial. Hoy le entrego los datos completos de tan extraña actitud en el Consejo de la Judicatura Federal, al cual llamaremos, para seguir con el tono literario de las novelas políticas (tan temidas), el Palacio de la Justicia.
La historia comienza el 29 de enero cuando Gregorio Ortega se entera —cuando la molestia en su contra ya era un secreto a voces en el siempre bien informado Radio Pasillo—, de la inminente reestructuración (así se le llama siempre a los recortes de personal) de la Dirección General de Comunicación Social.
“¿Más o menos a cuántos afectará la reestructuración?”, le pregunta el hoy cesado a su jefe Guillermo López Figueroa.
“Como a uno. A ti”.
“Le respondí —cuenta Ortega— que eso no era reestructuración, sino cese. Le solicité que me permitiera renunciar con fecha posdatada, al 29 de abril siguiente, con el propósito de disponer de los tres meses que legalmente corresponden a todo empleado federal que desea tramitar su pensión o jubilación. Me aseguró en ese momento que él vería que se me concediera esa prestación, pero que le firmara la renuncia. Consciente de que con toda seguridad no cumpliría, se la firmé”.
Después vinieron las otras estaciones del vía crucis. El director de Nómina del Consejo de la Judicatura, Héctor Rodríguez Herrera, le exigió por escrito la devolución de una suma indebidamente incluida en una quincena incompleta, pues el cese mutiló dos días de percepciones.
“Mucho he de agradecerle que en un término no mayor de ocho días naturales contados a partir de la fecha en que reciba este oficio cubra el adeudo respectivo por cualquiera de las siguientes vías…”.
Ignoro por cuál vía hizo Ortega el reembolso, pero yo habría utilizado una conocida por los legisladores como “no idónea”. Sin embargo, él pagó casi dos mil pesotes.
“Durante seis años y ocho meses —comenta Ortega— serví con puntualidad, profesionalismo y lealtad al Consejo de la Judicatura Federal, en el cargo de subdirector de Información de la Dirección General de Comunicación Social… el licenciado López Figueroa y yo sostuvimos una amplia conversación de casi cinco horas, durante la cual se negó a explicarme las razones de mi cese, se negó a intervenir para que me dieran los tres meses a él solicitados, cuando era facultad exclusiva de él concedérmelos, y tampoco quiso decirme por instrucciones de cuál de sus superiores me corría. Conociéndole bien, de inmediato supe que estaba protegiendo la identidad del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Pero, ¿cuál es al asunto en esa novela cuyo contenido pudo molestar a los poderosos?
Esta es una síntesis muy lacónica, pero muy ilustrativa de “Crimen de Estado”
“En medio de la debacle económica heredada por José López Portillo, con un país en total bancarrota, México debe cumplir puntualmente el pago de intereses de la deuda externa y enfrentar la exigencia de Ronald Reagan de entregarle a los Estados Unidos la Península de Baja California.
“El presidente electo de México pacta con los narcos para aliviar la economía con dinero negro, pagar y salvar la península a cambio de facilidades a los cultivos domésticos de mariguana y el libre tránsito de la cocaína colombiana por México. Los dólares se lavarán facilitando la apertura y operación de casas de cambio, cosa imposible a través de la banca nacionalizada.
“Los encargados de entrevistarse con Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Álvarez son: Justo Patrón, Emilio Romero y Jesús Aguilar Guajardo, de la Dirección Federal de Seguridad; los emisarios del presidente electo piden respeto a la condición mexicana de territorio de paso en cuanto a la droga colombiana. El gobierno de Estados Unidos aparenta estar de acuerdo, pero más tarde presiona y exhibe al gobierno mexicano (John Gavin y el caso Camarena)”.
“Dos años después, con afán protagónico, el director de la policía política, José Antonio Zorilla Pérez, en una comida le revela a su amigo, el periodista Manuel Buendía, los pormenores del pacto, pues la Dirección Federal de Seguridad (DFS) es la encargada, como resultado de ese acuerdo con los capos, de custodiar y proteger el trasiego de drogas hacia la frontera de Estados Unidos. El columnista se sorprende y no concibe cómo el Estado mexicano cede una parte de su poder al crimen organizado. Investiga más y publica un adelanto. Un agente de la Federal de Seguridad lo asesina y luego es asesinado él mismo.
“…las cosas se descomponen en el siguiente gobierno, los cárteles colombianos empiezan a pagar en especie, con parte de los cargamentos, y esa droga inunda al país. El fenómeno se sale de control y ya nadie es capaz de frenarlo. El verdadero crimen de Estado es la crisis de seguridad en México”.
Pero esa es una novela. Y las novelas pueden a veces no ser ciertas. Pero en este caso Ortega se quedó sin empleo.
